El
poder en Venezuela nace no del fusil, de la banca financiera o de los
tentáculos de una desquiciada red empresarial ávidas de petróleo y demás
recursos energéticos. El poder venezolano nace de la voluntad del pueblo el
cual descansa, democráticamente, en el poder emanado de las organizaciones
sociales, políticas y de su
Constitución.
José Toledo Alcalde / Para Con Nuestra América
Desde Estados Unidos
En un mundo multilateral, en materia de
derecho internacional, el respeto a los derechos o su violación pueden ser
monitoreados o inspeccionados por organismos internacionales pertinentes y
todos estos respaldados por históricos tratados multilaterales.[1] Los diferentes Estados están en la obligación
de cooperar con la supervisión internacional sobre el respeto al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Es de esta manera que el Estado venezolano se encuentra en la
obligación de respetar y garantizar los derechos de la población así como
demostrar la veracidad del compromiso asumido y de esto hemos sido testigos
durante todos los procesos electorales que han sido desarrollados por la
Republica Bolivariana de Venezuela.
¿No existe arbitraje internacional que pueda
confirmar si se respeta o no los diferentes principios del derecho
internacional de los derechos humanos en Venezuela?
Por lo manifestado a nivel internacional y
verificado por una amplia presencia de medios de información y especialistas
internacionales en materia de procesos electorales, el proceso de elección de
la Asamblea Constituyente venezolano el pasado domingo 30 de julio de 2017
reúne todos los requisitos en materia de derecho constitucional para ser
considerado un proceso electoral respetuoso de la jurisprudencia electoral
vigente en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
No es novedad, en la sui generis y larga
trayectoria electoral en Venezuela, reacciones conspiratorias las cuales hasta
el cansancio han sostenido todo tipo de acusaciones en contra del debido
proceso sostenido en 21 actos electorales. Organismos acreditados como
observadores de procesos electorales a escala mundial como la Fundación Carter han calificado el
sistema electoral venezolano como el mejor del mundo. A diferencia del sistema
estadounidense el cual fue calificado como el país con peor proceso
electoral existente y esto debido a la
“excesiva entrada de dinero”. Y, añadiríamos, también debido a la escuálida
estructura democrática de su sistema electoral. Imagínese, en las últimas
elecciones la candidata demócrata Hillary Clinton consiguió 2,8 millones por
delante del candidato republicano, y actual presidente, Donald Trump y aún así
perdió las elecciones (Total de votos: Clinton, 65.844.954 vs Trump 62.979.879)
¿Quién cuestionó el modelo del sistema
electoral estadounidense donde la decisión final del proceso es depositada en
un Colegio Electoral conformado por 538 electores, donde para ganar las
elecciones se necesitan 270 votos. Y, todo esto en una nación que cuenta con
más de 227 millones de personas con derecho a voto, de los cuales llega a votar
aproximadamente la tercera parte?
Este instrumento electoral, la votación
indirecta, impreciso, desproporcional, con grietas logísticas que llenan de
fisuras todo el proceso electoral de principio a fin, no es ni ha sido objetado
como atentado contra los principios democráticos y los principios del derecho
internacional referentes a la exigencia de transparencia de los procesos.
¿EEUU,
tiene alguna autoridad política y moral para adjudicarse la pretenciosa
posición de ser juez del mundo? Mas aún, ¿se encuentra en condiciones de
auditar al mejor proceso electoral existente en el planeta como es el de la
hermana Republica Bolivariana de Venezuela, así no fuese el mejor, qué derecho
se auto atribuye; manifest destiny?
El poder en
Venezuela nace no del fusil, de la banca financiera o de los tentáculos de una
desquiciada red empresarial ávidas de petróleo y demás recursos energéticos. El
poder venezolano nace de la voluntad del pueblo el cual descansa,
democráticamente, en el poder emanado de las organizaciones sociales, políticas y de su Constitución. Esto no quita
que enemigos/as del proceso revolucionario bolivariano se hayan enquistado en
el aparato estatal tratando de perpetuar la deformada visión del poder el cual
tiene como fundamento la lógica del enriquecimiento a costillas de las miserias
del pueblo. Eso existe y no hay proceso
político alguno que pueda escapar. Lo cual no quita luchar hasta el fin para
desenraizar la nefasta ideología del poder para unos y miseria para muchos como
la realidad estadounidense nos demuestra y, de seguro, muchos gobiernos de
perfil socialista de la región han hecho gala de imitar – en materia de
corrupción – al imperio del norte.
Ahora, podemos
preguntarnos, ¿De dónde nace el poder en los EEUU, dónde se crea y recrea,
dónde radica su fuente de emanación y el secreto de su perpetuidad? ¿Con que
moral se puede hablar de reconocer, o no, proceso electoral de Estado alguno
violando todo principio de derecho internacional a la no intervención y respeto
a la libre determinación de los pueblos? ¿Qué sentido tiene tanto rollo relacionado
al respeto al derecho internacional y derechos fundamentales si al final de
cuentas será violado por quien más poder tiene y será impuesto con rigor a
quien menos tiene?
La memoria nos
recuerda el fraude en Florida (2000) y Ohio (2004) por Mr. Bush y lo sostenido
por ciudadanas y ciudadano estadounidenses decentes como el Reverendo Jesse
Jackson quien manifestó sobre estos controversiales procesos electorales: “sugiere un patrón de fraude (...) ni sabemos
cuál es el voto real […] En Estados Unidos no hay derecho al voto garantizado
por la constitucional federal".
Todo lo contrario, el proceso electoral
venezolano está provisto de un eficaz sistema informático de participación
ciudadana directa, mientras que el proceso en los EEUU es famoso por su
precariedad y gran nivel de imprecisión desprovista de cualquier garantía constitucional. ¿Qué organización
internacional denuncia esta fisura democrática en el país “ejemplo” del
planeta?
El proceso electoral venezolano, mas allá de
la elección de la Asamblea Constituyente, esta protegido por una normativa
jurisprudencial impecable comparado con las frágiles legislaturas de países que
hoy se levantan como gendarmes de la democracia. Solo por señalar un caso
reciente de fragilidad institucional, ética y moral en cuanto a leyes de
partidos políticos es lo vivido en el Perú. El ex presidente y reo provisional
Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia son investigados por haber
recibido una suma aproximada de U$ 3 millones de dólares de la cuestionada
compañía brasilera Odebrecht y del gobierno venezolano con fines de
financiamiento de campaña. El dinero fue destinado a otros fines, prueba de
ellos los registros en las “Agendas de Nadine”. Recursos financieros que al
final terminaron en las cuentas personales de Humala, Heredia, familiares y
grupos cercanos a la pareja. Y, esto no es novedad. Tenemos 200 años de vida
republicana que se viene haciendo exactamente lo mismo.
En Venezuela el poder nace del pueblo y su
normatividad jurídica garantiza su impecabilidad. Ojo! Impecabilidad no quiere
decir necesariamente ausencia de manchas. Como ejemplo lo sostenido en la Ley de Partidos Políticos en cuanto a
las obligaciones de los mismos: No aceptar donaciones o subsidios de las entidades públicas, tengan o
no carácter autónomo; de las compañías extranjeras o con casa matriz en el
extranjero; de empresas concesionarias de obras públicas o de cualquier
servicio de bienes propiedad del estado; de Estados extranjeros y de
organizaciones políticas extranjeras; Llevar una documentación contable en la
que consten los ingresos y las inversiones de los recursos del partido.[2]
Esto en el Perú no existe. En el Perú lo que
existe, en materia Constitucional, es una mala copia de la normatividad mafiosa
norteamericana la cual avala recursos financieros vengan de donde vengan. Lo
importante es el lucro proveniente del negocio electoral y esta obsena practica
política y burda estafa ciudadana nunca ha merecido la censura de la OEA, ONU y
organismo internacional alguno. Que monumental contradicción. Como señaló
Eduardo Galeano, esto es el perfecto ejemplo de la historia de un mundo al
revés.
Se necesitan manifiestos de apoyo al camino
elegido por Venezuela. No se puede permitir que gobiernos de facto como el de Brasil en donde el presidente Michel Tamer
cuenta con la denuncia realizada por corrupción por la Procuraduría General de
la República (PGR), se abandere en esta descabellada aventura desestabilizadora
del gobierno democrático de Venezuela. Evidentemente, toda está mega impunidad
promovida, defendida y avalada por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski quien está cumpliendo al pie
de la letra lo dictado por Washington. Desde su discurso presidencial inaugural
posicionó al gobierno de Venezuela en la agenda de temas ajenos a las
necesidades de un pueblo que se hunde en medio de casi doscientos conflictos
sociales los cuales no ven solución al final del camino. Infringiendo, como los
demás gobiernos afines (13 de 32 integrantes de la OEA), todo principio de no intervención
y derecho a la autodeterminación de los pueblos, medida levantada contra
cualquier lastre heredado de la lógica colonialista que persisten en perpetuar.
Por
lo visto, se empodera en los últimos tiempos una superestructura de poder
corporativista la cual trasciende todo principios de soberanía, al igual que
una suerte de superestructura jurisprudencial la cual trasciende todo tipo de
normativa constitucional y leyes internacionales a favor de la defensa de la
soberanía de los pueblos. Por lo visto la presencia del mandatario
estadounidense D.Trump acentúa la senda de la lógica de la infalibilidad
dictatorial en donde todo manifiesto emitido – al así como una expresión ex
cátedra - contiene implícita e explícitamente
el significado de incuestionabilidad y verdad absoluta. Sin lugar a dudas
asistimos a los intentos de retorno a un mundo medioeval, inquisidor,
dogmatico, fundamentalista e imperial donde las luchas por el control
geopolítico en búsqueda de petróleo, oro, torio, agua y gas se convierte en el
evangelio de los gobiernos neocolonizadores. El retorno al paraíso perdido de
las castas señoriales, sangrientos paraísos adornados con dioses de pies de
barro y evangelios conspiratorios de toda expresión de equidad, paz, justicia y
bondad.
Lo
sucedido en Venezuela pone al relieve el desespero de los grupos de poder a
nivel global. El ensayo aplicado consiste en ejercer el control del poder por
medio del fusil y el Estado. No más usar solamente el fusil para apropiarse del
Estado sino desde el Estado y el fusil desplazar al pueblo como ente soberano
del poder aglutinándolo en la ficticia democracia representativa avalada por el
pequeño corpúsculo de aliados a Washington, la Comunidad Europea y
corporaciones financiero-empresariales nacionales y extranjeras. El mandatario
(de mandamás) peruano está a punto de convertirse en la más leal mascota
(usando su imagen sobre Latinoamérica) del nuevo huésped de la Casa Blanca.
Desjuiciadamente, convertirá al Perú en el conspirador recinto de la perversa
maquinaria generada en contra de la nueva era democrática la cual se dio inicio
en las gestas libertadoras de otrora, continuándose escribiendo la narrativa
emancipadora en Cuba y hoy afianzándose desde Venezuela.
Estaremos
expectantes de las nuevas bulas papales, ordenanzas infalibles de
Washington, donde se distribuirán
responsabilidades, idearan estrategias y consolidaran maquiavélicos programas
que no tendrán otra finalidad que planear la invasión paramilitar y militar
contra Venezuela dentro del programa de conspiración post éxito de la Asamblea
Constituyente. Urge sentir las voces de la Alternativa
Bolivariana de las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la
Unión de Naciones del Sur (UNASUR), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad
Económica Latinoamericana y Caribeña (CELAC) y Petrocaribe. Urge tomar medidas
de urgencia que garantice el respeto a la soberanía de los pueblos de América
Latina y el Caribe que aun no claudican como los 13 aliados de la OEA.
Es un alentador signo de lucidez escuchar al
presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador egipcio, Amr
Abdellatif Aboulatta, sostener que la situación en Venezuela no representa una
amenaza para la paz y la seguridad internacional. De igual forma, el representante
permanente venezolano, Rafael Ramírez sostuvo que la cruzada contra Venezuela
solo encuentra eco en la extrema derecha estadounidense y en voceros
desacreditados de la derecha mundial. Como históricamente se reproduce, no
todos aceptan aventurarse en trastornados
proyectos colonialistas como lo sucedido en la Isla del Gallo (s. XVI) donde un grupo de invasores aceptó la
barbarie mientras otros, tomando conciencia, dieron un paso al costado.
Cualquier semejanza con los denominados los Trece de la fama de la Isla del Gallo (1524) quienes decidieron
acompañar a Francisco Pizarro en el proyecto colonizador del imperio Inca, no
es casualidad sino la histórica repetición del proyecto colonizador. Hoy día,
los trece estados, aliados a Washington y Europa, decidieron seguir la ruta al
Perú en búsqueda de la riqueza del preciado y anhelado botín venezolano.
Está en nuestros dignos pueblos, movimientos
sociales, organizaciones políticas e individuos de conciencia independiente,
hacer posible que la historia no se repita y que sea el pueblo como expresión
suprema de poder quien demuestre al mundo entero el significado de lo que es
luchar por valores supremos como la dignidad, soberanía y el poder entendido
como posibilidad de servicio y encuentro y no como instrumento de avaricia y
desesperanza.
[1] Convención Internacional para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio (1948); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); Convención sobre la eliminación de todas
formas de discriminación contra la mujer (1979); Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (1996);
Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (2005);
etc.
[2] Fuente: http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/ley_partidos_politicos/titulo1.php (4) y (5) Consultado: 01/08/17.
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