Chile: Hacia una Asamblea Constituyente autoconvocada

El poder constituyente popular debe elaborar y redactar su propia constitución, tal como lo hizo a comienzos de siglo, Luis Emilio Recabarren, tal como lo hicieron los constituyentes populares en 1925. Pero no cometer el error político de confiar en el poder constituido ni civil ni militar. Ellos han estado al servicio del poder del capital. Un siglo de historia debiera ser útil para no volver a equivocarse. Cien años de “amargura” es suficiente.

Juan Carlos Gómez Leyton / Para Con Nuestra América

Desde Santiago de Chile

“…casi siempre, cuando los flujos de insubordinación y lucha social alcanzan cierta fuerza, por lo general surgen voces que se deciden a ensayar la vía electoral y participar en la esclerótica madeja institucional…: unos quedan atrapados en elegantes jaulas legales e institucionales en las cuales sus movimientos quedan constreñidos; los otros fuera de tales jaulas, quedamos con una amarga sensación de expropiación de lo que había sido posible construir en conjunto”.

Raquel Gutiérrez Aguilar, Horizontes comunitario-populares,  Puebla, México, 2017.

El presente artículo tiene como objetivo retomar la reflexión política sobre el Estallido-Rebelión Social de octubre de 2019, luego de cierto silencio escritural público, en razón a un conjunto obligaciones académicas realizadas fuera de Chile. Una corta pero ajetreada estancia en la Universidad de Huancavelica en Perú, me permitió la posibilidad de salir de la turbulencia política nacional y observar el proceso desde las alturas cordilleranas andinas. Mi preocupación por entender las formas de la política y lo político en tiempo de rebelión me llevo reconsiderar todo lo pensado hasta ahora sobre los procesos constituyentes latinoamericanos. Específicamente, mis interrogantes se centran en las potencialidades de la transformación política de esos procesos para la reproducción de la vida de los sectores populares. Los límites para la emancipación social-popular que los procesos constitucionales han mostrado tener en los diversos países de la región abren muchas interrogantes. Estos límites han quedado trágicamente expuestos en Ecuador, con el gobierno de Lenin Moreno o en el golpe de estado ciudadano y policiaco en contra de Evo Morales, en Bolivia. Nos alerta acerca de las limitaciones y constricciones que el actual proceso constituyente posee para los sectores populares subordinados y dominados en Chile.

La historia reciente de Nuestra América nos ilumina sobre lo que no debiéramos hacer y, sobre todo, lo que debiéramos impulsar para no quedar como dice Raquel Gutiérrez “con una amarga sensación de expropiación” de lo que realmente podemos construir. El dilema que se nos viene es “participar o no participar” en el proceso constituyente que hoy el gobierno de S. Piñera propone al país.

A continuación, voy argumentar que la ciudadanía en rebeldía desde el 18-O no debiera participar ni avalar ni acatar esa propuesta, debiera ignorarla y rechazarla completamente. Hacerlo sería una nueva equivocación política e histórica semejante a la cometida por el movimiento democrático nacional en 1988. Pero, tampoco se trata de quedarnos “amargados” y refunfuñando nuestra rabia colectiva. No, debemos dar un paso adelante o varios pasos, impulsar la auto convocatoria a una Asamblea Plurinacional Constituyente, popular, paritaria, democrática e insurgente.  Pienso que esta es la única opción política que tenemos las y los ciudadanos rebeldes para gestionar revolucionariamente la grieta política e histórica abierta el 18-O, de lo contrario tendremos nueva constitución, pero el capital seguirá controlando la estructura del poder en la formación social chilena. La grieta actual es muy amplia y ramificada, mucho mayor que todas las provocadas por los estallidos sociales anteriores (2006-2011-2013-2018).

No obstante, aún no se produce el derrumbe ni tampoco el big bang. Ni tampoco estamos ante una revolución. Solo estamos frente a una poderosa sublevación social y política cuya principal limitación se encuentra en el uso de la violencia política revolucionaria. Esta, a pesar de todo, el miedo que evidencian diversos grupos sociales como el gobierno, se ha quedado corta en provocar la dislocación y desestructuración de los poderes constituidos. Es, justamente, esa cortedad política, la que abrió la estructura política de oportunidades para que el Ejecutivo y el Legislativo ofrecieran como acto político sacrificial, entregar a la multitud rebelde, la Constitución Política de 1980. A cambio de controlar y dirigir el proceso de redacción y elaboración de nueva Constitución. Que no es más que otra “jaula de hierro” destinada a preservar y mantener la dominación capitalista. Y, en lo posible, dejar, a todos aquellos que buscan cambiarlo todo, fuera del proceso.

Estamos en pleno proceso constituyente político-estatal abierto gracias al Estallido Social de 18-0, la discusión se ha centrado, fundamentalmente, en los aspectos procedimentales del mismo. En realidad, desde que el poder constituido obligado y bajo la presión de la movilización callejera de millones de ciudadanos y ciudadanas -que exigían la renuncia del Presidente de la República, Sebastián Piñera- aceptó una salida menos radical: acceder a la posibilidad de realizar un cambio político constitucional. El cual se vio viabilizado políticamente, el 15 de noviembre, al concretizarse el acuerdo entre los partidos políticos del oficialismo, Chile Vamos, y de la oposición política, con excepción del PC, del PH, entre otros. La discusión sobre la demanda de una nueva constitución política se institucionalizo en los espacios de los poderes constituidos, es decir, ejecutivo y legislativo y que fue monopolizada por los partidos políticos.  Aunque, ello no quiere decir, que en los espacios de la política popular y ciudadana el tema dejara de ser analizado, discutido, deliberado y opinado. En realidad, ese proceso ha seguido su rumbo propio, solo que no tiene la visibilidad ni la atención tanto de los grandes medios comunicación como, incluso de los medios alternativos de comunicación, tanto unos y otros siguen los vaivenes de la discusión política oficialista e institucional del proceso constituyente.

A un poco más de dos meses del Estallido Social, la rebelión popular y ciudadana, ha bajado su intensidad y masividad callejera, el estado de rebeldía se mantiene latente. Tengo la impresión que esta ha comenzado a ser encauzada, dirigida y regulada por la política institucional. Si bien, la rebelión logró que el poder constituido aceptara modificar integralmente de la Constitución Política del Estado de 1980. Lo cual, sin lugar a dudas, es un gran triunfo político y una gran derrota histórica tanto de la clase dirigente como del gobierno de S. Piñera, es un triunfo parcial y limitado.

En efecto, a pesar del triunfo político popular y ciudadano, no son ellos los que están conduciendo, ni dirigiendo ni diseñado el proceso político que debiera concluir en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.  Todo lo contrario, son, justamente, sus adversarios políticos, la clase política parlamentaria y partidista como el decadente gobierno de S. Piñera, los que se han apropiado de él, lo han diseñado y perfilado. Respondiendo más bien a su intereses políticos e ideológicos que a los intereses de los sectores movilizados y en rebeldía. Estos sectores han sido excluidos políticamente de ese proceso. Por lo tanto, lo que se tiene hasta ahora es una propuesta de proceso constituyente, entiéndase las formas, las reglas, fechas y participantes, acordadas entre los partidos políticos y el gobierno con la total exclusión y ausencia de la ciudadanía rebelde. 

Este proceso político constituyente se le presenta como único, exclusivo y legítimo. Ante el cual la ciudadanía nacional deberá aceptarlo y someterse a él. Surge, entonces, la pregunta ¿debiera la ciudadanía rebelde que se levantó el 18-O -en contra del sistema político en su integridad- aceptar lo que sus adversarios le proponen y obligan acatar? 

Desde el acto de sublevación, desde la voluntad insurgente y rebelde, que motivo la acción colectiva insurreccional ciudadana y popular del 18-O hasta el día de hoy, la respuesta a dicha interrogante, debiera ser, no.  No, la ciudadanía rebelde no está obligada aceptar ni acatar lo que sus adversarios políticos proponen. Las razones son varias, a saber.

La primera de ella, es, la falta total de legitimidad política que poseen las actuales autoridades políticas tanto del ejecutivo como del parlamento.

Segundo, no poseen la representación política para arrogarse la “voluntad ciudadana soberana” y proponer un diseño institucional y político elaborado sin la participación de los y las ciudadanos.

Tercero, no tienen credibilidad ni la confianza política requerida por la ciudadanía para asumir tan importante y trascendental tarea política e histórica.

Inclusive los diversos actos reñidos con la ética política, la falta de transparencia política como las diversas rencillas internas, las mentiras, las traiciones, y un largo etcétera, que estos mismos actores han protagonizado desde el 15 de noviembre a la fecha, no hacen más que confirmar las tres dimensiones señaladas que lo inhabilitan para hacerse cargo de ese proceso político. No son confiables.

Por lo anterior, la ciudadanía rebelde debiera desechar y rechazar cualquier propuesta que provenga de estos sectores. Y, comenzar a construir su propia propuesta de proceso constituyente de manera autoconvocada, autónoma e independiente. E, inclusive iniciar el proceso de redacción y elaboración de la nueva constitución política conformando una Asamblea Plurinacional Popular Constituyente, APPC. 

Esta APPC, sería una instancia plurinacional, paritaria, popular y democrática que se organiza en el espacio local territorial (barrios), comunal, regional y nacional que elabora y produce una Constitucional que recogería los principales principios ordenadores de una nueva forma estatal: un Estado Federal Plurinacional; un nuevo régimen político, la democracia multi-institucional social; un nuevo régimen de gobierno, parlamentario unicameral, conformado por representantes-mandantes, con representación por mandato  y, sobre todo, por una nueva forma de desenvolvimiento económico donde predominen los derechos colectivos-ciudadanos-populares sobre los bienes comunes y los derechos de la naturaleza, por ejemplo.

La elaboración y redacción de esta Constitución Política la produce directamente el poder constituyente popular autoconvocado, sin la intermediación del actual poder constituido. Sin la participación o intermediación de los partidos políticos del orden neoliberal. Sin estar enmarcado ni sometido ni al calendario ni a los procedimientos establecidos entre los actores del poder constituido.

Como ya se ha dicho, la principal tarea de la APPC autoconvocada sería la redacción de la una nueva Constitución Política del Estado Plurinacional chileno. Ella debiera expresar la voluntad soberana de los sectores subalternos o dominados de la sociedad chilena o de todos aquellos sectores sociales que rechazan y se oponen al espurio poder constituido actual.

La ciudadanía popular y los diversos sectores sociales y políticos rebeldes han sido categóricos y extremadamente directos en manifestar su total rechazo político a estos poderes para considerar que van acatar lo propuesto. Es, completamente, insano suponer aquello.

Dado que estamos seguros que la soberbia de la clase política enquistada en la actual forma de Estado se considera legítima para producir no solo el proceso constituyente sino también una nueva Constitución. Lo que significaría que, al cabo de un tiempo, año 2020, la sociedad chilena podría tener dos propuestas constitucionales: la popular y la del poder constituido.

Por lo tanto, la ciudadanía toda, desde las y los mayores de 16 años en adelante, tendrían la opción de votar por una u otra Constitución Política. Para tales efectos, las reglas electorales debieran ser otras a las actuales. Por ejemplo, la exigencia de un quorum mínimo de participación para la aprobación de una u otra constitución. Este debiera ser igual o superior al 80% del patrón electoral. Y, la opción ganadora debiera obtener el 51% de los votos emitidos. En el caso que el quorum mínimo no se lograra. Se debiera abrir un nuevo proceso de información ciudadana. En donde los dos proyectos constitucionales debieran ser presentados a la ciudadanía, analizados, discutidos y modificados si se estimara conveniente y nuevamente sometidos a la consideración ciudadana. E, inclusive, todas y todos los ciudadanos que consideraran que ninguna de las propuestas sea optima, podrían presentar una tercera opción constitucional.

De ninguna manera debemos considerar que el proceso constituyente es uno solo, sino estos pueden ser varios y diversos, pues ellos deben expresar a la ciudadanía nacional que es heterogénea y multifacética. No existe un solo poder constituyente, en una sociedad de clases, cada clase social, puede manifestar ese poder.

Por eso, el poder constituyente popular debe elaborar y redactar su propia constitución, tal como lo hizo a comienzos de siglo, Luis Emilio Recabarren, tal como lo hicieron los constituyentes populares en 1925. Pero no cometer el error político de confiar en el poder constituido ni civil ni militar. Ellos han estado al servicio del poder del capital. Un siglo de historia debiera ser útil para no volver a equivocarse. Cien años de “amargura” es suficiente.