Venezuela: Rol de una institucionalidad paralela

Las iniciativas señaladas, búsqueda de un aislamiento internacional y creación de una institucionalidad paralela, forman parte de otros movimientos de fichas sobre el tablero, como las sanciones y el bloqueo financiero que adelantan algunos países, dirigidos a provocar el cambio de gobierno.

Leopoldo Puchi / NODAL

En la lucha por el poder en Venezuela destacan dos movimientos de piezas sobre el tablero en las últimas semanas. De un lado, el esfuerzo realizado en la Cumbre de la Américas celebrada en Lima para aislar al gobierno venezolano, lance que se vio debilitado porque no hubo disposición de la mayoría de los países participantes de acompañar una declaración sobre Venezuela, tal como lo expresó el senador estadounidense Marco Rubio, quien informó a la prensa que no había habido consenso.

Por otra parte, vale resaltar el movimiento de piezas dirigido a crear una institucionalidad paralela, para lo cual fueron trasladados a Bogotá los trece magistrados designados por la Asamblea Nacional en 2017, a quienes los medios de comunicación denominan Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Al parecer, para darle soporte económico a su funcionamiento ha sido creado un fondo. Igualmente, las instalaciones y la logística del Estado colombiano sirven de sede y soporte para la actividad.

Este movimiento externo fue apuntalado desde el interior por la Asamblea Nacional a partir del momento en que su presidente, Omar Barboza, informó a los medios que estaba a la espera de “la notificación oficial” sobre el antejuicio de mérito al Presidente. Posteriormente, se discutió la comunicación enviada y se declaró que existen méritos “para continuar el proceso judicial”.

Lo importante en este caso no es el número de votos, mayoría simple o calificada. El hecho significativo ha sido el viraje que se ha dado, puesto que inicialmente se  reclamaba que los trece magistrados designados tenían derecho a integrarse al TSJ y ahora se ha pasado considerarlos como si se tratase de un poder público. Sin embargo, cabe señalar una cierta ambigüedad en los términos jurídicos empleados en la resolución.

Las iniciativas señaladas, búsqueda de un aislamiento internacional y creación de una institucionalidad paralela, forman parte de otros movimientos de fichas sobre el tablero, como las sanciones y el bloqueo financiero que adelantan algunos países, dirigidos a provocar el cambio de gobierno. Quienes adelantan estos movimientos estratégicos señalan que tienen como fin restablecer la democracia. En el plano interno, la política de abstención en las elecciones programadas para el 20 de mayo se considera que también contribuiría, de resultar exitosa, a alcanzar esos fines propuestos.

Finalmente, habría que estar pendiente, en una visión panorámica de los acontecimientos, de los resultados de las elecciones presidenciales de Colombia, ya que pudiera existir la tentación de hacer del país vecino una plataforma que escale las tensiones. Del mismo modo, es de relevancia la aprobación prevista en el Senado estadounidense de  la Ley de asistencia humanitaria y defensa de la gobernabilidad democrática de Venezuela, puesto que contempla la solicitud a la ONU para que una porción de las funciones del Estado venezolano sea asumida por una intervención externa, lo que generaría un nuevo foco de presión.