Ecuador: Ganaron los empresarios

El nuevo triunfo privado es la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, bautizada como “Trole 3”. Lo que no se logró conquistar en las décadas neoliberales del modelo empresarial de los 80 y 90 se ha logrado en la actualidad.

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda / Historia y Presente - blog

Finalmente ganaron los empresarios. Específicamente la elite vinculada a las cámaras de la producción. No han servido para nada los diálogos gubernamentales con los empresarios medios y pequeños, y peor con los microempresarios. Estos sectores, que son la enorme mayoría del empresariado ecuatoriano, que generan 7 de cada 10 puestos de trabajo, que tienen serias dificultades para conseguir créditos bancarios apropiados, y que se identifican mejor con las clases medias y populares, carecen de la fuerza política alcanzada, en un año, por los altos empresarios. Se trata de un triunfo que reproduce comportamientos históricos: rentabilidades basadas en la evasión tributaria, las manipulaciones económicas, el aprovechamiento de recursos públicos, la fuga de capitales y la explotación a la fuerza de trabajo.

En efecto, han sido pocos los ciclos en los que ha podido imponerse el Estado sobre los intereses oligárquicos privados. Entre 1912-1925, los “gran cacao” acumularon una riqueza excepcional, disfrutando de una era en la que no había impuestos, el Estado no intervenía en la economía y tampoco había leyes laborales. País dominado por hacendados, agroexportadores, comerciantes y banqueros, bajo un sistema de absoluta libertad de empresa, era uno de los más atrasados del continente y con una realidad social de miseria y opresión generalizada.

Los intervencionistas gobiernos nacidos de la Revolución Juliana (1925-1931) introdujeron, por primera vez en la historia nacional, las regulaciones estatales a la empresa privada, los impuestos directos a la cabeza de los cuales estuvo el de rentas, y la primera legislación social y laboral en el país. Impusieron así los intereses nacionales sobre los poderosos intereses privados. En cierto modo los julianos anticiparon las políticas “desarrollistas” y solo así se logró modernizar en algo la institucionalidad pública y la economía nacional, al mismo tiempo que mejoraron las condiciones de vida y trabajo de la población.

Entre 1931-1948 se sucedieron una veintena de gobiernos, que tuvieron como telón de fondo la crisis del cacao, sin poder viabilizar alguna salida económica eficaz. Pero volvieron a dominar los intereses privados en casi todos esos gobiernos. Fue Galo Plaza (1948-1952) quien favoreció, desde el Estado y con recursos públicos, el auge bananero que se prolongó hasta principios de la década de 1960. El ciclo del banano sirvió para que surja una capa de nuevos ricos, cuya posición siguió contrastando con la miseria social generalizada y el atraso del país.

Durante las décadas de 1960 y 1970, cuando despegó el “desarrollismo”, y particularmente con el auge petrolero de los 70, el país se modernizó como nunca antes, superando definitivamente su condición precapitalista, lo cual incluso mejoró las condiciones sociales. Las obras de infraestructura y las inversiones públicas, la legislación protectora de la industrialización, los controles al comercio externo, el cobro de impuestos directos a la elite permanentemente corrupta en eludirlos, y hasta los recursos provenientes del manejo petrolero estatal, son los que permitieron el cambio del país y hasta el fortalecimiento de la empresa privada, que creció bajo las alas protectoras del Estado.

Todavía la herencia desarrollista y también la progresista y “estatista” Constitución de 1979 (así era atacada esta Carta), permitieron algún progreso económico y social del Ecuador, hasta que sobrevino, desde 1982, la crisis de la deuda externa, la del petróleo y la recesión mundial. Comenzaron las políticas neoliberales y desde el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) los empresarios de las cámaras llegaron al poder directo y orientaron las decisiones estatales. En dos décadas los sucesivos gobiernos no hicieron más que apuntalar el modelo empresarial más nefasto en la historia económica nacional, no por los negocios que evidentemente crecieron, sino por la concentración de la riqueza en la misma elite dominante, la desinstitucionalización del Estado, y porque sistemáticamente se agravaron las condiciones de vida y de trabajo de la población.

Bajo ese “modelo” se produjeron los mayores atracos al Estado y a la sociedad ecuatoriana. En 1983, el gobierno de Osvaldo Hurtado (1981-1984), bajo la presión de las cámaras, acordó la “sucretización” de las deudas privadas, por la cual el Estado asumió el pago en dólares a los acreedores externos, mientras los empresarios obtuvieron beneficiosas facilidades para pagar en sucres (la moneda nacional de entonces) al Banco Central. Hicieron, además jugosos negocios con la venta de bonos de la deuda externa. En su libro “Los nombres de la deuda” (1994), Alberto Acosta destacó, con nombres y apellidos, los beneficiarios de la sucretización y del tráfico de bonos. Perdió el Estado, ganaron los intereses privados.

La resucretización de Febres Cordero (1987) agravó el atraco al Estado: pasaron de 3 a 7 años los plazos de pago, se congeló la tasa de interés y el tipo de cambio para los “deudores” y se aumentó el período de gracia.

Pero ninguna de esas políticas se compara, ni de lejos, con los “salvatajes” bancarios ocurridos entre 1999-2000, un fenómeno inédito en la vida nacional. Entre los libros que estudiaron ese atraco al Estado podría citarse “Bancos y banqueros” (1999), escrito por varios autores, y “El saqueo bancario” (2002), de Juan Centurión. Casi una veintena de bancos y financieras cerradas, millones de recursos transferidos desde el Estado, un feriado bancario de por medio, miles de personas que perdieron sus depósitos y finalmente la dolarización monetaria (2000), que resultó un gran negocio para las elites, acompañado del empobrecimiento general, la emigración de miles de ecuatorianos y la pérdida de la soberanía monetaria. Perdió el Estado, ganaron los intereses privados.

¿Ganaron los intereses privados o el Estado durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) para que sea precisamente la elite económica dominante la que aborrezca y reniegue del “socialismo del siglo XXI”?

En todo caso, el nuevo triunfo privado es la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, bautizada como “Trole 3”. Lo que no se logró conquistar en las décadas neoliberales del modelo empresarial de los 80 y 90 se ha logrado en la actualidad. De acuerdo con distintos estudios, con esa Ley no solo se han perdonado intereses y multas, sino que se reducen y exoneran impuestos en una forma inédita, se posibilita salidas de capitales sin control, se afectan derechos laborales, se prohíbe al Estado el financiamiento propio y lo estrangula en la posibilidad de endeudamiento excepto con el sector privado, es posible la triangulación de capitales en paraísos fiscales, se vuelve a los convenios bilaterales de protección de inversiones. Es lo que han analizado distintos foros: el Observatorio de la Dolarización, CDES, CELAG, ODET, Ecuanomica, Ruta Krítica y varios economistas, incluyendo el exministro Carlos de la Torre.

Como en otras épocas del pasado inmediato, igualmente se dice que hay que alentar a la empresa privada, fomentar el empleo, atraer capitales, promover inversiones y retirar al Estado. ¿Por qué este triunfo del gran capital debe ser distinto a los anteriores? De modo que una vez más está suficientemente advertido que perdió el Estado y ganaron los intereses privados.