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sábado, 2 de septiembre de 2017

Necesidad de la CICIG en Guatemala

La descomposición política y social  existente  es tan grande, que es evidente que sin la existencia de la CICIG no habría viabilidad para la justicia en el país, la impunidad sería rampante y Guatemala profundizaría el camino que hoy la tiene en vísperas de ser un Estado fallido.  

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México

Desde hace varios meses en mis intercambios con algunos de mis amigos en la derecha, he podido percibir una creciente malestar en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.  Resulta paradójico que hoy, personas que estuvieron de acuerdo con todas las medidas intervencionistas de los Estados Unidos de América en Guatemala, incluyendo por supuesto el derrocamiento de Jacobo Arbenz (que vivieron cuando eran pequeños infantes pero que avalan siguiendo la narrativa  familiar), ahora sean furibundos críticos del embajador Todd Robinson y de lo que consideran abusivas intromisiones en la vida política del país. No les falta razón en esos señalamientos, pero hubiera sido bueno que congruentemente siempre hubiesen defendido la soberanía nacional ante la ingerencia estadounidense. El discurso "antiimperialista" llega a extremos del anticomunismo delirante: los Estados Unidos de América defienden ahora políticas socialistas y de ello se aprovechan los antiguos insurgentes  que se alían  a la CICIG y a la Fiscal Thelma Aldana para lograr los objetivos que no pudieron conseguir con las armas en la mano...

No resulta extraño que estos sectores ahora estén apoyando al presidente Jimmy Morales en su decisión de expulsar del país al Comisionado Iván Velázquez. El Presidente de Guatemala tiene motivos personales para querer hacerlo al estar la CICIG involucrada en investigaciones que ha incriminado y encarcelado a su hermano y a su hijo. Ahora la CICIG está investigando  un eventual financiamiento ilícito a su partido y a su campaña  y junto al Ministerio Público han solicitado un antejuicio contra Morales que lo colocaría en la senda hacia el mismo destino del hoy encarcelado Otto Pérez Molina. Resulta por ello hilarante el discurso de gran patriota que Morales ha esgrimido en su alocución en la que declaró non grato a Velázquez.  En realidad se trata de disfrazar como razón de Estado una sobrevivencia personal y la búsqueda de impunidad a la corrupción estatal imperante.

El grave problema que tiene esta iniciativa es que se enfrenta al poderío de una Casa  Blanca sumamente interesada en desterrar la infiltración en el Estado del crimen organizado y darle viabilidad a uno de los países que con su descomposición y expulsión migratoria, atenta contra los intereses estadounidenses en la región. No cabe duda de que detrás de la CICIG se encuentra Washington. Pero lo observado en estos días, muestra que sería una simpleza reducir la fuerza de la CICIG a la ingerencia estadounidense. La decisión de Morales ha provocado una crisis gubernamental con la destitución del canciller, la renuncia de la. Ministra de Salud y de varios viceministros. La mayoría del cuerpo diplomático no apoya la decisión del presidente, la conferencia episcopal tampoco, y los más diversos sectores de la sociedad civil también la deploran.

La razón es muy sencilla. La descomposición política y social  existente  es tan grande, que es evidente que sin la existencia de la CICIG no habría viabilidad para la justicia en el país, la impunidad sería rampante y Guatemala profundizaría el camino que hoy la tiene en vísperas de ser un Estado fallido.  

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