Venezuela: Ligerezas de Monsieur Macron

En Venezuela existen dos problemas que se superponen. De un lado, los internos, de carácter económico, político y social, así como la lucha por el poder entre el sector gubernamental y el opositor. Al mismo tiempo, hay un conflicto internacional, porque Caracas se ha separado del dispositivo geopolítico occidental al que tradicionalmente pertenecía, lo que es causa de fuertes tensiones.

Leopoldo Puchi / El Universal

Hasta hace pocos días, el embajador de la República de Francia en Venezuela, Romain Nadal, ofrecía la mediación de su país a favor de la negociación y la paz en Venezuela. Por su tradicional comprensión de los procesos políticos latinoamericanos, Paris hubiera podido jugar un rol importante en una iniciativa de diálogo. Pero de repente, como un baño de agua fría, un comunicado del Eliseo le da respaldo a la demanda ante la Corte Penal Internacional contra el gobierno venezolano y le pone así fin a la expectativa creada.

Estos vaivenes, marchas y contramarchas, pudieran evidenciar una cierta inconsistencia de la política exterior francesa o tal vez reflejar los errores de juicio en los que, según la prensa gala, cae con frecuencia el presidente Emmanuel Macron, como ocurrió con el “affaire Benalla”. En todo caso, sean ciertas o no esas observaciones, el hecho de presentar a Francia un día como mediadora y al otro como parte contrincante en una pugna no puede considerarse sino como una muestra de incoherencia o de una ligereza impropia del gobierno de un país con tanto peso en el ámbito internacional.

Claro está que cualquiera puede expresar desacuerdos con las políticas de otro país. Y en relación al gobierno venezolano son numerosas las críticas de las que efectivamente puede ser objeto, bien sea por su mal desempeño económico, por las severas dificultades sociales en materia de salud y de alimentación o por el debilitamiento institucional. Pero cualquiera también sabe que son numerosísimos los países a los que se les pueden hacer cuestionamientos semejantes o más graves. Y también se sabe que la CPI no fue creada con el propósito de juzgar modelos económicos o sociales ni la ineficiencia de los gobiernos.

Desde hace tiempo se utiliza en Venezuela la expresión de “terrorismo judicial” para hacer referencia al procedimiento perverso que se utiliza cuando un litigio correspondiente al ámbito mercantil o civil es llevado por una de las partes a una instancia penal con el fin de presionar o chantajear a la otra parte para que acceda a compromisos o desista de sus posiciones.

En Venezuela existen dos problemas que se superponen. De un lado, los internos, de carácter económico, político y social, así como la lucha por el poder entre el sector gubernamental y el opositor. Al mismo tiempo, hay un conflicto internacional, porque Caracas se ha separado del dispositivo geopolítico occidental al que tradicionalmente pertenecía, lo que es causa de fuertes tensiones.

La demanda ante la CPI corresponde a la noción señalada de “terrorismo judicial”, en la medida en que una confrontación de carácter geopolítico entre Estados se le intenta llevar a una instancia penal para presionar en función de los intereses de una de las partes. Ahora bien, al apelarse a este instrumento, lo que se hace es obstruir el mecanismo del diálogo y la negociación, que serían los apropiados para dirimir tanto el conflicto internacional como el interno. Las ligerezas suelen causar daños inesperados.