El neoliberalismo implantado por el
régimen de Pinochet era -y sigue siendo- un modelo que añoran las elites más
conservadoras del Ecuador. No importa que para instalarlo sean afectados los
derechos humanos con las más atroces medidas de represión y autoritarismo.
Juan
J. Paz y Miño Cepeda / Historia y Presente blog
El pasado 11 de septiembre se recordó un hecho
doloroso para la historia de América Latina: el golpe de Estado que derrocó al
presidente Salvador Allende e instauró en Chile un Estado-terrorista comandado
por Augusto Pinochet, sostenido por militares, altos empresarios, derechas
políticas y el imperialismo. Regímenes como el de Pinochet fueron implantados
en el Cono Sur de América Latina. Esas dictaduras sangrientas provocaron miles
de torturados, desaparecidos y asesinados. El “Plan Cóndor”, estructurado por
esas dictaduras, tuvo el propósito de perseguir y aniquilar “comunistas” en
toda la región.
El pinochetismo también generó admiradores civiles y,
desde luego, entre militares que fueron educados en los mismos conceptos de la
seguridad nacional y el anticomunismo. Las fuerzas armadas de América Latina
estaban articuladas en la estrategia de combate al “comunismo”, en el marco de
la guerra fría contra la Revolución Cubana y a través del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito en 1947.
En la actualidad, esas dictaduras han merecido la
condena internacional y algunos de los jerarcas y militares involucrados en los
crímenes de lesa humanidad que cometieron, han sido juzgados.
Siempre quedan episodios históricos sobre aquellas
épocas y sus siniestros personajes. Uno de ellos es el que ocurrió en Ecuador.
A comienzos de 1956 el entonces Mayor Augusto
Pinochet Ugarte llegó a Quito como integrante de la misión militar chilena encargada
de reorganizar la Academia de Guerra del Ecuador. Regresó a su país a fines de
1959, no sin antes recibir honores y condecoraciones por su servicio al país.
Once años más tarde, en 1970, la Unidad Popular (UP),
una coalición partidista de izquierda, triunfó en las elecciones de Chile y su
candidato, Salvador Allende, fue designado por el Congreso como Presidente de
la República.
El programa de la UP concretó la nacionalización de
las minas y bancos, la intervención en la industria textil y pesquerías, el
control del capital extranjero, la profundización de la reforma agraria y un
vasto programa social y obrero. Tales políticas provocaron enormes tensiones y
la reacción de toda la derecha empresarial y política, que se lanzó a
desestabilizar al gobierno de Allende contando con el apoyo norteamericano, de
empresas como la ITT y finalmente de los militares.
El 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe
militar dirigido por el general Augusto Pinochet, que derrocó a Allende. La
dictadura terrorista, que gobernó durante 17 años, se orientó por los
principios de la “seguridad nacional”, que catalogó como “enemigos internos” a
los opositores, marxistas y simpatizantes de izquierda, finalmente apresados en
campos de concentración, cuarteles y dependencias, donde tuvieron condiciones
pavorosas.
James Carter, electo en 1977, fue el primer
presidente norteamericano que condenó las intervenciones de la CIA en Chile y
especialmente el operativo militar que derrocó a Salvador Allende. Los
horrorosos crímenes del régimen de Pinochet comenzaron a conocerse mejor.
A pesar de ello, en 1992 Pinochet retornó a Ecuador y
fue recibido por amigos militares. El presidente Rodrigo Borja (1988-1992) no
lo recibió e incluso declaró que ese general “no era bienvenido” al país. Fue
una actitud digna y correcta. Pero recibió la amplia crítica y un tenaz ataque
por parte de líderes de la derecha política y particularmente del
socialcristianismo, aupados por la gran prensa de esos tiempos.
Pocos años después, el jueves 04 de julio de 1996, la
Unión Progresista de Fiscales presentó en Valencia, España, una denuncia por la
tortura, secuestro, desaparición y asesinato de miles de personas en Chile y en
especial por los casos de 6 españoles: 3 asesinados y 3 desaparecidos. La
investigación, trasladada al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García
Castellón, logró el envío de una comisión rogatoria internacional a la fiscal
general de EEUU, para poder acceder a la información sobre “crímenes contra la
humanidad cometidos entre 1973 y 1990 en Chile o en el exterior por personas
bajo las órdenes del general Pinochet”. En un hecho sin precedentes, la fiscal
general norteamericana dispuso que la Oficina de Asuntos Internacionales preste
auxilio judicial y facilite los datos archivados en la CIA y el FBI. Incluso el
expresidente Patricio Aylwin, con quien se inició el régimen democrático en
Chile, declaró al “Excelsior” de México, que debía sentarse en el banquillo de
los acusados al general Pinochet “por todos los crímenes que se cometieron”
bajo su régimen.
En septiembre de 1997, el Parlamento Europeo aprobó,
por unanimidad, una declaración de apoyo al juicio promovido en España y
declaró que “nunca prescriben y no pueden ser objeto de una amnistía” los
crímenes “sistemáticos y planificados contra la humanidad”.
Sin embargo, ese mismo año se concretó una nueva
visita de Pinochet al Ecuador, en el marco de la reunión de comandantes de los
ejércitos latinoamericanos. En Quito recibió la condecoración con la medalla
“Vencedores de Tarqui”, por parte del Comandante del Ejército. Pero la visita
mereció el rechazo ciudadano y las protestas callejeras. Gobernaba Fabián
Alarcón Rivera, en calidad de presidente interino del país, quien no se
pronunció sobre esa presencia.
El neoliberalismo implantado por el régimen de
Pinochet era -y sigue siendo- un modelo que añoran las elites más conservadoras
del Ecuador. No importa que para instalarlo sean afectados los derechos humanos
con las más atroces medidas de represión y autoritarismo. Ese tipo de economía
abierta, basada en los supuestos del mercado libre y la iniciativa
exclusivamente privada, va acompañado con la implantación de políticas de
fuerza para someter a las poblaciones. Ha sido la experiencia de América Latina
en su historia inmediata.
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