Chile: Piñera va perdiendo la guerra; exige paz, sin renuncia

El llamado que ha realizado el presidente a los excarabineros y exfuncionarios de la policía civil a incorporarse a la fuerza, puede interpretarse como una medida desesperada y desconfiada del gobierno, que, al no contar con el apoyo militar, refuerza a Carabineros de Chile con el objetivo de defenderse tanto de la ciudadanía como –tal vez- de las propias FFAA. Todo puede suceder. Nada hay que descartar.

Juan Carlos Gómez Leyton / Especial para Con Nuestra América

Desde Santiago de Chile

La Huelga General convocada por la mesa de UNIDAD SOCIAL ha sido exitosa, masiva y combativa. El gobierno acuso el golpe y se encuentra, para decirlo, en términos boxísticos, en las cuerdas e incluso algunos del rincón discuten la posibilidad de “tirar la toalla” para que no sea noqueado. Su total desesperación y, sobre todo, desconcierto, perdida de brújula política ha quedado demostrado con la cadena nacional de hoy, 12 de noviembre, donde nuevamente a demostrado su soledad política, a pesar de estar acompañado de dos de sus Ministros de Estado.

En un discurso totalmente incoherente ante el momento actual. Vuelve a fojas cero, o sea, al día 18 de octubre, cuando señalo que todo lo que se vivía el país, era la acción de “vándalos y de delincuentes”. Y, por esa razón, busca dar una solución policial al problema, al convocar o llamar a todos los excarabineros y exPDI a reintegrarse a la fuerza policial. Esta medida evidencia que el Ejecutivo no cuenta con fuerzas represivas suficientes para sofocar la rebelión popular. No tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este es un punto delicado como también esperanzador como expondré más adelante.

Luego de este insólito anuncio. El presidente establece un plan político que contienen cuatro puntos, a saber: a) Un acuerdo nacional por la Paz; b) Un acuerdo nacional para condenar la violencia, c) un acuerdo nacional por una nueva Constitución y d) invocación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de todas las personas que hayan incitado, participado o promovido la comisión de delitos durante las movilizaciones sociales.

En verdad este plan es demostrativo de la debilidad política del Ejecutivo, o sea, del Gobierno como también del Estado y, si se quiere del bloque dominante. El aparato de político de la dominación está paralizado. No sabe quehacer. El desconcierto es total. Voy señalar algunos estos desaguisados gubernamentales que no ayudan en nada a lograr canalizar la demanda ciudadana.

Primero. Al comienzo de la rebelión social, el gobierno considero que estaba en guerra “contra de un enemigo poderoso”. Hoy, a los 26 días del estallido social, parece ser que la guerra la está perdiendo. Y, por esa razón, llama a la Paz. Hacer este llamado es un absurdo político total, pues el país no esta guerra. Y, si fuera cierto que la paz social esta alterada, ella tiene una solución simple y breve, que el presidente Piñera y su gobierno, renuncie. Abandonando el poder ejecutivo de la misma manera que lo hicieron los expresidentes: Fernando de la Rúa, en Argentina; Fernando Lugo, en Paraguay; o Pedro Pablo Kuczynski, entre otros, todos ellos presidentes que fueron obligados a renunciar ya sea, por masivas movilizaciones sociales o quiebres políticos institucionales. El presidente Piñera debiera tomar algunos de esos ejemplos. Para restaurar, la paz, supuestamente quebrada o alterada.

Segundo, sin embargo, insiste en quedarse en el poder. Y por esa razón, convoca a todos los partidos políticos del orden neoliberal (Chile Vamos y opositores) a condenar la violencia que, supuestamente, estarían ejerciendo los sectores sociales nombrados como “vándalos y delincuentes” “-el enemigo poderoso-” y, al parecer ellos estarían ganando la guerra.

Este llamado da cuenta lo ciego y sordo que esta el Ejecutivo, pues no ha comprendido que la rebelión ciudadana y popular no solo demanda una nueva Constitución Política, sino que también busca y exige que todos los partidos políticos y la clase política enquistada y defensora de ese orden, se vayan. No entiende que esta lucha es contra el sistema político y sus actores. En otras palabras, que se vayan todos.

Los partidos del orden, por cierto, que van a condenar la “violencia social”, para eso, no requiere un acuerdo nacional, pues estos lo han hecho en repetidas ocasiones y son majaderos en ello. Es más, estos han dividido a los sujetos movilizados en dos grupos: los manifestantes “pacíficos” y los “violentistas”. E, incluso, algunos políticos, han señalado que son estos últimos los que debieran recibir los disparos de balines que realizan las fuerzas de orden y no los primeros. O sea, para estos partidos del orden que las Fuerzas Especiales de Carabineros, maten o dejen ciego o herido a un “pacifico” es condenable, pero si matan, o dejan ciego o herido a “violentista”, es válido.

En consecuencia, este llamado solo busca atraer hacia la estrategia política del ejecutivo a los partidos opositores que siempre han tenido una postura contraria a la “violencia social y política” popular y ciudadana y favorecedores de la “violencia política estatal”. Generando, una nefasta política de fragmentación y división entre la ciudadanía movilizadas. Similar a la seguida por los sectores opositores a la dictadura de Pinochet, entre aquellos, como decía P. Aylwin, tenían las “manos limpias” y los que tenían “manos sucias”, o sea, con sangre. Esta odiosa división fue avalada por los partidos políticos que ingresaron al orden pinochetista y lo mantienen hasta el día de hoy.

Aquí nuevamente, el Ejecutivo yerra. Pues, en la movilización social actual los partidos políticos del orden no tienen nada que decir ni hacer que no sea irse y dejar el espacio de la representación en manos de las y los ciudadanos movilizados. Estos no los quieren ni les creen. Son parte de la basura histórica y política que hay que botar para limpiar la sociedad nacional a objeto de construir el nuevo y renovado régimen democrático. Lo más probable que los partidos del orden subscriban un acuerdo de esta naturaleza. Pero, ello no va a detener la movilización social. Todo lo contrario.

Tercero, para, resolver la guerra que pierde el Ejecutivo propone un acuerdo nacional por una nueva constitución política y la única participación política que ofrece a la ciudadanía sería la de votar en un referéndum aprobatorio de una nueva Constitución elaborada por la clase política. Otro yerro más del presidente y su gobierno. La ciudadanía movilizada exige participación directa en la elaboración de una nueva constitución. No votar en un plebiscito de entrada o de salida. Quiere ser sujeto y actor de la redacción de ella, a través de una Asamblea Constituyente, democrática, plural, participativa, diversa, y, sobre todo, sin mediadores. Ese es el mensaje. Y, él, no ha sido escuchado ni por el gobierno ni por los partidos del orden. El objetivo ciudadano es ejercer el poder constituyente originario de manera directa para cambiarlo todo. Mientras eso no se logre el estado de rebeldía va a continuar.

Cuarto, como siempre el Ejecutivo criminaliza la protesta al plantear que se va querellar en contra aquellos que han “incitado, participado o promovido” la movilización social. Lo que significa iniciar una persecución policial contra de los dirigentes sociales, políticos y ciudadanía que han apoyado dicha movilización. Lo cual a todas luces es un absurdo y, por cierto, una amenaza abierta que contradice su espurio llamado a la paz.

Este punto es de cuidado, puesto que puede abrir una “cacería” de ciudadanos movilizados, utilizando la delación y el soplonaje, etcétera. Frente a este escenario se requiere que tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tengan una actitud y una posición más activa en la defensa de la ciudadanía antes los constantes atropellos de los agentes del Estado. Para eso, se requiere la movilización y la participación de decenas de abogados democráticos que se pongan al servicio de estos organismos para defender a las y los ciudadanos que pueden ser inculpados por el Estado.

Quinto, es preocupante el silencio de las Fuerzas Armadas. Esto por dos razones. La primera, que su silencio obedezca a un repliegue táctico y organizativo para coordinar de manera más eficiente la acción militar destinada a sofocar la rebelión social e imponer la paz de las bayonetas. Si hay este repliegue, nos estaría confirmando que probablemente estén dispuesto a dar un “golpe” estilo Honduras contra el presidente Zelaya, en el 2009, o al estilo boliviano, que obligó al presidente Evo Morales, a renunciar. Lo cierto es que el gobierno de Piñera no cuenta con el apoyo de la FFAA, pero, ello abre el escenario para un “golpe militar breve” y de contención.

Segundo. Tal vez, estamos en presencia de unas FF.AA. profesionales y que, a lo largo de estos últimos, digamos, 20 años, desde la detención de Pinochet para acá y con la renovación de la mayoría de alta oficialidad que pertenecía al “ejercito” del dictador, este se hayan “democratizado”, sin que nadie de la sociedad civil y de la sociedad política se haya enterado. O, tal vez, producto, del desprestigio que tienen ante la sociedad, ya sea, porque su excapitán general, resulto no solo ser un brutal dictador, sino, además, corrupto y ladrón. Y, que muchos de sus generales, violadores de los derechos humanos que hoy están encerrados en Punta Peuco, además, que sus más recientes Comandantes en Jefes, estén involucrado en casos de corrupción. Todo ello, les impide moral y éticamente actuar frente a una ciudadanía que los desprecia con igual intensidad o más que a los políticos, a los empresarios, a los miembros de la Jerarquía Católica, etcétera. Por cierto, esto es así, las FFAA estarían inhibidas para actuar contra la ciudadanía. Lo cual sería muy positivo para contar con FFAA democráticas o en procesos de democratización profunda. Pero, hay peligros asociados a esta situación.

Existe un antecedente histórico que hace que, el anterior punto, aunque pueda ser positivo abra otro negativo. Cuando las FFAA entraron a participar activamente en política, en el siglo XX, ante una crisis social, política e institucional, fue en 1924, cuando destituyeron al Presidente A. Alessandri Palma y tomaron el control del país, imponiendo luego la dictadura militar del General Carlos Ibáñez del Campo, siendo este derrocado por una movilización social ciudadana en junio de 1931. Luego intentaron con Marmaduque Grove imponer el socialismo en Chile, en 1932, a través de un “golpe militar” con la llamada República Socialista, que duró 12 días. Desde ese momento por diversas razones las FFAA volvieron a sus cuarteles bastante desprestigiadas ante la ciudadanía como también ante el poder político.

El poder político del Estado, o sea, gobierno, en 1932, con la vuelta de Alessandri, no contaba con Fuerzas Armadas confiables. Ante lo cual el ejecutivo tomo dos decisiones, (a) fortalecer la policía, especialmente, a Carabineros, militarizándola; y (b) apoyando de manera encubierta a la Milicias Republicas, o sea, a civiles en armas. Estos dos dispositivos represivos, el ejecutivo, busco controlar tanto el orden interno como cualquier otro intento de intervención del Ejército, especialmente, en política.

El llamado que ha realizado el presidente a los excarabineros y exfuncionarios de la policía civil a incorporarse a la fuerza, puede interpretarse como una medida desesperada y desconfiada del gobierno, que, al no contar con el apoyo militar, refuerza a Carabineros de Chile con el objetivo de defenderse tanto de la ciudadanía como –tal vez- de las propias FFAA. Todo puede suceder. Nada hay que descartar.

Por todo lo anterior, los convocantes de la Huelga General, debieran lo antes posible volver a convocar a una nueva huelga general, pues el gobierno está lo suficientemente debilitado para obligarlo, mediante la movilización social permanente, a renunciar. Para instaurar un gobierno temporal cuya principal tarea sea convocar a un proceso constituyente donde las ciudadanías participen de manera activa y directa, con el objeto de elaborar una nueva constitución política. Esa es la tarea de los próximos días.