Argentina: sobre los metrodelegados

Con la nulidad de la personería gremial  de los Trabajadores del Subterráneo en la mano -y en los garrotes policiales-, se reprimió y encarceló a los delegados obreros el otro día y el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se paseó por los canales oficialistas acusando de ilegal el paro del 22 de mayo.

Carlos María Romero Sosa / Especial para Con Nuestra América

Desde Buenos Aires, Argentina

Los “libertadores” que echaron a Perón en septiembre de 1955, criticaban y no sin alguna lógica enraizada en su perspectiva liberal, entre varias otras sinrazones argumentadas para acabar en los hechos con la columna vertical del Movimiento Justicialista,  la existencia del  sindicato único y vertical. Tanto que la Convención Constituyente de 1957 dispuso en el primer párrafo del artículo 14 bis, incorporado a la Constitución Nacional, la “organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial”; algo que vuelve a explicitar el texto y el espíritu del artículo primero de la Ley de Asociaciones Sindicales número 23.551 de 1988.

Sin embargo, ahora resulta ser  que los metrodelegados de los subterráneos porteños, cuya representatividad es evidente y que tuvieron personería gremial hasta que nuestro  inefable  máximo tribunal, con la firma  de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, dejara firme la sentencia que declaró la nulidad de la Resolución del Ministerio de Trabajo suscripta por el entonces ministro del área Carlos Tomada, que había otorgado personaría gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, actúan fuera de la ley.    

Con ese oportuno instrumento en la mano -y en los garrotes policiales-, se reprimió y encarceló a los delegados obreros el otro día y el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se paseó por los canales oficialistas acusando de ilegal el paro del 22 de mayo, continuación de un plan de lucha dispuesto y votado en asamblea por los trabajadores con justificación más que suficiente frente al desquicio económico al que es obvio referirse. Lo cierto es que hoy la letra de la Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia parece ser que pueden soslayarse cuando las circunstancias así lo requieren. Y ello en tanto la señora Carrió cacarea su republicanismo frente a periodistas amigos del poder que no osan repreguntar y que con extrema delicadeza no insisten cuando la legisladora se niega a dar los nombres de los presuntos desestabilizadores que denuncia.

Por  mi parte, me permito decirle al doctor Felipe Miguel, Jefe de Gabinete, que no es solamente la UTA (Unión Tranviarios Automotor) que mira para otro lado frente a la crisis actual y el fantasma corporizado aquí y ahora del FMI, la única representación válida de los trabajadores de los Subterráneos -en todo caso podrán y así lo hizo presta esa organización, negociar en los términos del artículo 25 de la LAS la paritaria a menos, impuesta a sus afiliados y a los que no lo son- y que los metrodelegados con Segovia a la cabeza que siguen discutiendo su personaría gremial y denuncian la persecución de la que son objeto ante la OIT, no son delincuentes o poco menos. Así como tampoco técnicamente son huelgas salvajes las del metro porteño.

¿Por qué? Es sencillo: debido a que rige en el país  “la organización sindical libre y democrática” y la falta de personería gremial no impide la conformación de otros gremios de la actividad. En todo caso el tema del encuadre sindical, estudiado por tratadistas como el profesor Carlos Alberto Etala,  es una “vexata quaestio” del Derecho Colectivo de Trabajo. Hasta resolverla sería bueno no llenar comisarías con  representantes indubitables de las bases, gusten o no al poder de turno. Y tampoco enviar telegramas anunciando sanciones al personal por ejercer el derecho de huelga.