En un año de
desgobierno y manipulación, el Ecuador vuelve a morfar en una sociedad donde no
priman los derechos, sino los privilegios para aquellos que más tienen. Las políticas
económicas y tributarias de Moreno y las élites económicas no marcharán por un
sendero de equidad sino todo lo contrario: hacia un renovado laissez faire
tributario.
Martín
Pastor / Para Con Nuestra América
Desde Quito, Ecuador
 |
| Lenín Moreno, presidente de Ecuador. |
A los más ricos y
poderosos en Ecuador no les gusta pagar impuestos. Es por eso que ahora, y
luego de 10 años, las élites cuentan con un nuevo aliado: Lenín Moreno. Su
sometimiento ante las presiones del gran capital ha causado que en un año de
gestión se aleje del proyecto por el que fue elegido, ignore y socape la
elusión, y promueva, con un proyecto de ley, el retorno al laissez faire tributario.
Esto lo ha logrado con
el apoyo de los medios de comunicación masivos y cuestionables alianzas
políticas, a través de su discurso de la supuesta lucha ‘anticorrupción’. Sin
embargo, la “cirugía mayor” al Estado ha obviado
uno de los grandes problemas que afectan al país: la elusión y evasión fiscal.
De la deuda tributaria
al Estado ecuatoriano que suma 4.379 millones de dólares, el 51% (2.228
millones) corresponde a los 170 grupos económicos más poderosos del país, entre
los cuáles los 25 principales concentran un total de 2.005 millones. Estos
grupos representan menos del 1% de los contribuyentes.
Mientras que por medio
de 512 empresas fantasmas, que reportaron ventas
por 2.129 millones de dólares, se ha perjudicado al Estado por 655 millones
entre el 2010 y el 2016. A través de métodos como facturación falsa o
contrabando.
Como explica Juan Paz y
Miño, en su libro sobre la Historia de los
Impuestos en Ecuador, esto no es nada nuevo y remonta a la creación de Estado
en el siglo XIX. “Las capas sociales concentradoras del poder económico han
encabezado siempre resistencia a la intervención del Estado en la economía y su
papel rector y regulador en materia de impuestos”, señala. El objetivo siempre
claro: no pagar impuestos.
“Estuvimos acostumbrados a diez años de una
política pública que era esquiva al sector productivo”, decía Richard
Martínez en 2017, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE); ahora
flamante Ministro de Economía y Finanzas. Pero lo que Martínez quería decir es
que el gobierno de la Revolución Ciudadana “acostumbró” al sector empresarial a
pagar lo justo.
Con uno de los sistemas
fiscales más progresistas de la región se triplicó la recaudación, que pasó
de 4.600 millones de dólares en 2006 a 14.000 millones en 2016. Y en el mismo
periodo los impuestos indirectos pasaron del 65% del total de
lo recaudado al del 53%, con una presión fiscal que bordeaba al promedio de la
región.
Ahora esperan
beneficiarse de un proyecto de remisión a deudas tributarias anunciadas por el
gobierno, el cual terminará beneficiando a los más ricos. Pablo Iturralde,
Director del Centro de Derechos Económicos (CDES), explica que alrededor del 90%
del gasto tributario, surgido por otros tipos de exoneración de tributos, están
dirigidos al 10% del decil más alto.
Un principio que parte
de una concepción elitista, y luego neoliberal, que ha transmutado los
conceptos de privilegios por derechos. Las elites anti-nacionales y anti-pueblo
consideran que deben ser tratados de manera privilegiada, distinta al resto,
con mejores y mayores beneficios en detrimento de la sociedad.
Según un estudio del Colegio de Economistas
de Pichincha entre 2000 y 2016 se registró una elusión del 28%, es decir
aproximadamente 4.500 millones de dólares que no entraron a las arcas del
Estado. Un dinero con el que se podría haber realizado dos proyectos
hidroeléctricos similares a Coca-Codo Sinclair,
1000 escuelas del Milenio o 22 hospitales del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) de similar envergadura a ‘Los Ceibos’.
Pero no, este dinero
terminó en el bolsillo de los que más tienen y menos quieren retribuir.
Entonces, si la corrupción es el acto de corromper y de transgredir las leyes
en pos del beneficio propio, acaso ¿no es la evasión de impuestos un acto de
corrupción? Especialmente cuando este dinero eludido debe ser escondido en
algún lugar.
Las guaridas fiscales,
eufemísticamente llamadas paraísos, son territorios dónde dichas elites y
transnacionales depositan el dinero para evitar el pago de impuestos en sus
propios países. Entre 2014 y 2016, empresas ecuatorianas sacaron más de 4.700 millones
de dólares a estas guaridas.
Según estimaciones de CDES, tan solo el
17% de lo que pierde el país por el uso de estos mecanismos es por causa de la
corrupción, el restante 83% responde a evasión y elusión tributaria. Artimañas
que por sus costos y complejidades solo pueden ser costeadas por las élites
económicas.
"Entonces,
realmente hay un juego muy perverso de empresarios, de dirigentes políticos, de
medios de comunicación, que evaden impuestos del país a través de testaferros,
de testaferros, de testaferros”, comenta Pedro Brieger,
periodista y director de la agencia de noticias de América Latina y El Caribe (Nodal).
Al 2014, 59 grupos
económicos del Ecuador poseían 174 sociedades en
guaridas fiscales. Información que a su vez fue eliminada de la página oficial
del SRI, este pasado 22 de mayo de 2018 como lo denunció el Observatorio de
Economía y Trabajo.
Más lamentable aún es
que hasta 2016, el Ecuador era el líder mundial en contra de estos corruptos
mecanismos. El gobierno de Correa planteó una propuesta para la creación de un
organismo internacional de NN.UU que proveería “reglas claras,
democráticas y justas” para terminar con estos ‘paraísos’. Además se logró de manera democrática aprobar una
Consulta Popular que prohíbe que funcionarios públicos tengan capitales en
estos territorios.
Pero desde ese momento,
ninguna de las figuras anticorrupción ha mencionado continuar esta lucha. Y
ahora son estas elites las que promueven el discurso de la supuesta
anticorrupción y a su vez conforman los grupos de ‘notables’ que dictaminan la
ética nacional. Ese uno de los resultados del primer año de Moreno.
A su vez el actual
presidente ha conformado su gabinete ministerial y de asesores con
representantes de dichas élites económicas y cámaras de comercio para guiar
este proceso.
Entre los que se
encuentran el Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, yerno de Isabel
Noboa, presidenta ejecutiva del Consorcio Nobis; Carlos Andretta, director
general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, exdirector de asuntos
corporativos de Cervecería Nacional; Raúl Ledesma, Ministro de Trabajo, fue
parte de la Cámara de Turismo de Guayas; Eva García, Ministra de Industria y
Producción, pasó por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Organización
Mundial de Comercio (OMC); y Carlos Pérez, Ministro de Hidrocarburos, fue parte
de Halliburton. Pero la joya en la corona es el nuevo Ministro de Economía y
Finanzas.
Martínez desde el
Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) representaba los intereses de las
empresas más grandes del Ecuador (30% del PIB). Su postura desde este ente fue
de corte neoliberal, abogando por menos impuestos, menos Estado y menos
regulación; lo que él resume como “menos es más”. Ahora dirigirá la
política económica del Ecuador y tendrá los medios para hacerlo.
Para culminar un año
con ‘broche de oro’ para las élites empresariales, el 24 de mayo se presentó el proyecto de Ley
Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de
Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
“Como sus padres
ideológicos, la Ley Trole 3 modifica leyes
que abordan Tributos, Alianzas Público-Privadas, Código Monetario, Seguridad
Social de la Policía, Derechos Laborales, Finanzas Públicas, Contratos
Petroleros, Empresas Públicas, Organización Territorial, Zonas Especiales de
Desarrollo, Catastros Municipales, Deudas de la Banca Cerrada, la Ley de
Reactivación, entre otros”, explican economistas y
analistas del Observatorio de la Dolarización.
El cuerpo legal, en
aspectos tributarios, plantea la eliminación del anticipo al impuesto a la
renta, el no pago del impuesto a la
renta por ocho a diez años para empresarios que inviertan en el país, la
eliminación gradual, desde el 2019, del impuesto a la salida de divisas (ISD) y
la exoneración del impuesto a la renta por tres años para las nuevas
microempresas. Es decir, beneficios tributarios a los más ricos.
Es así que en un año de
desgobierno y manipulación, el Ecuador vuelve a morfar en una sociedad donde no
priman los derechos, sino los privilegios para aquellos que más tienen. Las políticas
económicas y tributarias de Moreno y las élites económicas no marcharán por un
sendero de equidad sino todo lo contrario: hacia un renovado laissez faire tributario.
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