Con la nulidad de la personería gremial de los Trabajadores del Subterráneo en la
mano -y en los garrotes policiales-, se reprimió y encarceló a los delegados
obreros el otro día y el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, se paseó por los canales oficialistas acusando de
ilegal el paro del 22 de mayo.
Carlos María Romero Sosa / Especial para Con Nuestra
América
Desde Buenos Aires,
Argentina
Los “libertadores” que
echaron a Perón en septiembre de 1955, criticaban y no sin alguna lógica
enraizada en su perspectiva liberal, entre varias otras sinrazones argumentadas
para acabar en los hechos con la columna vertical del Movimiento
Justicialista, la existencia del sindicato único y vertical. Tanto que la
Convención Constituyente de 1957 dispuso en el primer párrafo del artículo 14
bis, incorporado a la Constitución Nacional, la “organización sindical libre y democrática reconocida por la simple
inscripción en un registro especial”; algo que vuelve a explicitar el texto
y el espíritu del artículo primero de la Ley de Asociaciones Sindicales número
23.551 de 1988.
Sin embargo, ahora resulta ser que los metrodelegados de los subterráneos
porteños, cuya representatividad es evidente y que tuvieron personería gremial
hasta que nuestro inefable máximo tribunal, con la firma de los ministros Elena Highton de Nolasco,
Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, dejara firme la
sentencia que declaró la nulidad de la Resolución del Ministerio de Trabajo
suscripta por el entonces ministro del área Carlos Tomada, que había otorgado
personaría gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y
Premetro, actúan fuera de la ley.
Con ese oportuno instrumento en la mano
-y en los garrotes policiales-, se reprimió y encarceló a los delegados obreros
el otro día y el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, se paseó por los canales oficialistas acusando de ilegal el paro
del 22 de mayo, continuación de un plan de lucha dispuesto y votado en asamblea
por los trabajadores con justificación más que suficiente frente al desquicio
económico al que es obvio referirse. Lo cierto es que hoy la letra de la
Constitución y de las leyes dictadas en su consecuencia parece ser que pueden
soslayarse cuando las circunstancias así lo requieren. Y ello en tanto la
señora Carrió cacarea su republicanismo frente a periodistas amigos del poder
que no osan repreguntar y que con extrema delicadeza no insisten cuando la
legisladora se niega a dar los nombres de los presuntos desestabilizadores que
denuncia.
Por
mi parte, me permito decirle al doctor Felipe Miguel, Jefe de Gabinete,
que no es solamente la UTA (Unión Tranviarios Automotor) que mira para otro
lado frente a la crisis actual y el fantasma corporizado aquí y ahora del FMI,
la única representación válida de los trabajadores de los Subterráneos -en todo
caso podrán y así lo hizo presta esa organización, negociar en los términos del
artículo 25 de la LAS la paritaria a menos, impuesta a sus afiliados y a los
que no lo son- y que los metrodelegados con Segovia a la cabeza que siguen
discutiendo su personaría gremial y denuncian la persecución de la que son
objeto ante la OIT, no son delincuentes o poco menos. Así como tampoco
técnicamente son huelgas salvajes las del metro porteño.
¿Por qué? Es sencillo: debido a que
rige en el país “la organización
sindical libre y democrática” y la falta de personería gremial no impide la
conformación de otros gremios de la actividad. En todo caso el tema del encuadre
sindical, estudiado por tratadistas como el profesor Carlos Alberto Etala, es una “vexata quaestio” del Derecho
Colectivo de Trabajo. Hasta resolverla sería bueno no llenar comisarías con representantes indubitables de las bases,
gusten o no al poder de turno. Y tampoco enviar telegramas anunciando sanciones
al personal por ejercer el derecho de huelga.
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