Con el
Lawfare ya no es necesario el asesinato de gobernantes progresistas o
dirigentes políticos y populares de gran arraigo. Tampoco son necesarios
los sangrientos golpes de estado
(Guatemala 1954, Chile 1973). Basta con
tener autoridades judiciales facciosas y linchamientos mediáticos.
Carlos
Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde
Puebla, México
En noviembre
de 2001 el distinguido abogado y general de aviación Charles Dunlap Jr.
impartió en Harvard una memorable
conferencia en la que acuñó el término “Lawfare”
que en español significa “Guerra
Judicial”. A diferencia del general
prusiano Carl Von Clausewitz quien definió a la guerra como “la continuación de la política por
otros medios”, Dunlap definió al Lawfare
como como la continuación de la guerra por medios jurídicos. Pese a dicha
diferencia, ambos aforismos tienen un mismo sustrato: la esencia de la política
y la guerra es que ambas son actos de
poder. Para Dunlap, el Lawfare es el uso
del derecho como un arma de guerra que paradójicamente evita las operaciones
militares y por tanto el derramamiento de sangre. En su versión más
ortodoxa, el Lawfare es un acto jurídico
que es ejercido por militares con
objetivos militares. En suma, es un operativo militar realizado con
procedimientos jurídicos. Solucionar un diferendo territorial entre países a
través de una resolución judicial internacional, una acción judicial que
posibilita a un país bloquear económicamente a otro país, el uso del Derecho
Internacional Humanitario para neutralizar las posibles acciones militares de
un enemigo más poderoso, son algunos ejemplos de Lawfare. Por ello sus
partidarios dicen que es un procedimiento loable y emparentado con el referido Derecho
Internacional Humanitario.
No obstante,
en los últimos años hemos visto una práctica política que ha desvirtuado el
significado inicial del Lawfare. Se trata de la manipulación del derecho por actores políticos para
conseguir objetivos políticos. Esto es lo que ha sucedido en América latina en los
últimos años y sus protagonistas han sido las derechas neoliberales y
neofascistas. Se trata de seguir el precepto planteado por Alexander Hamilton
en los albores de la democracia, cuando
postuló que el poder judicial podría neutralizar a un gobierno surgido de la
votación de una “mayoría equivocada”. Otro poder fáctico también fue pensado
para contrarrestar a los gobiernos surgidos de “las mayorías equivocadas”: la
prensa. El Lawfare o Guerra Judicial o “judicialización de la política”, ha
sido el arma más letal de las derechas para derrotar a los gobiernos
progresistas surgidos en América latina la primera década del siglo XXI. Los ejemplos más conspicuos
son los observados en Brasil con el golpe contra Dilma Rousseff o en el encarcelamiento de Lula Da Silva. Pero también con los procesos
judiciales abiertos a Cristina Fernández
en Argentina, a Rafael Correa y Jorge
Glass en Ecuador y la inhabilitación
electoral de Thelma Aldana en Guatemala. Además con el neogolpismo que derribó
a Manuel Zelaya (Honduras) y a Fernando Lugo (Paraguay). En todos estos casos
la guerra judicial se vio acompañada de una guerra mediática en la que los grandes medios condenaban de
antemano a sus víctimas y destruían su imagen política.
Con el
Lawfare ya no es necesario el asesinato de gobernantes progresistas o
dirigentes políticos y populares de gran arraigo. Tampoco son necesarios
los sangrientos golpes de estado
(Guatemala 1954, Chile 1973). Basta con
tener autoridades judiciales facciosas y linchamientos mediáticos.
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