Un
desastre natural que se convierte en tragedia humana, pone a prueba a los
gobernantes. Los dos principios básicos de la gobernabilidad, eficiencia y honestidad, aparecen ante los ojos de la
población sea porque se cumplen o porque brillan por su ausencia. Hoy en México
la sensación que hay entre la población damnificada es lo segundo.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial
para Con Nuestra América
Desde
Puebla, México
En
estos días en los que México lucha por su reconstrucción después de los
devastadores terremotos del 7 y 19 de septiembre, los conflictos escondidos en los pliegues de
la sociedad han aflorado. Me ha llamado la atención el creciente repudio con
respecto a la clase política mexicana, recrudecido hoy por el oportunismo de la
mayor parte de ella ante la tragedia nacional. Las grandes necesidades
provocadas por el terremoto neoliberal han incrementado las carencias
sociales en la población afectada por el
sismo. En el estado de Morelos, el gobernador Graco Ramírez y en el de Puebla,
el gobernador Antonio Gali, han pretendido capitalizar políticamente la
ayuda para los damnificados que se ha
recolectado. En Morelos se llegó al extremo de decomisar el acopio hecho por la ciudadanía para poder
etiquetarla con sellos oficiales y de esa manera entregarla a la población
afectada. En otras palabras, se busca hacer
aparecer como eficiente y dadivosa ayuda gubernamental lo que en
realidad proviene de la sociedad civil.
Un
desastre natural que se convierte en tragedia humana, pone a prueba a los
gobernantes. Los dos principios básicos de la gobernabilidad, eficiencia y honestidad, aparecen ante los ojos de la
población sea porque se cumplen o porque brillan por su ausencia. Hoy en México
la sensación que hay entre la población damnificada es lo segundo. Acaso suceda
que el pueblo está harto de la venalidad de los gobernantes mexicanos. Allí
están los recursos malversados por los
ex gobernadores priístas: el veracruzano Javier Duarte (1,950 millones de
dólares) y el chihuahuense César Duarte (4,445 millones de dólares) a los que
se suman los malversados por los ex gobernadores priístas Roberto Sandoval
(Nayarit), Rodrigo Medina (Nuevo León), Roberto Borges (Quintana Roo), Mario
Anguiano (Colima) y el panista Guillermo Padrés (Sonora), así como las
acusaciones que ya se empiezan a hacer al actual gobernador priísta de Yucatán,
Rolando Zapata (Yucatán). Recientemente
el periódico mexicano El Universal calculó el monto robado o malversado por los
ex gobernadores en 14,390 millones de dólares.
No
es casualidad que en este contexto, la clase política haya sido víctima de repudio público. El ex
presidente Felipe Calderón ha sido insultado recientemente por un comensal a
las puertas de un restaurante en la Ciudad de México; el Secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador Graco Ramírez y su esposa
Elena Cepeda han sido abucheados reiteradas veces cuando han aparecido en los diversos lugares
del desastre. El terremoto ha mostrado el desprecio por la clase política pero
también la inmensa solidaridad humana y la condición humana generosa de la ciudadanía mexicana. Mi familia y yo
hemos podido ver en Teolco y Santa Cruz Cuautomatitla (Tochimilco, Puebla) así
como en Hueyapan (Morelos), no solamente la solidaridad de los que llegan con
ayuda, sino la gratitud de los pobladores que les han ofrecido la poca comida
que tienen. La gente repudia al gobierno y agradece a la sociedad civil.
El
terremoto en México ha evidenciado la
podredumbre, pero también ha renovado la esperanza en la condición humana.
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