Entre 1979-2017 Ecuador
ha vivido la etapa más larga de regímenes constitucionales, un proceso que
contrasta con el pasado, cuando el país tuvo una historia similar al conjunto
de América Latina, con oleadas de constitucionalismo, dictaduras, caudillos o
revoluciones.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / Firmas
Selectas de Prensa Latina
La Revolución Ciudadana
bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) no sólo forma parte de esta
singular etapa, sino que surgió bajo una serie de contextos.
Después de las décadas
“desarrollistas” de 1960 y 1970 y tras las dictaduras petroleras de esta
última, el retorno a la democracia institucional parecía fortalecer una
tendencia progresista; pero la crisis de la deuda externa desde 1981/82,
seguida del progresivo e indetenible avance del modelo empresarial/neoliberal
de economía, liquidaron el ascenso social.
Además, los partidos y
la clase política del momento pasaron a controlar las funciones del Estado en
beneficio propio. Esa combinación entre economía y política aceleró la
desinstitucionalización del Estado, pero sobre todo deterioró sistemáticamente
las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población nacional
porque se consolidó un sistema que, en plena época de globalización
transnacional y derrumbe del socialismo, dio el triunfo al capital,
beneficiando en Ecuador a una elite que concentró la riqueza y el poder como en
ninguna otra época.
Finalmente se perdió
todo sentido de latinoamericanismo, soberanía y hasta decoro y dignidad
nacionales, por la subordinación al FMI, a los intereses imperialistas y a los
principios del mercado libre con empresa privada absoluta.
Fue la reacción contra
esas condiciones la que condujo al cambio: el triunfo presidencial de Rafael
Correa apoyado por el sector progresista, democrático y de toda la izquierda
nacional, la Asamblea Constituyente, la Constitución de 2008 y el nuevo poder
ciudadano en el control del Estado, incluso bajo condiciones prometedoras, por
los altos precios de los bienes de exportación y sobre todo del petróleo, del
cual dependía la economía del país.
Superar las herencias
resultó una obra titánica, porque comenzaron a ser afectados, no solo los
antiguos sectores del poder sino tradicionales grupos políticos y movimientos
sociales, acostumbrados a sus propias prebendas.
Con el avance de la
Revolución Ciudadana, el modelo empresarial/neoliberal fue rápidamente superado
por una economía social CON mercado (término operativo para caracterizar un
“modelo” que también se diferencia de la economía social DE mercado europea),
cuyos rasgos han servido para que se le bautice erróneamente como
neodesarrollismo, neoestructuralismo, neokeynesianismo y hasta postcapitalismo.
Ha sido
fundamental el fortalecimiento de las
capacidades estatales, la acción regulatoria del Estado, la consolidación del
régimen redistributivo de los impuestos y las inversiones en obras públicas que
durante una década transformaron las infraestructuras del país en forma
inédita, así como también potenciaron, como nunca antes, los servicios públicos
en varias áreas: educación, salud, atención médica, seguridad social y
vivienda.
También
fue superado el antiguo Estado-de-partidos, con la nueva
constitucionalidad basada en el poder ciudadano (otro término por el momento
operativo), el presidencialismo fortalecido, la nueva institucionalidad entre
las funciones del Estado, y el apoyo del sector progresista y democrático de la
sociedad en 14 procesos electorales, que refleja una multiplicidad clasista,
sobre cuya base se recuperaron los principios de soberanía, orgullo y dignidad
nacionales.
La
incomprensión de estos cambios en el régimen político también ha conducido a
que se revivan viejos conceptos sociológicos para caracterizar al gobierno del
“correísmo”, desde perspectivas subjetivas y meramente conceptuales, como
populista, caudillista, paternalista, hiperpresidencialista, etc., y hasta
autoritario.
De todos
modos, el proceso de la Revolución Ciudadana debe ser observado como una
sucesión de distintos momentos, porque entre 2007-2008 se ubicó la reforma
constitucional; entre 2009-2013 la estabilización de los objetivos y reformas;
entre 2013-2014 la institucionalización hegemónica de Alianza País; pero entre
2015-2016 la recesión económica, que solo desde 2017 empieza a girar por los
índices de recuperación existentes.
Por
consiguiente, en la perspectiva de amplio plazo la Revolución Ciudadana
inauguró un nuevo ciclo en la historia política del Ecuador, que se inscribió
en el marco de los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda en
América Latina, región con la que el presidente Correa mantuvo una identidad
permanente.
Las
transformaciones económicas y sociales han sido resaltadas por informes y
estudios de la Cepal, el Pnud, el BM y hasta el FMI, que observaron la
disminución de la pobreza, el progreso en la equidad y redistribución de la
riqueza, así como la atención en los servicios estatales; la obra de gobierno
fue reconocida en foros académicos y políticos internacionales; el liderazgo de
Rafael Correa igualmente exaltado por las universidades que le otorgaron 15
doctorados Honoris Causa.
Como ha
ocurrido con otros gobiernos latinoamericanos guiados por orientaciones de
nueva izquierda, el gobierno de la Revolución Ciudadana despertó poderosas
fuerzas de oposición: el imperialismo, las élites económico-empresariales, el
partidismo y el movimientismo tradicionales, los medios de comunicación
mercantiles, y hasta un sector de la izquierda que en la segunda vuelta
electoral de 2017, incluso, llamó a votar por un candidato de la banca o creó
los conceptos fundamentales (allí estuvieron los marxistas
pro-bancarios) para combatir al “correísmo”.
Desde
luego, quedaron una serie de políticas por atender: los triunfos electorales no
promovieron una democracia más participativa y directa; ha sido insuficiente el
apoyo al sector de economía social y solidaria; no se cumplió con la reforma
agraria aspirada por el campesinado; fueron conflictivas las relaciones con las
dirigencias de los trabajadores, indígenas y otros sectores sociales; también
quedaron problemas de burocratismo y excesiva centralización; en los dos
últimos años se flexibilizaron ciertos derechos laborales y se giró a
decisiones demasiado favorables al sector privado; se estabilizó un
“capitalismo social”.
Por sobre
los límites, en una década Ecuador se transformó. Y el triunfo del presidente
Lenín Moreno, con hegemonía política de Alianza País, evitó el retorno de los
intereses de la ultraderecha económica y política.
Con el
presidente Moreno, Ecuador ha comenzado una nueva fase en el proceso de la
Revolución Ciudadana, bajo la expectativa de América Latina y las esperanzas
nacionales que confían en la continuidad a favor de la consolidación y
profundización de los logros de una década indudablemente ganada para la
historia nacional.
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