Costa Rica: Carlos Alvarado, ¿líder político o administrador del Estado?

Una amenaza más preocupante aún  se cierne  sobre “el  límpido azul” de nuestro cielo, apenas iniciándose esta administración. Considero que el segundo gobierno PAC podría pasar a la historia por haber logrado aprobar -¿a qué precio?- un paquete tributario a imagen y semejanza de las recetas impuestas por los organismos financieros trasnacionales.

Arnoldo Mora Rodríguez / Especial para Con Nuestra América

Es ya una idea aceptada por el “sentido común”, como diría Gramsci, a tenor de la cual  con los dos recientes y sucesivos triunfos del PAC, Costa Rica iniciaría el siglo XXI en su historia política. Es dentro de esta perspectiva  histórica que debemos juzgar los hechos más recientes; en concreto, aquellos  que hacen referencia al legado del presidente saliente Luis Guillermo Solís, y los desafíos que le esperan y debe asumir su sucesor, Carlos Alvarado, proveniente de las tiendas del mismo partido, pero  que clara y ostensiblemente ha tomado distancia de quien fue su antecesor y a cuyo gabinete perteneció.

Pienso que la historia juzgará a Luis Guillermo, no  tanto por los kilómetros de carreteras o puentes  que no hizo, o por el tiempo perdido para tomar medidas a fin de  combatir el déficit fiscal, sino principalmente por los errores que cometió al nombrar a algunos amigos como ministros en puestos para los cuales no estaban capacitados; como fue el caso de Melvin Jiménez para las delicadas funciones de  ministro de la Presidencia cuando,  por experiencia como obispo de la Iglesia Luterana, sólo entendía la política como servicio caritativo; o a Elizabeth Fonseca para el Ministerio de Cultura  simplemente porque ocupaba un alto puesto en su partido. Todo lo cual  no han sido más que errores inconcebibles en un hombre como Luis Guillermo, cuya amplia experiencia política permitía esperar de él una mayor capacidad  de discernimiento,  cualidad imprescindible  en un jefe de Estado. Esto por no hablar de los escándalos  de más reciente data y que más resonancia mediática han tenido, como es lo acaecido en torno al llamado “cementazo”, cuyas repercusiones están lejos de haberse acabado.

Estoy convencido de que ni el presidente Solís,  ni ninguno de sus ministros ha incurrido en actos que merezcan ser calificados de corrupción; pero Luis Guillermo deja la impresión de haber mostrado  una inconcebible ingenuidad, por calificarla de alguna manera, al confiar demasiado en supuestos “amigos” cuyas intenciones no eran las suyas, pues  el Presidente Solís sólo pretendía acabar con el duopolio  privado del cemento.  Evocar lo anterior me resultó evidente ante el primer  escándalo que le brota como mala yerba en el jardín presidencial al joven y recién instalado presidente Carlos Alvarado en torno al Sinart. Da la impresión de que en las tiendas del PAC  no han aprendido la lección. Aunque esta vez mucho me temo que no se trate de ingenuidad política, sino de cálculos e intereses electorales que se exacerbaron en la campaña recién pasada en su dramática fase final.

Sin embargo, el escándalo mayor en el escenario político actual se da en  el campo del partido rival, el Partido Restauración Nacional,  cuyo vertiginoso e inesperado ascenso  constituyó  la gran novedad de la política doméstica. Me refiero  en concreto al escándalo por los  contratos hechos por ese partido a la  empresa  encuestadora OPOL. Las sospechas de corrupción han llegado hasta el extremo de que se ha hablado de  una “estructura paralela”, que   hubiese servido para manejar la última y decisiva etapa de la reciente campaña electoral.  Si todo se confirmara, en este caso la corrupción iría más allá de lo ético, pues  constituiría una amenaza real de socavar  la esencia misma de  uno de los pilares de la democracia y del Estado de derecho, como es la presunta manipulación de la voluntad popular a fin de inducir al ciudadano a elegir presidente en base a datos deliberadamente  inflados en favor del candidato cuyo partido financiaría dichas encuestas.  

Pero juzgo que una amenaza más preocupante aún  se cierne  sobre “el  límpido azul” de nuestro cielo, apenas iniciándose esta administración. Considero que el segundo gobierno PAC, presidido por la hermosa  y mediática pareja, los “millennials” Carlos Alvarado, periodista y politólogo, y Claudia Dobles,  brillante arquitecta, podría pasar a la historia por haber logrado aprobar - ¿a qué precio? - un paquete tributario a imagen y semejanza de las recetas impuestas por los organismos financieros trasnacionales (FMI y  Banco Mundial) como conditio sine qua non, para que nuestro pequeño pero geopolíticamente importante  país sea admitido en el “selecto” club de las economías ortodoxamente neoliberales de la OCDE. Todo lo cual  constituye el único y real programa de gobierno, no sólo del  partido o, para ser más exactos,  coalición de partidos, que formalmente asume hoy el Poder Ejecutivo,  sino también de los partidos que mayoritariamente conforman el Poder Legislativo.

Frente a estas imposiciones foráneas no se respetan las  normas más elementales, tanto de nuestra Constitución Política, como del derecho internacional, pues las exigencias de los mencionados organismos financieros  imponen las políticas domésticas e internacionales de nuestro sumiso gobierno que hoy,  quizás más que nunca, se comporta como el traspatio del Norte imperial. Frente a esta nada confortable realidad, 1821 no es más que una remota remembranza cuya celebración es tan sólo  parte de  nuestro colorido folklore provincial. Mas todos estos cambios no se hacen gratuitamente; tienen su precio: la paulatina pero inexorable destrucción del mayor logro histórico de nuestro pueblo cual es la  encomiable construcción del Estado Social de Derecho; y quienes lo habrán de pagar como son los sectores medios y  populares, empezando por los empleados públicos a los que la prensa comercial viene una y otra vez calificando despectivamente de “ burócratas” responsables del indetenible déficit fiscal.  Pero en realidad lo que se les cobra es que son casi los únicos  trabajadores que están organizados en sindicatos; lo cual no deja de ser un obstáculo importante para que la hegemonía del capital trasnacional opere sin contratiempos en nuestra codiciada  nación.

A inicios del siglo XXI,  el gobierno de Costa Rica da la impresión de no ser más que un dócil  sirviente de una  Casa Blanca  que se ha convertido en un putrefacto lupanar.  La única meta  de nuestros “gobernantes”  parece ser  la de convertirse en uno de los últimos anillos de la cadena con que el gran capital trasnacional pretende someter a la humanidad entera. Ante este  nada halagüeño panorama, sólo cabe  preguntarse: ¿Dónde están Juanito Mora y Joaquín García Monge, Jorge Volio y Víctor Sanabria, Carmen Lyra y Manuel Mora? Sólo hombres  y mujeres como ellos serán la única y rutilante luz que guíe  a nuestro pueblo a salir de este tenebroso túnel.