La descomposición
política y social existente es tan grande, que es evidente que sin la
existencia de la CICIG no habría viabilidad para la justicia en el país, la
impunidad sería rampante y Guatemala profundizaría el camino que hoy la tiene
en vísperas de ser un Estado fallido.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Desde hace varios meses
en mis intercambios con algunos de mis amigos en la derecha, he podido percibir
una creciente malestar en contra de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala. Resulta
paradójico que hoy, personas que estuvieron de acuerdo con todas las medidas
intervencionistas de los Estados Unidos de América en Guatemala, incluyendo por
supuesto el derrocamiento de Jacobo Arbenz (que vivieron cuando eran pequeños
infantes pero que avalan siguiendo la narrativa
familiar), ahora sean furibundos críticos del embajador Todd Robinson y
de lo que consideran abusivas intromisiones en la vida política del país. No les
falta razón en esos señalamientos, pero hubiera sido bueno que congruentemente
siempre hubiesen defendido la soberanía nacional ante la ingerencia
estadounidense. El discurso "antiimperialista" llega a extremos del
anticomunismo delirante: los Estados Unidos de América defienden ahora
políticas socialistas y de ello se aprovechan los antiguos insurgentes que se alían
a la CICIG y a la Fiscal Thelma Aldana para lograr los objetivos que no
pudieron conseguir con las armas en la mano...
No resulta extraño que
estos sectores ahora estén apoyando al presidente Jimmy Morales en su decisión
de expulsar del país al Comisionado Iván Velázquez. El Presidente de Guatemala
tiene motivos personales para querer hacerlo al estar la CICIG involucrada en
investigaciones que ha incriminado y encarcelado a su hermano y a su hijo.
Ahora la CICIG está investigando un
eventual financiamiento ilícito a su partido y a su campaña y junto al Ministerio Público han solicitado
un antejuicio contra Morales que lo colocaría en la senda hacia el mismo
destino del hoy encarcelado Otto Pérez Molina. Resulta por ello hilarante el
discurso de gran patriota que Morales ha esgrimido en su alocución en la que
declaró non grato a Velázquez. En
realidad se trata de disfrazar como razón de Estado una sobrevivencia personal
y la búsqueda de impunidad a la corrupción estatal imperante.
El grave problema que
tiene esta iniciativa es que se enfrenta al poderío de una Casa Blanca sumamente interesada en desterrar la
infiltración en el Estado del crimen organizado y darle viabilidad a uno de los
países que con su descomposición y expulsión migratoria, atenta contra los
intereses estadounidenses en la región. No cabe duda de que detrás de la CICIG
se encuentra Washington. Pero lo observado en estos días, muestra que sería una
simpleza reducir la fuerza de la CICIG a la ingerencia estadounidense. La
decisión de Morales ha provocado una crisis gubernamental con la destitución
del canciller, la renuncia de la. Ministra de Salud y de varios viceministros.
La mayoría del cuerpo diplomático no apoya la decisión del presidente, la
conferencia episcopal tampoco, y los más diversos sectores de la sociedad civil
también la deploran.
La razón es muy
sencilla. La descomposición política y social
existente es tan grande, que es
evidente que sin la existencia de la CICIG no habría viabilidad para la
justicia en el país, la impunidad sería rampante y Guatemala profundizaría el
camino que hoy la tiene en vísperas de ser un Estado fallido.
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