Panamá, los jóvenes en el centro de la crisis política

El malestar  que motiva a los jóvenes universitarios —no sentirse atendidos y con escasas oportunidades de empleo— se orienta contra las reformas constitucionales, temas de institucionalidad política y hacia una economía que no les garantiza oportunidades de realización.  

Enoch Adames Mayorga / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

Con la invasión de 1989, no sólo se desalojaba con mano extranjera el régimen militar desarrollista en fase degradada y terminal; se instauraba a su vez, sobre las tanquetas del ejército invasor, un régimen político presidencialista de contenido neoliberal. 30 años después, ese régimen político como forma de orden y dominación se muestra agotado; igual que su base económica que simula políticas de libre mercado, pero cuya estructura oligopólica trabaja para la concentración de la acumulación, bienes e ingresos. Esa desigualdad social se constituye en la matriz de grandes desequilibrios sociales y regionales internos, integrándose el país a la lista como el sexto más desigual del mundo.

La inequidad social  en jóvenes

En Panamá niños, niñas y adolecentes muestran un nivel de pobreza multidimensional del 32.8%, muy superior al 19% del conjunto de la población. En ese contexto, según informe del BID, apenas un 54.7% de los jóvenes panameños logra terminar la educación secundaria; y al no contar con oportunidades de educación y salud completa, un niño panameño que nace hoy, sólo pude esperar desarrollar en promedio el 53% de su capacidad productiva. En igual sentido, un joven panameño tendrá como promedio de estudio 11.3 años, que en parámetros de calidad educativa equivalen sólo a 7.2 años. (Jované)

En el mercado laboral la tasa de desempleo para el conjunto de la PEA es de 6.4%, en contraste  con la población joven entre 20 y 24 años cuyo porcentaje se eleva 16.7%. En el caso de las mujeres, en ese segmento de edad alcanza al 24.5% (Jované)

Las movilizaciones de los jóvenes universitarios contienen ese conjunto crítico de situaciones, pero su expresión en la coyuntura se condensa en una crisis de participación, aunque por lo pronto no asuma una expresa forma política. El malestar  que los motiva—no sentirse atendidos y con escasas oportunidades de empleo— se orienta contra las reformas constitucionales, temas de institucionalidad política y hacia una economía que no les garantiza oportunidades de realización.  

La crisis política  

El régimen político panameño de naturaleza presidencialista, centralista y concentradora, como muchos en América Latina, sus aparatos de poder se orientan a capturar y conjurar todo aquello que produce conflicto en la relación gobernantes-gobernados. Una de sus características – dado el carácter vertical de la forma política—, es el procesamiento selectivo de las emergentes manifestaciones culturales y sociales que produce de manera incesante el campo político de los intereses y de la voluntad ciudadana. 

Una de las estrategias del presidencialismo panameño es el diferir los conflictos a instancias menores de naturaleza institucional con el afán de congelar el conflicto en el entramado burocrático administrativo de la racionalidad instrumental del estado. Lo anterior genera siempre  un desfase entre las subjetividades emergentes sobre nuevos derechos, intereses y necesidades en el ámbito ciudadano de lo político; y de la voluntad o capacidad que tienen las estructuras institucionales del poder, para procesar e instituir tanto normativa como “materialmente” esas demandas en el ámbito de la política. Esa es la clave de la cuestión política de fondo: “el desfase es la crisis”.

El desfase es la crisis

En Panamá el desfase como crisis se instala  entre la propuesta de gobierno de naturaleza burocratizante, controlada y regulada de cambios institucionales por medio de una reforma constitucional de dos legislaturas a través una Asamblea Nacional—desacreditada, espacio de corrupción y privilegios—; y las aspiraciones por formas auténticas de participación centrada en  una Constituyente Originaria, concebida ésta como única fórmula que otorga a los ciudadanos  arreglos institucionales que permitan  rendición de cuentas y fiscalización de la “cosa” pública.

Legítimas reivindicaciones que proyectan una nueva institucionalidad sobre el cuestionamiento a un régimen que hasta ahora ha garantizado su estabilidad por medio de la cooptación, corrupción y el tráfico de influencias, como estrategias de control político. Es este cuestionamiento el que le da contenido al  debate constitucional y político que ha centrado su eje en la fuerte asociación que existe entre instituciones de gobierno y desempeño político. La hipótesis en desarrollo reside que en Panamá, la modalidad del sistema político potencia a nivel de crisis institucional, la fuerte desigualdad económico-social.  

La concertación inauténtica

Pocos vieron la crisis escalando en profundidad, donde el descrédito político que bordeaba la ilegitimidad, alcanzaba a toda la institucionalidad: al ejecutivo por su centralismo paralizante y espacio de políticas empresariales; a la Asamblea por la corrupción sin tapujos (planillas abultadas y negocios extraparlamentarios); y el Judicial por hacer de la justicia tráficos y negocios.

En el caso de los partidos políticos y el sistema que los articula, puso en evidencia en su quehacer legislativo, la naturaleza de dichas expresiones organizativas. Plataformas de un poder burocrático orientadas electoralmente a la clientela política, forjadoras de acuerdos inter partidarios a base de prebendas y responsables de la degradación del espacio público político.

 Este sistema de partidos, apéndice del régimen presidencialista caracteriza en gran parte la crisis de un espacio privilegiado constitucionalmente de representación política: como un espacio ausente de ideologías programáticas y de partidos carentes de identidades sociales y políticas (clivajes); que funciona como un oportunista “cartel político” que cierra filas para defender privilegios políticamente obscenos.  

Conjurar las crisis en Panamá es siempre desplazarla en el tiempo y en este caso se hace, a través de  una propuesta de Reforma a la Constitución con el propósito explícito de enmendar aquellos elementos disfuncionales que facilitan la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencia. Se  recurre a un espacio controlado y regulado denominado Consejo de la Concertación Nacional de Panamá. Espacio privado de convergencia y diálogo creado en el 2008, de naturaleza esencialmente corporativa sin elección y representación democrática, y con designaciones hechas desde el poder cuyo propósito fundante era la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo (PEN 2030).

Este es el vicio de origen y el elemento que instala la crisis en la coyuntura. El vicio inherente está en el propio Presidente y en la naturaleza de la propuesta –reforma, en su afán de regularlas, acotarlas, burocratizarlas y lo que es lo peor, intentar despolitizar un evento, eminentemente político. Sin conducción política desde el ejecutivo, termina como era lógico en una Asamblea desacreditada que saca de control el proceso al introducir inaceptables privilegios parlamentarios,  produciendo lo inesperado: La masiva protesta estudiantil.

El giro político

La crisis de representación solo puede ser superada con cambios estructurales fundamentales, tanto en la economía como en la política. Asumir que no toda institucionalidad como expresión procedimental de la democracia sirve a los valores sustantivos de ésta, es un paso delante en el programa político de la democracia plena.