El
malestar que motiva a los jóvenes universitarios
—no sentirse atendidos y con escasas oportunidades de empleo— se orienta contra
las reformas constitucionales, temas de institucionalidad política y hacia una
economía que no les garantiza oportunidades de realización.
Enoch Adames Mayorga / Especial para Con Nuestra
América
Desde Ciudad Panamá
Con la
invasión de 1989, no sólo se desalojaba con mano extranjera el régimen militar
desarrollista en fase degradada y terminal; se instauraba a su vez, sobre las
tanquetas del ejército invasor, un régimen político presidencialista de
contenido neoliberal. 30 años después, ese régimen político como forma de orden
y dominación se muestra agotado; igual que su base económica que simula
políticas de libre mercado, pero cuya estructura oligopólica trabaja para la
concentración de la acumulación, bienes e ingresos. Esa desigualdad social se
constituye en la matriz de grandes desequilibrios sociales y regionales
internos, integrándose el país a la lista como el sexto más desigual del mundo.
La inequidad social en jóvenes
En Panamá niños,
niñas y adolecentes muestran un nivel de pobreza multidimensional del 32.8%,
muy superior al 19% del conjunto de la población. En ese contexto, según informe
del BID, apenas un 54.7% de los jóvenes panameños logra terminar la educación secundaria;
y al no contar con oportunidades de educación y salud completa, un niño
panameño que nace hoy, sólo pude esperar desarrollar en promedio el 53% de su
capacidad productiva. En igual sentido, un joven panameño tendrá como promedio
de estudio 11.3 años, que en parámetros de calidad educativa equivalen sólo a
7.2 años. (Jované)
En el mercado
laboral la tasa de desempleo para el conjunto de la PEA es de 6.4%, en contraste con la población joven entre 20 y 24 años
cuyo porcentaje se eleva 16.7%. En el caso de las mujeres, en ese segmento de
edad alcanza al 24.5% (Jované)
Las
movilizaciones de los jóvenes universitarios contienen ese conjunto crítico de
situaciones, pero su expresión en la coyuntura se condensa en una crisis de
participación, aunque por lo pronto no asuma una expresa forma política. El
malestar que los motiva—no sentirse
atendidos y con escasas oportunidades de empleo— se orienta contra las reformas
constitucionales, temas de institucionalidad política y hacia una economía que no
les garantiza oportunidades de realización.
La crisis política
El régimen
político panameño de naturaleza presidencialista, centralista y concentradora,
como muchos en América Latina, sus aparatos de poder se orientan a capturar y
conjurar todo aquello que produce conflicto en la relación gobernantes-gobernados.
Una de sus características – dado el carácter vertical de la forma política—,
es el procesamiento selectivo de las emergentes manifestaciones culturales y
sociales que produce de manera incesante el campo político de los intereses y
de la voluntad ciudadana.
Una de las
estrategias del presidencialismo panameño es el diferir los conflictos a
instancias menores de naturaleza institucional con el afán de congelar el
conflicto en el entramado burocrático administrativo de la racionalidad instrumental
del estado. Lo anterior genera siempre un desfase entre las subjetividades emergentes
sobre nuevos derechos, intereses y necesidades en el ámbito ciudadano de lo
político; y de la voluntad o capacidad que tienen las estructuras institucionales
del poder, para procesar e instituir tanto normativa como “materialmente” esas
demandas en el ámbito de la política. Esa es la clave de la cuestión política
de fondo: “el desfase es la crisis”.
El desfase es la crisis
En Panamá el
desfase como crisis se instala entre la
propuesta de gobierno de naturaleza burocratizante, controlada y regulada de
cambios institucionales por medio de una reforma constitucional de dos
legislaturas a través una Asamblea Nacional—desacreditada, espacio de
corrupción y privilegios—; y las aspiraciones por formas auténticas de participación
centrada en una Constituyente Originaria,
concebida ésta como única fórmula que otorga a los ciudadanos arreglos institucionales que permitan rendición de cuentas y fiscalización de la
“cosa” pública.
Legítimas
reivindicaciones que proyectan una nueva institucionalidad sobre el
cuestionamiento a un régimen que hasta ahora ha garantizado su estabilidad por
medio de la cooptación, corrupción y el tráfico de influencias, como
estrategias de control político. Es este cuestionamiento el que le da contenido
al debate constitucional y político que ha
centrado su eje en la fuerte asociación que existe entre instituciones de
gobierno y desempeño político. La hipótesis en desarrollo reside que en Panamá,
la modalidad del sistema político potencia a nivel de crisis institucional, la
fuerte desigualdad económico-social.
La concertación inauténtica
Pocos vieron
la crisis escalando en profundidad, donde el descrédito político que bordeaba
la ilegitimidad, alcanzaba a toda la institucionalidad: al ejecutivo por su
centralismo paralizante y espacio de políticas empresariales; a la Asamblea por
la corrupción sin tapujos (planillas abultadas y negocios extraparlamentarios);
y el Judicial por hacer de la justicia tráficos y negocios.
En el caso de
los partidos políticos y el sistema que los articula, puso en evidencia en su
quehacer legislativo, la naturaleza de dichas expresiones organizativas.
Plataformas de un poder burocrático orientadas electoralmente a la clientela
política, forjadoras de acuerdos inter partidarios a base de prebendas y
responsables de la degradación del espacio público político.
Este sistema de partidos, apéndice del régimen
presidencialista caracteriza en gran parte la crisis de un espacio privilegiado
constitucionalmente de representación política: como un espacio ausente de
ideologías programáticas y de partidos carentes de identidades sociales y
políticas (clivajes); que funciona como un oportunista “cartel político” que
cierra filas para defender privilegios políticamente obscenos.
Conjurar las
crisis en Panamá es siempre desplazarla en el tiempo y en este caso se hace, a
través de una propuesta de Reforma a la
Constitución con el propósito explícito de enmendar aquellos elementos
disfuncionales que facilitan la corrupción, la impunidad y el tráfico de
influencia. Se recurre a un espacio
controlado y regulado denominado Consejo de la Concertación Nacional de Panamá.
Espacio privado de convergencia y diálogo creado en el 2008, de naturaleza
esencialmente corporativa sin elección y representación democrática, y con
designaciones hechas desde el poder cuyo propósito fundante era la elaboración
de un Plan Estratégico de Desarrollo (PEN 2030).
Este es el
vicio de origen y el elemento que instala la crisis en la coyuntura. El vicio
inherente está en el propio Presidente y en la naturaleza de la propuesta –reforma,
en su afán de regularlas, acotarlas, burocratizarlas y lo que es lo peor,
intentar despolitizar un evento, eminentemente político. Sin conducción
política desde el ejecutivo, termina como era lógico en una Asamblea
desacreditada que saca de control el proceso al introducir inaceptables
privilegios parlamentarios, produciendo
lo inesperado: La masiva protesta estudiantil.
El giro político
La crisis de
representación solo puede ser superada con cambios estructurales fundamentales,
tanto en la economía como en la política. Asumir que no toda institucionalidad
como expresión procedimental de la democracia sirve a los valores sustantivos
de ésta, es un paso delante en el programa político de la democracia plena.
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