Guatemala: la agenda política post CICIG de la derecha

En Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) dejó el país el 3 de septiembre porque, literalmente, el gobierno la echó. La ejecutora fue la administración del presidente Jimmy Morales, pero ella no es más que el mascarón de proa de los grupos de extrema derecha que se sentían amenazados por los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad de los que la CICIG era protagonista.

Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica

La tendencia cultural conservadora y políticamente reaccionaria que está pugnando por hacerse dominante en el mundo, les ofrece un marco favorable para desbocar su instinto de conservación. Su ofensiva pasa por borrar todas aquellas instancias en las que están las huellas de sus abusos y crímenes.

En el Congreso de la República, impulsan una ley de amnistía para sacar de la cárcel a quienes han sido condenados por las más graves violaciones a los derechos humanos en tiempos de la guerra interna, asesinatos, secuestros, violaciones y genocidio.

Han tomado medidas para que una de las principales fuentes del accionar de los cuerpos represivos del Estado, el Archivo Histórico de la Policía Nacional, no pueda ser consultado y su acervo corre peligro que sea depredado.

Se aseguraron que en las pasadas elecciones presidenciales la candidatura de quien proponía fortalecer el régimen de derecho, y que efectivamente había sido en el pasado reciente un agente importante en su fortalecimiento, fuera separada de la contienda.

Han declarado el estado de sitio en una parte del país como parte de una campaña intimidatoria contra la población civil, ensayando una nueva etapa en su política de seguridad que tiene al combate del crimen organizado como su principal excusa para reprimir la disidencia popular.

Su agenda incluye, como ya ocurre en otras partes de América Latina, la persecución judicial contra quienes investigaron, juzgaron y condenaron a quienes son responsables de crímenes de corrupción y violencia política.

Un columnista del diario El Siglo, de circulación nacional, dice refiriéndose a la CICIG, su accionar y su partida: “no podemos olvidar cómo esta nefasta institución utilizó de forma maliciosa su poder, para cooptar a funcionarios judiciales y medios de comunicación, para desde allí, lanzar todo tipo de ataques en contra de militares, empresarios, funcionarios públicos, familiares y amigos de estos, incluso abogados, en su afán por destruir el sistema jurídico del país.”

Y agrega: “Ante esas ilegalidades no queda otro camino más que perseguir judicial y mediáticamente a los actores claves que sometieron nuestra soberanía y con ello atentaron en contra de los derechos humanos de cientos de guatemaltecos, dentro de los que se pueden mencionar a funcionarios judiciales de la talla de Jazmín Barrios, Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, Delia Dávila, Carlos Ruano Pineda y Pedro Rodolfo Laynez Lux (…), entre otros.”

Los jueces mencionados son quienes han llevado adelante algunos de los casos más sonados, como el del general Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio por la jueza Jazmín Barrios.

Pablo Xitumul, quien condenó a Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército, por los crímenes de tortura y violencia sexual infligidos en contra de Emma Guadalupe Molina Theissen y la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, de 13 años de edad, y también condenó por corrupción a la ex vicepresidenta del país, Roxana Baldetti.

Miguel Ángel Vásquez, quien lleva adelante el juicio por corrupción contra el ex presidente Otto Pérez Molina.

A estos jueces y fiscales son los que el articulista de El Siglo amenaza porque “ (…) siempre navegaron con bandera pro CICIG (…) en especial al jefe de la fiscalía especial contra  la impunidad (…) y otros de la misma ralea, incluyendo obviamente a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al Procurador de los Derechos Humanos y algunos vividores sociales. (…) A todos ellos, va dirigido este mensaje para que sepan que no vamos a descansar hasta que no sean procesados y encarcelados e incluso desprestigiados en su función pública, ante los medios de comunicación y las redes sociales (…).”

Esta es la agenda que ha venido cumpliendo la ofensiva de la derecha en Guatemala, un país que lleva años sufriendo sus andanadas prepotentes que parecen no tener fin.