Brasil, nuevo golpe a la democracia

Lo que estamos observando en Brasil es un nuevo golpe neoliberal a la democracia. Se une a los fraudes de 2006 y 2012 en México; al golpe de estado de junio de 2009 y al fraude en 2017 en Honduras; al golpe en Paraguay en 2012 y al golpe en Brasil en 2016.

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

Ha sucedido lo que se preveía: los tres jueces de la Corte de Apelaciones que tenía que decidir sobre la inocencia o culpabilidad de Luiz Ignacio da Silva, han terminado condenándolo. Este veredicto es una acción más de lo que se ha llamado “la judicialización de la política”. Desde semanas antes, se preveía una ratificación de la sentencia condenatoria emitida por  el Juez  Federal Sergio Moro en julio de 2017. La razón es muy sencilla: la sentencia de 9 años y medio de prisión en primera instancia no inhabilitaba a Lula para ser candidato presidencial en las elecciones de octubre de este año. En cambio una ratificación de la sentencia en una segunda instancia que es lo que ha sucedido ahora, deja al popular ex presidente brasileño inhabilitado para ser candidato y en camino a la prisión. Y esto acontece porque si Lula hubiese sido exonerado de los cargos que le imputaban, hubiera triunfado en las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

El desaseo en todo el proceso judicial contra Lula se evidenció en la parcialidad del juez Moro y también  en la que ha mostrado el presidente de la Corte de Apelaciones Carlos Eduardo Thompson, cuando adelantó que la sentencia emitida por Moro   era “irreprochable”. No es la corrupción la causa de la condena al presidente que redujo en un 55% la pobreza y en un 65% la extrema pobreza en Brasil. La causa es política y es la continuación del golpe de estado parlamentario que sufrió  la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Ese año el Senado brasileño la suspendió temporalmente  del cargo mientras deliberaba si era culpable o no de los cargos de malversación que se le imputaban. Al decidir el Senado que era culpable procedió a destituirla en agosto de ese año. Como es sabido, no era un acto de corrupción de lo que se le acusó sino de una maniobra contable en el presupuesto que habían hecho sin consecuencias otros presidentes brasileños.

En el caso de Lula encontramos nuevamente un uso faccioso de la justicia. Se le acusa de haber recibido de parte de la constructora OAS un lujoso departamento como soborno para autorizar contratos que la beneficiaban. Pero no hay pruebas que el departamento perteneciera a Lula o a su esposa, que lo hayan rentado o que hayan estado en el mismo. Lo único que existe es un testimonio rendido por el expresidente de dicha compañía José Aldemário Pinheiro Filho, el cual lo expresó a cambio de que le redujeran la condena. Lo que estamos observando en Brasil es un nuevo golpe neoliberal a la democracia. Se une a los fraudes de 2006 y 2012 en México; al golpe de estado de junio de 2009 y al fraude en 2017 en Honduras; al golpe en Paraguay en 2012 y al golpe en Brasil en 2016. Hoy, al igual que lo intentaron en 2005 con López Obrador en México, se inhabilita a Lula  seguro candidato ganador en las próximas elecciones. Juego sucio, nuevo golpe a la democracia.