"Operación Cóndor": bajo justicia histórica

En la historia contemporánea de América Latina han sido las izquierdas las que han sufrido el peso central de la persecución y las violaciones a los derechos humanos. Siempre representan un “peligro” para el capitalismo como sistema y para las fuerzas económicas y políticas que son sus beneficiarias.

Juan J. Paz y Miño Cepeda / Firmas Selectas de Prensa Latina

La noticia es de la semana pasada (julio/2019): la Corte de Apelaciones de Roma, Italia, condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas militares y represores de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú, comprometidos directamente en la “Operación Cóndor”.  Entre los condenados están los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez, Rafael Ahumada Valderrama, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez.

A ellos se suman los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada, Germán Ruiz y Martín Martínez Garay; y los uruguayos Jorge Troccoli, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, Juan Carlos Larcebeau, José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilverto Vázquez. Otros acusados, como los fallecidos dictadores Jorge Videla y Emilio Massera, de Argentina, no lograron tener una sentencia formal, por algunas trabas en el proceso.

Hoy se conoce sobre la “Operación Cóndor” por los documentos desclasificados de la CIA y otras referencias, como los “archivos del terror” descubiertos en Paraguay. A partir de 1973, cuando se derrocó al presidente Salvador Allende (1970-1973), por las gestiones de Manuel Contreras, Jefe de la Inteligencia chilena, se logró armar el Plan Cóndor con la internacional dictatorial en el Cono Sur latinoamericano, constituida por los gobernantesAugusto Pinochet (Chile), Hugo Bánzer (Bolivia), Alfredo Stroessner (Paraguay) Joao Figueredo (Brasil), Jorge Rafael Videla (Argentina) y el civil Juan María Bodaberry (Uruguay), manejado por los militares. El propósito del plan fue perseguir y desaparecer a los “marxistas”, “comunistas” y líderes “izquierdistas” en todos los países.

¿Por qué los militares se involucraron en una guerra sucia que apuntaló a los Estados terroristas levantados en la década de 1970? La explicación tiene raíz histórica.

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), al desatarse la “guerra fría” y en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947), las fuerzas armadas de los países latinoamericanos progresivamente fueron entrenadas y preparadas por los EEUU para “colaborar” y frenar cualquier avance “comunista” en la región, a través de becas para oficiales, visitas técnicas y pasantías en distintas bases o centros militares.

El más famoso fue el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, conocido también como “Escuela de las Américas”, donde se graduaron más de 60.000 militares y policías latinoamericanos, algunos de los cuales han recibido la condena italiana.

La Revolución Cubana de 1959 aceleró la preparación de las fuerzas armadas latinoamericanas para el enfrentamiento y liquidación de las “guerrillas”, que en la década de 1960 surgieron en varios países, sobre la base de intentar reproducir el camino cubano. El “comunismo” pasó a ser el enemigo a derrotar en todo el continente y se volvieron “sospechosos” una amplia gama de sectores: militantes de los partidos de izquierda, intelectuales marxistas, académicos críticos, profesionales reformistas, sindicalistas, líderes campesinos e indígenas, dirigentes populares, estudiantes, activistas y ciudadanos con alguna conciencia social.

Es increíble la cantidad de recursos empleados durante años para las labores de “inteligencia” a cargo de militares y policías, movilizados por los hilos ocultos de la CIA, el Pentágono y las estrategias imperialistas. También se generalizó en América Latina la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, originada en institutos militares del Brasil. De acuerdo con ella, además de los posibles enemigos externos, había en los países, ante todo, “enemigos internos” a quienes era necesario liquidar. Y resultó que casi los únicos enemigos de semejante importancia eran los “comunistas” e “izquierdistas” de todo tipo.

Dictaduras guiadas por militares anticomunistas educados en la ideología de la seguridad americanista, hicieron de las suyas: la Operación Cóndor dejó un saldo conocido de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y unos 400.000 presos. Se trató de crímenes de lesa humanidad y verdaderos genocidios por odio político. Los gobernantes militares que implantaron el terrorismo de Estado, creían realizar una labor protectora, de seguridad y salvadora de lo que ellos consideraban la “libertad” y la “democracia” que, paradójicamente, quedaban destruidas.

Pero hay otro elemento adicional a considerar: las dictaduras terroristas del Cono Sur contaron con el respaldo de las burguesías nacionales que, como en el caso de Chile, evidenciaron igualmente su conciencia genocida. La dictadura pinochetista operó, en esencia, a su favor, exterminando “comunistas” y edificando un país capitalista y neoliberal, que se convirtió en ejemplo “exitoso” de modernización económica y en ideal para las burguesías de otros países latinoamericanos.

Contrariando lo que ocurría en el Cono Sur, en Ecuador la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) no fue, propiamente, “anticomunista”, como lo había sido la Junta Militar (1963-1966) una década atrás. Ejecutó un proyecto reformista, desarrollista y hasta “populista”, que pretendió seguir el ejemplo del gobierno “socialista” deJuan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975).

El Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) que le sucedió, quiso inscribirse bajo el “ejemplo” pinochetista chileno, algo que felizmente para los ecuatorianos no se logró, aunque el “Plan Cóndor” sí llegó al país. La muerte del presidente Jaime Roldós (1979-1981) en un accidente de aviación que nunca quedó bien esclarecido, ha convencido a investigadores como el intelectual Jaime Galarza Zabala, que se trató de un asesinato orquestado en el marco del Plan Cóndor.

Pero hay otro régimen que tiene su propio lugar histórico en el anticomunismo de la misma época: se trata del gobierno del empresario y millonario guayaquileño León Febres Cordero (1984-1988), quien fuera auspiciado por el Partido Social Cristiano y las derechas políticas de entonces. Durante ese mandato se impuso, con arbitrariedad, autoritarismo y represión, el modelo empresarial inspirado en el neoliberalismo, que sirvió de base a los sucesivos gobiernos ecuatorianos hasta 2006. A pretexto de combatir al movimiento armado “Alfaro vive, carajo” (AVC), la persecución a todo izquierdismo formó parte de las políticas de Estado.

Dos décadas más tarde, en enero de 2008, el presidente Rafael Correa (2007-2017), mediante decreto, conformó la “Comisión de la Verdad” para investigar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen febrescorderista. Estuvo integrada por cuatro miembros: el sacerdote Luis Alberto Luna Tobar, la defensora de derechos humanos Elsie Monge, el padre de dos jóvenes asesinados en aquella época, Pedro Restrepo, y como presidente de la misma, un reconocido jurisconsulto, Julio César Trujillo, quien hasta hace poco presidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T), que impuso los cambios institucionales del Ecuador actual, cumpliendo las consignas de la “descorreización” del país.

Trujillo, quien falleció en mayo del presente año, ha pasado a ser considerado por los círculos políticos e intelectuales del anticorreísmo, como un ejemplo de virtudes, un respaldo moral de la nación y un hombre digno de los altares por su ética política. Así lo han dicho y sobre él han escrito múltiples editorialistas que recuerdan su figura y su papel en la CPCCS-T. Con esos antecedentes nadie dudará del Informe que elevó en 2010 como miembro y presidente de la Comisión de la Verdad.

Dicho Informe consta de cinco tomos. Examinó violaciones a los derechos humanos producidas en un amplio período ubicado entre 1984 y 2008, que incluyen privación ilegal de la libertad personal, tortura, desapariciones forzadas, atentados contra el derecho a la vida, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, discriminación, arbitrariedades en la lucha contra el “terrorismo”. Concluyó que el 68% de las víctimas de semejantes violaciones se produjo en apenas cuatro años, entre 1984-1988; y señaló, en forma contundente y clara: “la Comisión de la Verdad confirmó que se cometieron delitos de Lesa Humanidad durante el gobierno de León Febres Cordero”.

Como puede comprenderse, en la historia contemporánea de América Latina han sido las izquierdas las que han sufrido el peso central de la persecución y las violaciones a los derechos humanos. Siempre representan un “peligro” para el capitalismo como sistema y para las fuerzas económicas y políticas que son sus beneficiarias. A pesar de ello, los procesos históricos de la actualidad también tienen sus momentos de reacción frente a los atentados contra los seres humanos. De modo que las sentencias en Italia o la verdad otrora descubierta en Ecuador, representan la recuperación del sentido de la dignidad personal y social, pero, sobre todo, del valor supremo de la vida.