Ampliar
su legitimidad y crecer por encima del 4 por ciento representan los dos
desafíos más importantes del presidente Evo Morales en un año que, como el
mismo ha reconocido, será bastante duro.
Hugo Moldiz Mercado / Rebelion
Tras
alcanzar en 2017 un rendimiento económico menor al proyectado -pero que no le
quita al país su condición de líder en crecimiento de la región-, y de
enfrentar una avalancha de conflictos políticos, con expresiones de
resurgimiento de la violencia y el racismo, Evo Morales inicia este 22 de enero
su décimo tercer año consecutivo como presidente de Bolivia –el más largo de la
historia nacional-, con el objetivo de superar el 4% de crecimiento y, mucho
más importante que lo anterior, de ampliar su legitimidad en la perspectiva de
las elecciones de 2019.
Para
lograr ambos objetivos, en un año que será decisivo en la construcción de
relaciones de fuerza para el gobierno y la oposición, el titular del Estado
Plurinacional estima continuar con el ambicioso plan de inversión que desde
2015 se ha propuesto ejecutar hasta 2020, estimado en unos 50.000 millones de
dólares, para potenciar la economía nacional. Avanzar en la industrialización
de los recursos naturales, mantener el ritmo en la construcción de carreteras,
creación del empleo juvenil y la otorgación de servicios, donde los programas
de acceso a agua potable y riego son esenciales, figuran en los planes
gubernamentales.
En
realidad, aunque los economistas partidarios de la escuela de Chicago se
esfuerzan en desconocer y descalificar de manera más o menos sostenida, Bolivia
ha conquistado por quinto año consecutivo el sitial de país con mayor
crecimiento de la región sudamericana gracias a la dinámica de su demanda
interna, lo que ha compensado los bajos precios de las materias primas. En
2018, Morales aspira que Bolivia sea la primera economía en crecimiento de toda
América Latina.
Lo
que no se conoce todavía es qué hará Evo Morales en el campo de lo político,
donde parecen concentrarse los mayores problemas del gobierno. Desde el 21 de
febrero de 2016, cuando la propuesta de modificar el artículo 168 de la
Constitución fue derrotada por estrecho margen en un referéndum en el que la
oposición, asesorada por Estados Unidos- basó su campaña en una estrategia de
la mentira que tuvo como hilo conductor del relato a un inexistente hijo del
Presidente, la iniciativa política –empleando similar estrategia y método- está
de lado de las fuerzas que se oponen al proceso de cambio. Esto se nota, por
ejemplo, en el uso político del nuevo Código del Sistema Penal que, a pesar de
los problemas de redacción en varios de sus artículos-, expresa un paso
adelante en la búsqueda de eliminar la retardación de justicia. La modificación
parcial de su gabinete político apunta a resolver el vacío dejado por el ex
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en enero de 2017.
En
realidad, la causa principal de las movilizaciones propiciadas por la oposición
desde diciembre pasado es el rechazo a la candidatura de Morales en 2019, luego
que el Tribunal Constitucional Plurinacional diera curso a un Recurso Abstracto
de Inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Constitución que limitan
la aplicación del derecho preferente.
Las
reacciones ante el fallo del TCP, al que la oposición rechaza por desconocer el
resultado del referéndum del 21 de febrero, han sido duras y en las calles en
un primer momento, aunque luego tomaron forma en la movilización,
principalmente de médicos, contra el código penal. Pronunciamiento conjunto de
una parte de la oposición, agresión contra varias instituciones del Estado en
Santa Cruz, comunicado del Departamento de Estado de EEUU, intervención de una
congresista cubano-americana en el Congreso de ese país, llamados a desatar la
guerra en varios columnistas de los medios hegemónicos, resurgimiento de las
acciones de racismo como en Santa Cruz y Beni, así como decir que “prefiero una
dictadura de botas y no de ojotas” de parte de una diputada, representan apenas
una rápida descripción de la tensa situación que Morales enfrentó desde
diciembre.
Morales
ha encontrado en las redes sociales su principal flaqueza y el arma que mejor
emplea la oposición para atacar su gestión. La aseveración no está fuera de
foco, en un país en que el predominio en el manejo de las redes sociales está
principalmente en manos de los sectores no populares, a lo que coadyuva el
papel de la mayor parte de los medios de comunicación, periodistas y analistas.
Lo
que sí, la interpretación de Morales -que en realidad hace referencia al enorme
impacto de la llamada Guerra de Cuarta Generación en la manipulación de la
subjetividad de la gente-, se matiza al observar el fortalecimiento de las
corrientes de ultraizquierda en los movimientos sociales que, como en la década
de los 70 y 80, fueron un factor de desestabilización y caída de los gobiernos
populares de Juan José Torres y Hernán Siles Suazo.
La
explicación de este momento difícil, en el que la alta aprobación de Morales no
condice con la intención de voto, aunque sigue en primer lugar en las
preferencias si las elecciones fueran ahora, parece centrarse en la ausencia de
trabajo político de sus flácidas organizaciones en la sociedad, que es donde se
construye hegemonía, como señala el teórico italiano Antonio Gramsci y al que
el vicepresidente Álvaro García Linera lo citó varias veces.
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