En
Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) dejó el país
el 3 de septiembre porque, literalmente, el gobierno la echó. La ejecutora fue
la administración del presidente Jimmy Morales, pero ella no es más que el
mascarón de proa de los grupos de extrema derecha que se sentían amenazados por
los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad de los que la CICIG
era protagonista.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
La
tendencia cultural conservadora y políticamente reaccionaria que está pugnando
por hacerse dominante en el mundo, les ofrece un marco favorable para desbocar
su instinto de conservación. Su ofensiva pasa por borrar todas aquellas
instancias en las que están las huellas de sus abusos y crímenes.
En el
Congreso de la República, impulsan una ley de amnistía para sacar de la cárcel
a quienes han sido condenados por las más graves violaciones a los derechos
humanos en tiempos de la guerra interna, asesinatos, secuestros, violaciones y
genocidio.
Han
tomado medidas para que una de las principales fuentes del accionar de los
cuerpos represivos del Estado, el Archivo Histórico de la Policía Nacional, no
pueda ser consultado y su acervo corre peligro que sea depredado.
Se
aseguraron que en las pasadas elecciones presidenciales la candidatura de quien
proponía fortalecer el régimen de derecho, y que efectivamente había sido en el
pasado reciente un agente importante en su fortalecimiento, fuera separada de
la contienda.
Han
declarado el estado de sitio en una parte del país como parte de una campaña
intimidatoria contra la población civil, ensayando una nueva etapa en su
política de seguridad que tiene al combate del crimen organizado como su
principal excusa para reprimir la disidencia popular.
Su
agenda incluye, como ya ocurre en otras partes de América Latina, la
persecución judicial contra quienes investigaron, juzgaron y condenaron a
quienes son responsables de crímenes de corrupción y violencia política.
Un
columnista del diario El Siglo, de circulación nacional, dice refiriéndose a la
CICIG, su accionar y su partida: “no podemos olvidar cómo esta nefasta
institución utilizó de forma maliciosa su poder, para cooptar a funcionarios
judiciales y medios de comunicación, para desde allí, lanzar todo tipo de
ataques en contra de militares, empresarios, funcionarios públicos, familiares
y amigos de estos, incluso abogados, en su afán por destruir el sistema
jurídico del país.”
Y
agrega: “Ante esas ilegalidades no queda otro camino más que perseguir judicial
y mediáticamente a los actores claves que sometieron nuestra soberanía y con
ello atentaron en contra de los derechos humanos de cientos de guatemaltecos,
dentro de los que se pueden mencionar a funcionarios judiciales de la talla de
Jazmín Barrios, Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, Delia Dávila,
Carlos Ruano Pineda y Pedro Rodolfo Laynez Lux (…), entre otros.”
Los
jueces mencionados son quienes han llevado adelante algunos de los casos más
sonados, como el del general Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio por la
jueza Jazmín Barrios.
Pablo
Xitumul, quien condenó a Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del
Ejército, por los crímenes de tortura y violencia sexual infligidos en contra
de Emma Guadalupe Molina Theissen y la desaparición forzada del niño Marco
Antonio Molina Theissen, de 13 años de edad, y también condenó por corrupción a
la ex vicepresidenta del país, Roxana Baldetti.
Miguel
Ángel Vásquez, quien lleva adelante el juicio por corrupción contra el ex
presidente Otto Pérez Molina.
A
estos jueces y fiscales son los que el articulista de El Siglo amenaza porque “
(…) siempre navegaron con bandera pro CICIG (…) en especial al jefe de la
fiscalía especial contra la impunidad
(…) y otros de la misma ralea, incluyendo obviamente a los Magistrados de la
Corte de Constitucionalidad, al Procurador de los Derechos Humanos y algunos
vividores sociales. (…) A todos ellos, va dirigido este mensaje para que sepan
que no vamos a descansar hasta que no sean procesados y encarcelados e incluso
desprestigiados en su función pública, ante los medios de comunicación y las
redes sociales (…).”
Esta
es la agenda que ha venido cumpliendo la ofensiva de la derecha en Guatemala,
un país que lleva años sufriendo sus andanadas prepotentes que parecen no tener
fin.
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