En busca de la gobernabilidad perdida: la política de la “Seguridad Democrática” de S. Piñera

Durante su visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, el Presidente Piñera, realizó una nueva intervención pública, la sexta desde el estallido de la Rebelión Social ciudadana y popular del 18-O. En esta ocasión el primer mandatario explicitó un conjunto de medidas destinadas a “garantizar el orden público” y, sobre todo, para mantener la paz y defender la democracia.

Juan Carlos Gómez Leyton / Especial para Con Nuestra América

Desde Santiago de Chile

Para esos efectos, Piñera anunció cuatro medidas a saber: a) solicito el apoyo del Congreso para aprobar la ley que moderniza a Carabineros y la que “fortalece” la inteligencia del brazo policial, además de la ley que persigue a encapuchados, saqueadores y personas que prendan barricadas en las calles; b) que en los próximos 60 días, producto del egreso anticipado de oficiales de policías, habrán 4.354 efectivos más en las calles; c) el asesoramiento de las policías nacionales -Carabineros y PDI- por parte de las policías de Inglaterra, España y Francia; y, por último, la medida más controversial, fue el anuncio que dentro de la semana enviará al Parlamento un proyecto de ley que permitirá a las Fuerzas Armadas poder colaborar con Carabineros en el resguardo del orden y la seguridad sin que sea necesario un decreto o declarar un estado de Excepción.

Este nuevo conjunto de anuncios e intenciones que refuerzan y se suman a la agenda de orden y seguridad planteada por el gobierno hace días atrás. Tiene diversas interpretaciones posibles. Entre ellas, la más tradicional sería que el gobierno intenta reforzar el carácter policiaco y represivo del Estado. Lo cual sin lugar a dudas es cierto y más que evidente. No obstante, con el objeto de complejizar y profundizar el análisis de esta agenda y, especialmente, del anuncio contenido en punto 4 antes señalado.

Considero que dicho planteo contiene un proyecto político-gubernamental extremadamente peligroso y atentatorio para los derechos y libertades políticas y cívicas ciudadanas, en particular, como para el régimen democrático, en general. Aunque el presidente anuncia que el proyecto de ley que enviara al Congreso, tiene como objetivo no “restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos”. Como sostendré en este comentario, de ser aprobado por el Congreso dicho proyecto de ley, va producir, justamente en los hechos concretos la restricción parcial tanto de libertades, de derechos como una “vigilancia permanente” de los ciudadanos.

El anuncio de Piñera es relevador de un hecho que ya hemos comentado anteriormente, su gobierno no cuenta con “piso” político al interior de los poderes del Estado y, especialmente, de las FF. AA para avanzar en la ruta fujimorista con el objeto de frenar la Rebelión Social en curso en la sociedad neoliberal chilena. El camino hacia una dictadura personalista con el apoyo de algunos partidos políticos de su sector, de los medios de comunicación, del empresariado nacional e internacional, de un sector del Parlamento y de de importantes sectores de la ciudadanía nacional, a 38 días de la rebelión, esta, momentáneamente, cerrado. Carece de apoyo, fundamentalmente, de parte de las FF. AA, un actor esencial para su instalación.

Ante este fracaso, el Ejecutivo y sus asesores están diseñando un nuevo plan político destinado a restringir la democracia como la actividad política de las y los ciudadanos en rebeldía. Su objetivo final sería, por un lado, obligar a la ciudadanía a abandonar la movilización social y protesta política, sacarlos de las calles, encerrarlos en sus casas, centros de estudios, de trabajo, etcétera. Y, por otro, a través de la ocupación militar de las ciudades principales del país imponer no solo la “paz armada”, sino también darle viabilidad institucional al cronograma político electoral establecido en el “Acuerdo Político por la Paz y una Nueva Constitución” logrado por los partidos políticos del orden. Pero, altamente resistido y rechazado por la ciudadanía movilizada.

El masivo rechazo ciudadano y popular al “Acuerdo” manifestado durante la última semana (18-22 de noviembre) en diversas ciudades del país ha desconcertado y dejado en la orfandad casi total no solo al ejecutivo sino también a toda la clase política firmante de él. Sumada, a la condena de parte de los organismos internacionales a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado de Chile, evidencian el naufragio del gobierno de Sebastián Piñera.

No obstante, Piñera y su gobierno, se aferran a una nueva tabla de salvación. En vez de intentar la solución militar directa. Diseña una solución política alternativa de carácter autoritaria.

En efecto, en las palabras iniciales del discurso de Piñera dan la pista, partió señalando que la “democracia, toda democracia, tiene no solo el deber sino también la obligación de defenderse de la violencia destructiva y criminal que tanto daño causa a sus ciudadanos. Y, lo tiene que hacer con los instrumentos, con las armas de la democracia y del Estado de Derecho. En consecuencia, todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia y que amamos la Paz debemos unir, ahora, nuestras voluntades y nuestras fuerzas para consolidar la Paz y para combatir la violencia. De forma de poder proteger mejor el orden público, la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos”.

En este párrafo el presidente Piñera pone el foco que para una vida segura y en paz es necesario reforzar la acción de todos los poderes del Estado y sobre todo dotar de mejores “instrumentos y armas” a los aparatos represivos de él, con el objeto de combatir la violencia y la delincuencia. Además, señala que se requiere un nuevo “Acuerdo por la Paz, la Democracia y contra la violencia”.

Para eso, propone las cuatro medidas antes señaladas. Ahora este nuevo Acuerdo identifica una y otra vez al “adversario” que atenta contra la paz y la democracia: los delincuentes, encapuchados y violentistas que construyen barricadas. O sea, en otras palabras, las y los ciudadanos que hoy se manifiestan en las calles del país en contra del orden neoliberal. Piñera, en este discurso como en los anteriores ha identificado que los enemigos de la paz y del orden público es la ciudadanía que protesta. Ellos son el “enemigo poderoso”.

Para vencerlo, para pacificar, al país. El Presidente se propone seguir el camino de su “amigo” expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, instaurar con el apoyo del parlamento, el régimen político de la “seguridad democrática”.

En efecto, este régimen político si bien no suspende del todo la democracia ni las libertades ni los derechos de las y los ciudadanos incorpora un conjunto de importantes restricciones que las condiciona y relativiza su accionar, además de dotar de facultades extraordinarias y excepcionales tanto a las policías como a los efectivos de las Fuerzas Armadas para actuar en contra de la ciudadanía, con la excusa de asegurar el orden público, la propiedad pública y privada por sobre todo, la seguridad de la vida de las y los ciudadanos.

La política de “seguridad democrática” desarrollada en los gobiernos del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue construida bajo la argumentación de la protección de la paz y la democracia. Sin embargo, habían, otras razones también políticas para su instalación.

Cabe señalar que la Seguridad Democrática propuesta por Uribe tuvo como objetivo político reforzar la figura presidencial, a través de un régimen político de tipo bonapartista, o sea, incrementar el autoritarismo gubernamental, para, avanzar en la superación de los obstáculos que limitaban, en aquellos años, la continuidad, expansión y consolidación del neoliberalismo colombiano.

En el caso de Piñera, su apelación a la seguridad democrática tiene con objetivo a evitar el derrumbe de neoliberalismo. Ese es el propósito de apelar a la inseguridad pública y a la magnificación de la violencia social para reforzar jurídicamente el accionar de los aparatos represivos del Estado.

La alteración del orden público como la violencia social que han afectado a la sociedad chilena en el último mes como consecuencia de la rebelión social ciudadana y popular magnificadas y ampliadas a tal grado por el gobierno como por los medios de comunicación de masas (TV, especialmente) han instalado el miedo, la incertidumbre e inseguridad entre la población. En un ambiente de zozobra del orden político y social, la apelación de algunos sectores de la ciudadanía como la propia desesperación del gobierno y la clase política amenazados, directamente, por la rebelión; hace que la apelación a la “seguridad estatal” se haga cada vez más intensa y para algunos extremadamente necesaria.

Por eso, el discurso de Piñera a un gran acuerdo para la Paz, la Democracia y contra la Violencia busca lograr obtener legitimidad política y social para reimpulsar su destrozado proyecto político a través de defender el ordenamiento democrático neoliberal y el Estado de derecho contenido en la espuria y ampliamente rechazada Constitución Política de 1980. Promete proteger, paradojalmente, los derechos humanos y las libertades y derechos ciudadanos, al tiempo que busca transformar a las Fuerzas Armadas en auxiliares (colaboradoras) de la función policial, lo que equivale, a ocupar militarmente el país. Como lo hizo Uribe Vélez, durante 8 años, en Colombia. Piñera busca de recuperar la legitimidad, legalidad y, sobre todo, la gobernabilidad perdida.

El proyecto de Seguridad Democrática (SD) posee una concepción conservadora, autoritaria y antidemocrática. Y, sobre todo, es un peligro para los derechos humanos de la ciudadanía. Este es una versión de la doctrina de la seguridad nacional elaborada en los años sesenta por el Imperio, para ejercerla en democracia. Por ello es necesario, insistir en la idea de que la paz y la democracia están amenazados por un “enemigo poderoso” (las y los ciudadanos movilizados) a los cuales hay que perseguir y encarcelar. A quienes el Estado-Gobierno le ha declarado la “guerra”.

El proyecto de ley que enviara al Congreso para incorporar a la FF. AA a la función policial del resguardo del orden público, va en la línea señalada obtener el Parlamento, o sea, de la clase política, actualmente cuestionada por la Rebelión, el apoyo para seguir desarrollando por otros medios legales la “guerra”.

Esta política conduce irremediablemente a la “militarización” de la sociedad, en otras palabras, a la ocupación militar del país. Miles de soldados serán distribuidos a lo largo ancho del país. En el caso colombiano se pasó de 279 mil soldados a 373 mil en menos de un año. Además, el gobierno de Uribe fomento la cooperación de cientos de ciudadanos como “delatores” que fueron debidamente compensados por el Estado. Soplonaje, espionaje y delación fueron prácticas reiteradas de la buena ciudadanía, o sea, “de los patriotas”.  Además, de una encubierta censura y persecución política contra todos aquellos medios de comunicación que osaban criticar las malas prácticas que los agentes de la SD realizaban y ejecutaban con total impunidad.

Un ejemplo, de esta praxis fue el dramático caso de los denominados “falsos positivos”.

Como todo régimen neoliberal la mejor forma de asegurar buenos resultados de sus políticas públicas es “pagar” a los involucrados en ella. Así, en su afán de mostrar buenos resultados las Fuerzas Armadas de Colombia realizaron, durante la vigencia de la SD, de cientos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos mundialmente, como “falsos positivos”. Estos fueron homicidios, presentados como “muertes en combate” cometidos por el Ejército, especialmente, con el objeto de obtener “estímulos (dinero) y ascensos.

La SD al cabo no trajo la paz ni tampoco protegió la democracia en Colombia, todo lo contrario, la violencia política estatal y la violación “legal” de los derechos humanos se impuso como una praxis sistemática de los gobiernos de Uribe Vélez. Miles de personas fueron asesinadas, desplazadas, desparecidas, torturadas, delatadas, heridas, mutiladas y sometidas a violencia sexual, etcétera.

Estos hechos demuestran que la seguridad, además de no ser democrática, no logro resolver lo que aparentemente se propuso.

Por todo lo expuesto, considero que la ciudadanía democrática y popular debe rechazar tajantemente la agenda de seguridad y orden público del decadente gobierno del Presidente Piñera, porque es una amenaza directa a la democracia como para los derechos humanos.