Desigualdad persistente: el controvertido legado de la «marea rosa» en América Latina

Los gobiernos progresistas sacaron a millones de ciudadanos de la pobreza extrema pero fracasaron en su propósito de reducir la desigualdad.

Francesc Badia i Dalmases y Sérgio Costa / Nueva Sociedad

En este año electoral en América Latina, cuando es posible que culmine el cambio de marea y alcancen o afiancen su poder fuerzas conservadoras, es un buen momento para reflexionar cómo fue que los gobiernos progresistas fracasaron en su propósito de reducir la desigualdad al tiempo que sacaban a millones de ciudadanos de la pobreza extrema.

Así, nuevas mediciones, no ya basadas en encuestas en hogares sino en declaraciones de impuestos sobre la renta, demuestran que el impacto de los gobiernos de izquierda en América Latina en cuanto a la redistribución de ingresos y riqueza fue menor de lo esperado.

Está comprobado que dichos gobiernos fueron capaces de reducir de manera significativa la pobreza, pero no de disminuir la concentración de ingresos y de riqueza en el pequeño grupo de millonarios situado en la cúspide de la pirámide social de cada país. Se ha utilizado esto para socavar la credibilidad de los gobiernos de izquierda, alegando que no han sido eficientes ni para conseguir el objetivo que los justificaba - el de reducir las desigualdades.

La Marea Rosa y la lucha contra la desigualdad

Es cierto que las desigualdades y la pobreza han disminuido más en los países que en los últimos años han sido o continúan siendo gobernados por fuerzas de izquierda - especialmente en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela -, que en los países de Latinoamérica en que no ha habido gobiernos de izquierda.

Sin embargo, es innegable que los avances en la lucha contra la desigualdad durante el ciclo de la Marea Rosa han sido mucho más modestos de lo que se esperaba, considerando que los gobiernos de izquierda fueron elegidos prometiendo precisamente revertir las desigualdades acumuladas desde el período colonial.

Las explicaciones que se dan de estos modestos resultados suele combinar factores externos e internos. En cuanto a factores externos, se alega que el ciclo de crecimiento económico que ayudó a financiar el gasto en políticas sociales de los gobiernos de izquierda se basó en las exportaciones de materias primas y productos agrícolas, cuyos precios volátiles han disminuido en gran medida en los mercados internacionales en los últimos tiempos.

En cuanto a factores internos, se critica el hecho de que las transferencias en efectivo a los sectores más pobres de la población haya sido el elemento central de las políticas sociales que han seguido prácticamente todos los gobiernos de izquierda, ya que es bien sabido que su impacto redistributivo - a diferencia del de las políticas dirigidas a crear estructuras duraderas propias de un estado del bienestar (educación de calidad y asistencia sanitaria proporcionada por el estado, inversiones públicas en formación profesional, etc.) – es muy limitado.

El tema fiscal también ha sido muy discutido. A fin de cuentas, excepto en casos aislados, los gobiernos de izquierda no han logrado crear una estructura de tipos impositivos progresivos capaz de redistribuir los ingresos de la cúspide a la base de la pirámide social.

Son, todas ellas, explicaciones sólidas y pertinentes que merecen ser tomadas en consideración. Sin embargo, revelan tan solo la superficie del fenómeno y no dilucidan las razones últimas por las que los gobiernos de izquierda no han ido mucho más allá de distribuir efectivo a los pobres.

Para comprender estas razones profundas, es necesario articular el análisis de las desigualdades sociales con el examen, en cada caso, de las relaciones de poder. Es decir, es necesario comprender las circunstancias políticas que han provocado que los gobiernos de izquierda no hayan podido avanzar más en su voluntad de promover la redistribución de los ingresos.

Seis factores a considerar

1. El agotamiento de las grandes narrativas nacionales que, en otros momentos de la historia reciente de América Latina, permitieron unir a naciones en torno a objetivos comunes. Fue éste el caso, por ejemplo, del discurso nacional-desarrollista que, a mediados del siglo XX, ayudó a legitimar la participación decisiva del Estado en el desarrollo socioeconómico de países como Argentina y Brasil.

Pudo observarse algo similar durante los procesos de democratización de fines del siglo pasado, cuando grupos con intereses bastante distintos se unieron en torno al objetivo común de restablecer la democracia en países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay o Chile.

Las fuerzas de izquierda que alcanzaron el poder en el umbral del siglo XXI, a pesar de ganar en las urnas, no han logrado convertir la lucha contra la desigualdad en un proyecto nacional hegemónico.

2. La erosión de las esferas públicas nacionales. En el contexto del proceso de democratización, en los distintos países se crearon espacios públicos que demostraron ser capaces de promover el intercambio efectivo de ideas, interpretaciones y argumentos entre grupos sociales diversos.

Estos espacios de debate permitieron a los gobiernos promover y defender sus políticas y reajustarlas en función de las reacciones del público.

En los últimos años, la intensificación de la concentración de los medios de comunicación y el aumento del partidismo de dichos medios, junto con la aparición de múltiples foros y blogs que no se comunican entre sí, han transformado la esfera pública en un espacio de lucha, en el que los insultos y las noticias falsas tienen más peso que los buenos argumentos.

Este contexto nuevo crea dificultades insuperables para la legitimación de propuestas de cambio sustantivo, como los programas de redistribución de los ingresos que la izquierda latinoamericana quería implementar.

3. Una base parlamentaria volátil. La mayoría de los gobiernos de izquierda solo pudieron establecerse a costa de alianzas con fuerzas conservadoras. Estas alianzas aportaron la mayoría legislativa necesaria para gobernar, pero muy a menudo impidieron proyectos de reforma fiscal o planes redistributivos más audaces.

4. La aparición de las llamadas nuevas clases medias, más comprometidas con la movilidad ascendente individual y la ampliación de sus oportunidades de consumo que con promover la justicia social.

Obviamente, en esto no va implícita ninguna condena moral a estos estratos por querer la prosperidad material. Lo que sí señala es que la aparición de las llamadas nuevas clases medias, integradas por votantes tradicionales de los gobiernos de izquierda, obligó a estos gobiernos a corregir su discurso y sus intenciones redistributivas más radicales y a favorecer medidas destinadas a expandir las posibilidades de consumo y la movilidad ascendente de este segmento.

5. La resistencia de las clases medias establecidas. En muchos países, la creciente capacidad de consumo de las nuevas clases medias se percibió, por parte de las clases medias establecidas, como una amenaza para su reproducción como clase.

Al fin y al cabo, sus señas de distinción social, como el acceso a ciertos bienes y servicios (automóviles, empleados domésticos, educación universitaria, etc.), o ya no se garantizaban, o dejaban de ser un privilegio suyo.

Esto convirtió a las clases medias establecidas en el gran y poderoso oponente de los gobiernos de izquierda y de sus planes redistributivos.

6. La apropiación del Estado y de la política por parte de las élites económicas. En los últimos años, los grupos más ricos de América Latina han logrado ampliar y consolidar su control sobre los estados de la región, incluidos los gobernados por la izquierda.

Ejerciendo una poderosa y a menudo corrupta influencia sobre los políticos y los gobiernos, estas elites han logrado instrumentalizar porciones del Estado en beneficio propio, así como obstruir leyes y reformas que podían limitar su poder económico.

Esto explica, al menos en parte, la inexistencia en muchos países de una estructura impositiva mínimamente justa para las ganancias de capital y las grandes fortunas. También explica por qué la cúspide de la pirámide social (el 1% más rico de cada país) ha sido capaz de ampliar su participación en la apropiación de la riqueza y los ingresos, incluso en los países gobernados por la izquierda.