La semana pasada escribí sobre la
instalación del barco hospital USNS Comfort de la marina de guerra de Estados
Unidos en Colombia, utilizado el trasnochado subterfugio de ayuda humanitaria,
en este caso a Venezuela como instrumento para justificar una intervención
militar, que ha sido tradicional en la política exterior de Estados Unidos.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra
América
Desde Caracas, Venezuela
Posteriormente, me quedé pensando
si la misión del barco no persigue además objetivos ocultos y disimulados a fin
de “echar una mano” a la atribulada sociedad colombiana, precisamente en uno de
los aspectos que está más afectada: el de la salud, toda vez que se ha
transformado en práctica que los gobiernos destinen mayor cantidad de recursos
a la guerra que a las necesidades de la ciudadanía.
En esa medida, la visita del Comfort
podría ser muy beneficioso para Colombia habida cuenta que el propio ministro
de salud del gobierno anterior, Alejandro Gaviria ya en 2016 había
diagnosticado que el país vivía una crisis de la salud, motivada en un déficit
que él cuantificaba entre 350 y 650 millones de dólares aproximadamente. Las
Empresas Prestadoras de Salud (EPS) instituciones privadas que “brindan”
servicios de esa índole, presentaban a la fecha un déficit de 1.7 mil millones
de dólares, mientras que el presupuesto aprobado para el año 2017 en esa
materia, fue apenas de 260 millones de dólares. Así, el ministro se
vanagloriaba de que, a pesar de la incertidumbre, el sector se seguía expandiendo, pues la
demanda de servicios y las prestaciones crecían permanentemente. Claro, cuando
él hablaba del sector, estaba refiriéndose a estas empresas privadas que lucran
con la salud del pueblo, con el favor del gobierno.
Las EPS fueron creadas mediante la Ley 100 de 1993 con el objetivo de
iniciar el proceso de privatización de la salud a imagen y semejanza del modelo
chileno creado por la dictadura de Pinochet. Según Diana Margarita Ojeda,
Procuradora delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, lo que ocurre
es que: “Los recursos no fluyen por una serie de trabas administrativas o por
intereses ajenos al interés público; es decir, las entidades manejan el dinero
irregular e ineficientemente y a pesar de, que se han hecho esfuerzos como el
giro directo a los hospitales, algunas entidades territoriales se quedan con la
plata, no se la entregan a los hospitales como debe ser, y las EPS reciben los
recursos, pero no giran y no garantizan
la prestación de los servicios”.
Por su parte, Marcela Vélez, candidata a Ph.D. en política de salud de la Universidad McMaster de Canadá,
al hacer un análisis del servicio médico y hospitalario del país para el libro “La
salud en Colombia” de su autoría, afirmaba que: “Los organismos de control no
tienen dientes para castigar a los corruptos”, o dicho de otra manera el Estado
permite que la corrupción pulverice el sistema de salud. Vélez no tiene dudas
en asegurar que: “El principal problema se llama EPS, especialmente la
expectativa de ganancia de los intermediarios a expensas de la negación de la
atención en salud a los colombianos. El problema es que no hay manera de hacer
compatibles las ganancias de las EPS con el bienestar general de la población,
y creo que para lograr este objetivo se requiere un gran compromiso por parte
de la administración pública”.
Ese
compromiso es precisamente el que no existe, porque es imposible lucrar con la
salud y transformarla en una mercancía y al mismo tiempo conseguir “un nivel de vida adecuado que le asegure [ a las
personas], así como a su familia, la salud y el bienestar, como reza el
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En
una entrevista para el periódico bogotano El Espectador en 2016, Vélez aseguraba
que: “La Ley 100 introdujo el concepto de salud como mercancía, por lo tanto,
quedó sujeta a ser un bien transable del que los inversionistas privados, tan
sólo por servir como intermediarios, obtienen ganancia. El problema de este
modelo es que acrecienta la inequidad en salud, incrementa el gasto sin mejorar
la calidad y se interesa muy poco en el bienestar y la satisfacción de los
colombianos”, concluyendo que, “… uno de los principales problemas es que es un
sistema de salud que no es equitativo, que no brinda atención en salud de la
misma manera a todos los colombianos, y que pudiendo ofrecer una atención de
mayor calidad, no lo hace. En un país con pobreza y niños muriendo de
desnutrición, el sector salud podría estar haciendo más con los recursos que
tiene”.
A
este respecto la Redacción Digital de la cadena BLU Radio, propiedad de Caracol
uno de los dos mayores emporios comunicacionales del país afirmó que según
fuentes oficiales, solo en la segunda semana de febrero de este año se registraron 11 muertes de niños menores de cinco años por desnutrición
Así mismo, dio a conocer que la región más afectada es La Guajira que presenta
“un incremento estadísticamente significativo en la notificación de muertes por
y asociadas a desnutrición en menores
de cinco años, en comparación con el promedio de notificación de los
años 2014 a 2017”. En esa fecha del año, cuando apenas habían transcurrido seis
semanas se encontraban “en estudio más de 37 casos probables de muertes por y
asociadas a desnutrición…”.
En
el trasfondo, lo que permea todo el sistema es el afán de lucro en la salud,
así la vida y el bienestar de los ciudadanos se pone en un lugar secundario,
tras la preocupación por la obtención de ganancia. Una muestra la da a conocer
la revista colombiana especializada en noticias financieras y de economía
“Dinero” que en un artículo sobre el tema señala que Saludcoop, la EPS más
grande del país con más de 5 millones de afiliados que representaba casi el 25%
de la población activa en 2009 multiplicó su patrimonio cerca de 170 veces
desde que fue creada en 1994 hasta su liquidación en 2016 con una gigantesca
deuda, tras lo cual su representante legal Carlos Palaccino fue enviado a la
cárcel. Antes, desde 2010, cuando se abrió la indagación, la justicia determinó
que 77 directivos y contratistas serían investigados por afectación patrimonial,
sobre costos de medicamentos y desviación de recursos, es decir una gran estafa
en detrimento del pueblo colombiano. Es difícil suponer que la alianza entre
gobierno y empresarios no sea el caldo de cultivo de la corrupción que afecta a
millones de ciudadanos y que sea sólo ésta la EPS inserta en hechos de
corrupción.
En
otro ámbito, en agosto de 2017, la revista Semana publicó un artículo que
relaciona salud mental con violencia en Colombia. Expone el mencionado escrito
que, “la salud mental de los colombianos
está en un grave estado”. Señala que, en 2016, fueron asesinados 33 ciudadanos
por día por causas ajenas a la guerra, atribuyéndolo a “violencia
interpersonal, debido a intolerancia, riñas, ingesta desmedida de alcohol y
drogas en lugares públicos y lo que es peor, en los hogares, espacios inseguros
para mujeres y niños”. Las cifras que aporta el estudio son aplastantes, “según
el Instituto de Medicina Legal, cada tercer día una mujer es asesinada por su
pareja en nuestro país; cada hora dos niños son víctimas de abuso sexual en
Colombia, dos son asesinados cada día y tres abandonados”. Hasta el mes de mayo
de ese año 2017, se habían reportado 9.214 intentos de suicidio en el país; 65
cada día y dos cada hora.
Así mismo, la investigación afirma que durante 2016 se presentaron
83.000 nuevos reportes de malaria en zonas mineras, una enfermedad que se creía
superada; el departamento del Chocó reportó 54.000 casos, lo que representa el
10% de su población, según cifras del propio ministerio de salud.
Enfrentados
al dilema del recorte de los presupuestos para este año 2018, tendencia que muy
seguramente se mantendrá y profundizará en el gobierno de Iván Duque, Semana
recuerda que la evasión tributaria en Colombia alcanza el 90
por ciento, la elusión fiscal, los 2 mil millones de dólares aproximadamente, mientras
que la corrupción le cuesta al país alrededor de 17 mil millones de dólares, una
cifra cercana a los 350 millones de dólares semanales. Por su parte, “el
saqueo” al sector salud en particular, significó que las arcas del país perdieran
cerca de 1,5 mil millones de dólares. Concluye el artículo afirmando que, “el
problema en Colombia no es de recursos sino de la administración de los mismos”.
En otras palabras, el problema es el sistema capitalista depredador y corrupto para
el cual la salud del pueblo no tiene ninguna importancia.
Mientras
esta es la situación de Colombia, en Venezuela, inserta en una situación
económica muy difícil por todas las causas conocidas, viven 5.6 millones de
colombianos, 500 mil peruanos y 400 mil ecuatorianos, además de decenas de
miles de chilenos, argentinos, uruguayos, haitianos, dominicanos, palestinos,
libaneses y 1.5 millones de españoles, 1.1 millones de italianos y 900 mil
portugueses, todo lo cual ha hecho de la patria de Bolívar un país en el que el
35% de su población sea extranjera, pero a ninguno de ellos se le ha acusado
por ser causante de la crisis, tampoco ha habido manifestación alguna de
xenofobia, por esta razón. Yo mismo he tenido alumnos en la universidad que son
hijos de peruanos, ecuatorianos, colombianos y dominicanos y que hoy son
orgullosos diplomáticos de Venezuela y defienden su integridad y su soberanía
en ese terreno.
Valdría
entonces preguntarse, si acaso esos miles de ciudadanos que abandonan el país,
¿no podrían ser -muchos de ellos- connacionales de las naciones donde están
llegando? Si así fuera, ¿por qué en sus tierras natales no desean que regresen?
Y si son venezolanos, ¿Por qué los maltratan si en Venezuela los connacionales
de esos países solo han recibido solidaridad y apoyo? Lo digo, porque estuve tres días yendo al
consulado colombiano en Caracas a hacer un trámite, el cual fue resuelto con
rapidez porque las largas filas que se hacían en dicha oficina era de ciudadanos
colombianos que querían obtener su pasaporte. Curiosamente eran colombianos que
hablaban como venezolanos.
Vale
la pena entonces, traer al tapete que a pesar de la llamada “crisis
humanitaria” enarbolada como justificación para la preparación de una invasión
militar ”humanitaria” (disculpen la redundancia) al país, en Venezuela no hubo
impedimento para que la Misión Barrio Adentro atendiera
a más de 11 millones 200 mil colombianos por concepto de consultas médicas en
un año, como dio
a conocer el ministro de comunicaciones de Venezuela Jorge Rodríguez, quien
informó que eso representa el 17% de toda la atención
médica dada por ese sistema de salud pública del país. Rodríguez aseguró que “una consulta (médica) en Colombia ronda los 30 dólares”,
mientras que en Venezuela es gratuita por lo que muchos ciudadanos del país
vecino cruzan la frontera para acceder a la cobertura sanitaria que ofrece el
gobierno de Venezuela, sin que hasta el momento haya una sola queja por falta
de atención a consecuencia del país de origen del paciente. El ministro aseguró
que “el 15% de todas las consultas del Hospital de El Vigía (ciudad del estado
Mérida cercana a la frontera) son de colombianos que vienen a Venezuela para
ser atendidos de manera gratuita”. Esto ha significado la erogación de 336.6
millones de dólares anuales al Estado venezolano, mucho más que la limosna de
16 millones de dólares que han ofrecido el vicepresidente de Estados Unidos, Mike
Pence y los 35 millones de euros del presidente español, que bien podrían
usarse en su país donde se reprime brutalmente a los migrantes llegados de
África y el Medio Ambiente. Este “dinerillo”, -se sabe- es el precio que
Sánchez, como buen presidente español, y por tanto, lobbysta al servicio de las
empresas, ha pagado para “facilitar” la introducción de estas en Colombia, toda
vez que varias de ellas han tenido algunos problemas con la justicia.
Si de crisis humanitaria se
trata, bien nos podríamos preguntar qué hubieran hecho los gobiernos de
Pastrana, Uribe y Santos para financiar el nacimiento de los 582 mil hijos de
colombianos que vinieron a la vida en Venezuela en los últimos 18 años, el
millón de familias colombianas que recibieron sus cajas CLAP con un valor anual
de 300 millones de dólares y las 438.110 viviendas que se le han entregado a
familias de ese país, lo cual representa un 20% del total entregado (mucho más
que el 17% que ellos representan en el total de la población del país). Los
venezolanos podríamos quejarnos de endofobia, toda vez que se podría
interpretar como el privilegio de los extranjeros respecto de los nacionales,
pero se entiende la medida gubernamental, -que se inscribe en la tradición
venezolana legada por el Libertador Simón Bolívar- de no sentirse satisfecho
con la felicidad propia, cuando se sabe y se acepta que los millones de
ciudadanos venidos de Colombia, Ecuador o Perú, lo han hecho en condiciones
paupérrimas.
En este contexto, se me
ocurría, que la llegada del Comfort pueda proponerse también, -además de su
misión de acompañamiento a la preparación de la intervención militar en
Venezuela- una operación encubierta para mejorar los índices de salud de
Colombia, que tanto lo necesita, utilizando como excusa la ayuda a los
migrantes venezolanos Es sabido que, desde Santander hasta Duque, de un presidente colombiano, se puede esperar cualquier
cosa.
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