Octubre insurrecto

En el mes de octubre de 2019, han emergido una serie de acontecimientos de impugnación política de amplios sectores sociales en Ecuador, Costa Rica  y Chile contra las medidas de amplio contenido neoliberal y ajuste económico en detrimento de los sectores más vulnerables de esos países. Las cuales en gran medida han logrado ser frenadas por las grandes movilizaciones populares y sociales que en dicho mes se desarrollaron en esos países. Incluso el freno a esas medidas draconianas, también han contado con un alto costo de vidas humanas (10 en Ecuador y 15 en Chile).

Adalberto Santana / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad de México

La primera llamada de impugnación emergió en el caso ecuatoriano cuando una extraordinaria movilización de diversas comunidades indígenas se concentró en Quito para impugnar y derrotar a las medidas neoliberales que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno aplicó de acuerdo a las recomendaciones que le hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI). La movilización indígena de diversas organizaciones de ese carácter se desarrolló en gran parte del territorio del Ecuador, el cual contó con el respaldo del movimiento estudiantil, así  como de los sectores políticos agrupados en torno a la figura del expresidente Rafael Correa. Estos sectores lograron frenar las políticas fondomonetarias del llamado “Lenin el malo”.

Los fuertes enfrentamientos que en las calles de Quito, Guayaquil y otras ciudades ecuatorianas libraron esos sectores étnico-culturales, políticos y sociales impactaron a la opinión pública nacional e internacional. Así, se puso en evidencia que no fueron manipulados como pretendió hacerlo creer el mandatario ecuatoriano por el presidente Nicolás Maduro de Venezuela o por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Fue un distractor de “Lenin el malo” para tratar de desviar y responsabilizar a personajes ajenos a la cruda realidad que se ha vivido en el Ecuador desde que él llegó a la presidencia. Sus políticas de ajuste estructural, como fue establecer el decreto 883 que eliminaba los subsidios a los hidrocarburos, encarecieron los precios en el mercado lo que provocó que se incendiara la pradera. Fuego que fue todavía más atizado cuando estableció el toque de queda. Situación que estimuló mucho más el descontento popular contra sus erradas políticas económicas.  

Tras 12 días de intensas movilizaciones, el gobierno de Moreno tuvo que ceder frente a la fuerte presión indígena y popular que lo llevó a establecer pláticas formales con los sectores insurrectos. Sin embargo, la táctica dilatoria, ha llevado a que la “Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) haya anunciado el miércoles 23 de octubre la suspensión del diálogo con el gobierno por la presunta persecución contra los dirigentes de esa organización acusándolos de estar formando un ejército irregular. El propio dirigente de la CONAIE, Mario Vargas, denunció tal situación, afirmando que él no “ha hablado en ningún momento de la conformación de un ‘ejército armado´ y que no ha cometido ningún delito. No obstante, la Fiscalía General de Ecuador informó este martes que inició una investigación previa contra Vargas, por su llamado a crear un ´ejército propio´" (https://www.telesurtv.net/news/conaie-desmiente-ejercito-armado-ecuador-persecucion--20191023-0023.html). Esto deja en claro que el presidente Moreno no dejará de impulsar sus medidas represivas y fondomonetaristas apoyado por la derecha ecuatoriana. Hecho que muestra la tendencia de que en un corto y mediano plazo vuelvan a generarse un nuevo periodo de movilizaciones indígenas, populares y estudiantiles contra las políticas neoliberales del llamado “Lenin el malo”.

En el caso costarricense, los estudiantes y profesores universitarios se encuentran en huelga y han generado una amplia y gran movilización tanto en las más importantes universidades ticas, la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), como en otras del país. El origen del conflicto es el recorte presupuestal que el presidente Carlos Alvarado Quesada ordenó en ese país centroamericano al Presupuesto Especial de Educación Superior (FEES).

Ajuste que se tiene contemplado para debilitar a las universidades públicas y favorecer a los sectores del capital privado. Así, el ministerio costarricense de Hacienda, al reorientar 122 millones de dólares del gasto corriente de dichas instituciones de educación superior a medios privados, generó una violación a la autonomía universitaria lo que despertó el descontento estudiantil y de los académicos de esos centros educativos. Coyuntura que también generó que otros sectores del país reivindicaran sus propias demandas, tal como fue la movilización de los taxistas frente al fenómeno creciente de los grupos privados de empresas como Uber (presente en Costa Rica desde 2015), que llamaron a una movilización del gremio. Así, la reivindicación del movimiento estudiantil y de profesores en Costa Rica y de otros movimientos populares y sociales, han comenzado a tensar las relaciones con el gobierno de Alvarado Quesada, el cual llegó a la presidencia (el 8 de mayo de 2018) con un discurso conciliador, pero que ahora ha mostrado toda su faz neoliberal, lo que tiende a mostrar que en un corto y mediano plazo, puedan generarse nuevas tensiones en las calles y plazas públicas costarricenses. Nación latinoamericana que por largo tiempo presumió de una estabilidad y paz social como pocas en la región.

Otro caso latinoamericano donde las protestas de amplios sectores (estudiantes, trabajadores, desempleados, amas de casa, indígenas mapuches, empleados gubernamentales y de servicios entre otros) han tenido un fuerte impacto local, regional y mundial, ha sido Chile. País con más de once millones de habitantes donde impera brutalmente el régimen neoliberal (el del capitalismo salvaje),  el cual se inauguró tras el derrocamiento militar del presidente Salvador Allende el 11 de  septiembre de 1973. Desde los años de la década del setenta del siglo XX, comenzó a fraguarse el modelo neoliberal. Chile fue usado como el laboratorio para probar las reformas neoliberales y replicarlas posteriormente en gran parte de los países de nuestra América. Décadas después esa situación de constantes ajustes a la economía de los sectores más vulnerables parece que ha llegado finalmente a tocar fondo. 

Esa acumulación de conflictos económico-sociales, parece que ahora emergen sacando a flote una serie de tensiones acumuladas por años de represión pinochetista y de un modelo económico que aplicó a rajatabla las fórmulas del FMI. La capacidad organizativa del descontento popular se llegó a materializar. En unos cuantos días los estudiantes, trabajadores, indígenas y otros sectores de las capas medias han estallado en diversas ciudades chilenas como Santiago, Valparaíso, Concepción, Arica, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Iquique, La Serena, Coquimbo, Rancagua y Talca. Esta situación pone de manifiesto la debilidad del sistema neoliberal y la pujanza que alcanzan las movilizaciones populares en sus reivindicaciones más sentidas.  Si bien parece que el estallido social se inició con el aumento a las tarifas del metro en la capital del país, eso fue solo el encendido de la mecha de una gran bomba social que ha comenzado a estallar en todo el territorio del país del fin del mundo.

Comienzan a abrirse de nueva cuenta las alamedas de las que hablaba el presidente Salvador Allende, donde el hombre libre se va dando paso ahora con el estallido de la huelga general iniciada el miércoles 23 de octubre de 2019. Había afirmado Piñera que su gobierno enfrentaba a un cruento enemigo en esa guerra. Incluso llegó a recalcar que: “Cuando tenga seguridad de que el orden público, la seguridad, tranquilidad y protección de los bienes público y privado estén resguardado levantaré el Estado de Sitio (...)”. Para él y los sectores políticos de la derecha chilena y latinoamericana que lo respaldan, sabe que se viven y vienen momentos muy críticos. Incluso a la par de las demandas sociales que se reivindican en el paro nacional, la organización política de las grandes masas chilenas demandan la renuncia de Piñera. Lo cual abre un nuevo escenario en el que Chile enfrentará dos perspectivas. Por un lado una mayor represión del caduco régimen neoliberal y el otro, el avance de las fuerzas progresistas que hagan de Chile un ejemplo de insurrección democrático-popular.