Salvar la salud. Una nueva operación encubierta del Pentágono en Colombia

La semana pasada escribí sobre la instalación del barco hospital USNS Comfort de la marina de guerra de Estados Unidos en Colombia, utilizado el trasnochado subterfugio de ayuda humanitaria, en este caso a Venezuela como instrumento para justificar una intervención militar, que ha sido tradicional en la política exterior de Estados Unidos.

Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra América

Desde Caracas, Venezuela

Posteriormente, me quedé pensando si la misión del barco no persigue además objetivos ocultos y disimulados a fin de “echar una mano” a la atribulada sociedad colombiana, precisamente en uno de los aspectos que está más afectada: el de la salud, toda vez que se ha transformado en práctica que los gobiernos destinen mayor cantidad de recursos a la guerra que a las necesidades de la ciudadanía.  

En esa medida, la visita del Comfort podría ser muy beneficioso para Colombia habida cuenta que el propio ministro de salud del gobierno anterior, Alejandro Gaviria ya en 2016 había diagnosticado que el país vivía una crisis de la salud, motivada en un déficit que él cuantificaba entre 350 y 650 millones de dólares aproximadamente. Las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) instituciones privadas que “brindan” servicios de esa índole, presentaban a la fecha un déficit de 1.7 mil millones de dólares, mientras que el presupuesto aprobado para el año 2017 en esa materia, fue apenas de 260 millones de dólares. Así, el ministro se vanagloriaba de que, a pesar de la incertidumbre, el sector se seguía expandiendo, pues la demanda de servicios y las prestaciones crecían permanentemente. Claro, cuando él hablaba del sector, estaba refiriéndose a estas empresas privadas que lucran con la salud del pueblo, con el favor del gobierno.

Las EPS fueron creadas mediante la Ley 100 de 1993 con el objetivo de iniciar el proceso de privatización de la salud a imagen y semejanza del modelo chileno creado por la dictadura de Pinochet. Según Diana Margarita Ojeda, Procuradora delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, lo que ocurre es que: “Los recursos no fluyen por una serie de trabas administrativas o por intereses ajenos al interés público; es decir, las entidades manejan el dinero irregular e ineficientemente y a pesar de, que se han hecho esfuerzos como el giro directo a los hospitales, algunas entidades territoriales se quedan con la plata, no se la entregan a los hospitales como debe ser, y las EPS reciben los recursos, pero no giran  y no garantizan la prestación de los servicios”.

Por su parte, Marcela Vélez, candidata a Ph.D. en política de salud de la Universidad McMaster de Canadá, al hacer un análisis del servicio médico y hospitalario del país para el libro “La salud en Colombia” de su autoría, afirmaba que: “Los organismos de control no tienen dientes para castigar a los corruptos”, o dicho de otra manera el Estado permite que la corrupción pulverice el sistema de salud. Vélez no tiene dudas en asegurar que: “El principal problema se llama EPS, especialmente la expectativa de ganancia de los intermediarios a expensas de la negación de la atención en salud a los colombianos. El problema es que no hay manera de hacer compatibles las ganancias de las EPS con el bienestar general de la población, y creo que para lograr este objetivo se requiere un gran compromiso por parte de la administración pública”.

Ese compromiso es precisamente el que no existe, porque es imposible lucrar con la salud y transformarla en una mercancía y al mismo tiempo conseguir “un nivel de vida adecuado que le asegure [ a las personas], así como a su familia, la salud y el bienestar, como reza el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En una entrevista para el periódico bogotano El Espectador en 2016, Vélez aseguraba que: “La Ley 100 introdujo el concepto de salud como mercancía, por lo tanto, quedó sujeta a ser un bien transable del que los inversionistas privados, tan sólo por servir como intermediarios, obtienen ganancia. El problema de este modelo es que acrecienta la inequidad en salud, incrementa el gasto sin mejorar la calidad y se interesa muy poco en el bienestar y la satisfacción de los colombianos”, concluyendo que, “… uno de los principales problemas es que es un sistema de salud que no es equitativo, que no brinda atención en salud de la misma manera a todos los colombianos, y que pudiendo ofrecer una atención de mayor calidad, no lo hace. En un país con pobreza y niños muriendo de desnutrición, el sector salud podría estar haciendo más con los recursos que tiene”.

A este respecto la Redacción Digital de la cadena BLU Radio, propiedad de Caracol uno de los dos mayores emporios comunicacionales del país afirmó que según fuentes oficiales, solo en la segunda semana de febrero de este año se registraron 11 muertes de niños menores de cinco años por desnutrición Así mismo, dio a conocer que la región más afectada es La Guajira que presenta “un incremento estadísticamente significativo en la notificación de muertes por y asociadas a desnutrición en menores de cinco años, en comparación con el promedio de notificación de los años 2014 a 2017”. En esa fecha del año, cuando apenas habían transcurrido seis semanas se encontraban “en estudio más de 37 casos probables de muertes por y asociadas a desnutrición…”.

En el trasfondo, lo que permea todo el sistema es el afán de lucro en la salud, así la vida y el bienestar de los ciudadanos se pone en un lugar secundario, tras la preocupación por la obtención de ganancia. Una muestra la da a conocer la revista colombiana especializada en noticias financieras y de economía “Dinero” que en un artículo sobre el tema señala que Saludcoop, la EPS más grande del país con más de 5 millones de afiliados que representaba casi el 25% de la población activa en 2009 multiplicó su patrimonio cerca de 170 veces desde que fue creada en 1994 hasta su liquidación en 2016 con una gigantesca deuda, tras lo cual su representante legal Carlos Palaccino fue enviado a la cárcel. Antes, desde 2010, cuando se abrió la indagación, la justicia determinó que 77 directivos y contratistas serían investigados por afectación patrimonial, sobre costos de medicamentos y desviación de recursos, es decir una gran estafa en detrimento del pueblo colombiano. Es difícil suponer que la alianza entre gobierno y empresarios no sea el caldo de cultivo de la corrupción que afecta a millones de ciudadanos y que sea sólo ésta la EPS inserta en hechos de corrupción.

En otro ámbito, en agosto de 2017, la revista Semana publicó un artículo que relaciona salud mental con violencia en Colombia. Expone el mencionado escrito que, “la salud mental de los colombianos está en un grave estado”. Señala que, en 2016, fueron asesinados 33 ciudadanos por día por causas ajenas a la guerra, atribuyéndolo a “violencia interpersonal, debido a intolerancia, riñas, ingesta desmedida de alcohol y drogas en lugares públicos y lo que es peor, en los hogares, espacios inseguros para mujeres y niños”. Las cifras que aporta el estudio son aplastantes, “según el Instituto de Medicina Legal, cada tercer día una mujer es asesinada por su pareja en nuestro país; cada hora dos niños son víctimas de abuso sexual en Colombia, dos son asesinados cada día y tres abandonados”. Hasta el mes de mayo de ese año 2017, se habían reportado 9.214 intentos de suicidio en el país; 65 cada día y dos cada hora.

Así mismo, la investigación afirma que durante 2016 se presentaron 83.000 nuevos reportes de malaria en zonas mineras, una enfermedad que se creía superada; el departamento del Chocó reportó 54.000 casos, lo que representa el 10% de su población, según cifras del propio ministerio de salud.

Enfrentados al dilema del recorte de los presupuestos para este año 2018, tendencia que muy seguramente se mantendrá y profundizará en el gobierno de Iván Duque, Semana recuerda que la evasión tributaria en Colombia alcanza el 90 por ciento, la elusión fiscal, los 2 mil millones de dólares aproximadamente, mientras que la corrupción le cuesta al país alrededor de 17 mil millones de dólares, una cifra cercana a los 350 millones de dólares semanales. Por su parte, “el saqueo” al sector salud en particular, significó que las arcas del país perdieran cerca de 1,5 mil millones de dólares. Concluye el artículo afirmando que, “el problema en Colombia no es de recursos sino de la administración de los mismos”. En otras palabras, el problema es el sistema capitalista depredador y corrupto para el cual la salud del pueblo no tiene ninguna importancia.

Mientras esta es la situación de Colombia, en Venezuela, inserta en una situación económica muy difícil por todas las causas conocidas, viven 5.6 millones de colombianos, 500 mil peruanos y 400 mil ecuatorianos, además de decenas de miles de chilenos, argentinos, uruguayos, haitianos, dominicanos, palestinos, libaneses y 1.5 millones de españoles, 1.1 millones de italianos y 900 mil portugueses, todo lo cual ha hecho de la patria de Bolívar un país en el que el 35% de su población sea extranjera, pero a ninguno de ellos se le ha acusado por ser causante de la crisis, tampoco ha habido manifestación alguna de xenofobia, por esta razón. Yo mismo he tenido alumnos en la universidad que son hijos de peruanos, ecuatorianos, colombianos y dominicanos y que hoy son orgullosos diplomáticos de Venezuela y defienden su integridad y su soberanía en ese terreno.

Valdría entonces preguntarse, si acaso esos miles de ciudadanos que abandonan el país, ¿no podrían ser -muchos de ellos- connacionales de las naciones donde están llegando? Si así fuera, ¿por qué en sus tierras natales no desean que regresen? Y si son venezolanos, ¿Por qué los maltratan si en Venezuela los connacionales de esos países solo han recibido solidaridad y apoyo?  Lo digo, porque estuve tres días yendo al consulado colombiano en Caracas a hacer un trámite, el cual fue resuelto con rapidez porque las largas filas que se hacían en dicha oficina era de ciudadanos colombianos que querían obtener su pasaporte. Curiosamente eran colombianos que hablaban como venezolanos.

Vale la pena entonces, traer al tapete que a pesar de la llamada “crisis humanitaria” enarbolada como justificación para la preparación de una invasión militar ”humanitaria” (disculpen la redundancia) al país, en Venezuela no hubo impedimento para que la Misión Barrio Adentro atendiera a más de 11 millones 200 mil colombianos por concepto de consultas médicas en un año, como dio a conocer el ministro de comunicaciones de Venezuela Jorge Rodríguez, quien informó que eso representa el 17% de toda la atención médica dada por ese sistema de salud pública del país. Rodríguez aseguró que “una consulta (médica) en Colombia ronda los 30 dólares”, mientras que en Venezuela es gratuita por lo que muchos ciudadanos del país vecino cruzan la frontera para acceder a la cobertura sanitaria que ofrece el gobierno de Venezuela, sin que hasta el momento haya una sola queja por falta de atención a consecuencia del país de origen del paciente. El ministro aseguró que “el 15% de todas las consultas del Hospital de El Vigía (ciudad del estado Mérida cercana a la frontera) son de colombianos que vienen a Venezuela para ser atendidos de manera gratuita”. Esto ha significado la erogación de 336.6 millones de dólares anuales al Estado venezolano, mucho más que la limosna de 16 millones de dólares que han ofrecido el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y los 35 millones de euros del presidente español, que bien podrían usarse en su país donde se reprime brutalmente a los migrantes llegados de África y el Medio Ambiente. Este “dinerillo”, -se sabe- es el precio que Sánchez, como buen presidente español, y por tanto, lobbysta al servicio de las empresas, ha pagado para “facilitar” la introducción de estas en Colombia, toda vez que varias de ellas han tenido algunos problemas con la justicia.  

Si de crisis humanitaria se trata, bien nos podríamos preguntar qué hubieran hecho los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos para financiar el nacimiento de los 582 mil hijos de colombianos que vinieron a la vida en Venezuela en los últimos 18 años, el millón de familias colombianas que recibieron sus cajas CLAP con un valor anual de 300 millones de dólares y las 438.110 viviendas que se le han entregado a familias de ese país, lo cual representa un 20% del total entregado (mucho más que el 17% que ellos representan en el total de la población del país). Los venezolanos podríamos quejarnos de endofobia, toda vez que se podría interpretar como el privilegio de los extranjeros respecto de los nacionales, pero se entiende la medida gubernamental, -que se inscribe en la tradición venezolana legada por el Libertador Simón Bolívar- de no sentirse satisfecho con la felicidad propia, cuando se sabe y se acepta que los millones de ciudadanos venidos de Colombia, Ecuador o Perú, lo han hecho en condiciones paupérrimas.

En este contexto, se me ocurría, que la llegada del Comfort pueda proponerse también, -además de su misión de acompañamiento a la preparación de la intervención militar en Venezuela- una operación encubierta para mejorar los índices de salud de Colombia, que tanto lo necesita, utilizando como excusa la ayuda a los migrantes venezolanos Es sabido que, desde Santander hasta Duque, de un presidente colombiano, se puede esperar cualquier cosa.