La chilenización de Costa Rica

La violencia económica institucionalizada de la “dictadura de mercado”, que ha conducido a países como Chile y Costa Rica a disputarse los primeros lugares en desigualdad en el mundo, está exacerbando la indignación ciudadana.

Alvaro Vega Sánchez / Para Con Nuestra América

Para el economista Paul Krugman, en las décadas de 1980 y 1990, tanto los políticos conservadores como liberales de los Estados Unidos pusieron la política en manos de “vendedores de ungüento de serpiente económica”; y bajo el reinado de estos “defensores de la economía de la oferta…contribuyeron a hacer de Estados Unidos un lugar más cruel y miserable como consecuencia de una política impositiva y social que favoreció a los ricos y perjudicó a los pobres” (Kraugman, Paul (2013). Vendiendo prosperidad. Pág.322)

En el Chile bajo el régimen de Pinochet se replicó aquel modelo impulsado por los llamados “muchachos de Chicago”.  Los posteriores gobiernos “democráticos”  continuaron bajo el embrujo del mismo modelo neoliberal, colocando a Chile entre los países de mayor crecimiento económico concentrado de América Latina, por consiguiente uno de los más desiguales y socialmente inequitativos. Bajo esa política fue el país que se puso a la vanguardia de la privatización de la institucionalidad social con el consecuente encarecimiento de los servicios y el endeudamiento ciudadano.

En Costa Rica no se requirió un Pinochet para imponer con mano dura las políticas fondomonetaristas de los programas de ajuste estructural. Toda una generación de políticos -que se cobijaron bajo una misma bandera- embrujados por los “vendedores de ungüento de serpiente económica” nos han conducido al empobrecimiento, el desempleo y la desigualdad escandalosa. Y ahora,  se están propiciando las condiciones para profundizar estos problemas con nuevas iniciativas privatizadoras, revestidas de reformas para paliar el déficit, como en el caso de los regímenes públicos de pensiones y medidas que buscan precarizar los salarios del sector público al equipararlos a la baja con los salarios del sector privado. Asimismo, las contrataciones público-privadas introducen una modalidad de gestión que favorece la privatización de la institucionalidad social de alta rentabilidad.

Hoy los  pueblos de América del Sur, con Chile a la cabeza, se rebelan para revertir ese modelo que concentra riqueza y distribuye pobreza y que privatiza los principales servicios sociales. Es decir, se aprestan a la defensa de sus derechos humanos y sociales, en el marco de un nuevo proyecto económico y político. Costa Rica, por su parte,  desiste de recuperar creativamente el modelo de Estado Social de Derecho, que ha hecho la diferencia en calidad humana y sostenibilidad ecoambiental, y avanza hacia la chilenización.

La violencia económica institucionalizada de la “dictadura de mercado”, que ha conducido a países como Chile y Costa Rica a disputarse los primeros lugares en desigualdad en el mundo, está exacerbando la indignación ciudadana. La clase política y gobernante tienen la responsabilidad histórica de establecer el contrapeso necesario para democratizar la economía. Si persiste en legitimar la “dictadura del mercado” se convierte en responsable directa de la rebelión y la violencia social ciudadana.  

Estamos a tiempo de rectificar el rumbo. La clase política debería “mirar para otro lado” y no seguir con más de lo mismo. En política el tiempo es fundamental, el que pestañea pierde. De seguir el rumbo equivocado perdemos todos y todas. ¿Por qué no ser más sensatos y aprovechar mejor el tiempo?

*Sociólogo costarricense