La actual administración de la
superpotencia vecina avanza en su empeño por destruir la institucionalidad y la
legalidad internacionales en un terreno particularmente importante: el de la
impartición de justicia por encima de las fronteras nacionales, una tarea que
se ha vuelto cada vez más necesaria en un mundo globalizado en el que
proliferan los crímenes de lesa humanidad.
Editorial de LA JORNADA / 11 de setiembre de 2018
John Bolton, asesor de Seguridad
Nacional del presidente estadunidense, Donald Trump, amenazó este lunes con
imponer sanciones a los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) que
investigan los crímenes de guerra perpetrados en el pasado reciente por
militares de Estados Unidos en Afganistán y además, emprender pesquisas sobre las
atrocidades cometidas por el gobierno de Israel en contra de la población
palestina.
Asimismo, calificó a esa
instancia de justicia de ilegítima y dijo que ya está muerta para nosotros.
Cabe suponer que las aseveraciones de Bolton, un funcionario conocido por sus
posturas atrabiliarias, su militarismo y su filiación ultraderechista, cuenta
con el visto bueno de su jefe, quien ha manifestado ideas y actitudes
parecidas, y que constituye, por tanto, un posicionamiento oficial del gobierno
estadunidense.
Significativamente, mientras
Bolton pronunciaba ese discurso en un encuentro de círculos conservadores y
ultramontanos, afuera del recinto se desarrollaba una manifestación en protesta
por la decisión de la Casa Blanca de cerrar la representación de la Organización
para la Liberación de Palestina en Estados Unidos, una determinación
terriblemente injusta que, para colmo, deja fuera a Washington de cualquier
nueva búsqueda de paz entre los palestinos y el Estado judío.
De esta manera, la actual
administración de la superpotencia vecina avanza en su empeño por destruir la
institucionalidad y la legalidad internacionales en un terreno particularmente
importante: el de la impartición de justicia por encima de las fronteras
nacionales, una tarea que se ha vuelto cada vez más necesaria en un mundo
globalizado en el que proliferan los crímenes de lesa humanidad. No puede
soslayarse, por lo demás, que buena parte de esos crímenes han sido perpetrados
por el poder militar estadunidense en sus incursiones bélicas y la justicia de
Washington suele dejarlos sin castigo por la simple razón de que han sido
ordenados desde la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado.
Es cierto que la superpotencia ha
rechazado desde siempre someterse a la jurisdicción de la CPI, pero no había
utilizado nunca semejante estridencia para descalificar a esa instancia
internacional, único y último tribunal al que pueden recurrir los pueblos
agraviados por delitos tan graves como el genocidio y la limpieza étnica.
En suma, el posicionamiento de
Washington a este respecto es una clásica reacción de la fuerza en contra de la
justicia, de la impunidad en contra de las leyes y de la barbarie en contra de
la razón, y, por tanto, empuja al mundo hacia la ley de la jungla.
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