América Latina, ¿otra década perdida?

 La pandemia del covid19 provocó un retroceso brutal en los indicadores de desempeño socioeconómico de nuestra región, exacerbando “las grandes brechas estructurales” y enfrentándonos a “un momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis”: así lo documenta la CEPAL en su informe Panorama Social de América Latina 2020, presentado recientemente por el organismo.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

La crisis alcanza tales dimensiones que tendríamos que remontarnos hasta inicios del siglo XXI, cuando todavía sufríamos la herencia de los años más duros del neoliberalismo salvaje de la década de 1990, para encontrar registros similares en materia de pobreza extrema: en 2020, el porcentaje de personas viviendo en esta condición fue de 12,5% de la población (8 millones más que en 2019), apenas una décima más alto que el 12,4% alcanzado en el año 2000, en los tiempos en que gobernaban los Fernando de la Rúa, Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Hugo Banzer o Gustavo Noboa, por citar sólo algunos de los paladines del neoliberalismo criollo. Y si miramos la variable de la pobreza, encontramos que en 2020 cayeron en esta condición 22 millones de personas más que en 2019, un 33,7% de la población.  Esto equivale a 209 millones de personas. Es decir, un tercio de los habitantes de nuestra América no logra satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, acceso a bienes y servicios mínimos). Un dato muy próximo al del año 2005, en los albores del ciclo progresista y nacional-popular, cuando se registraron 210 millones de latinoamericanas y latinoamericanos bajo el umbral de la pobreza. Y todo esto, en un escenario en el que la desigualdad en la distribución del ingreso fue un 5,6% más alta que en el 2019 y la tasa de desocupación llegó al 10,7%.

 

Para la CEPAL, este deterioro generalizado de las condiciones vida en la región, que no obedece sólo a la contracción de la actividad económica, sino también a las deficiencias acumuladas de los sistemas de salud y educación pública, “podría forjar un círculo vicioso de pobreza y mal estado de salud en el caso de amplios sectores de la población, lo que repercutirá en las sociedades a largo plazo. En particular, en tiempos de crisis, los déficits de protección social pueden afectar de manera catastrófica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, con impactos críticos en el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de capacidades humanas”. Y como lo advierte el informe, esta dinámica excluyente, de “discriminación institucional y falta de perspectiva intercultural”, se expresa con mayor violencia hacia las mujeres, las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas. Otro tanto cabe decir en materia educativa, toda vez que “la crisis aumentará el riesgo de abandono escolar de los estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad [unos 3 millones en América Latina], dado que la interrupción de las clases presenciales disminuye el apego a la escuela y la motivación de los estudiantes y de sus familias, a lo que sumarán las mayores dificultades económicas a las que estas se enfrenten”. 

 

Por enésima vez, la CEPAL reitera que “ante una situación excepcional como la pandemia y las demandas ciudadanas de una sociedad más igualitaria y con plena garantía de derechos, hay una oportunidad para el cambio”, mas para ello se requiere “plantear con urgencia la necesidad de un nuevo pacto social como instrumento político para un cambio verdaderamente estructural”, sobre la base de un diálogo amplio, participativo, democrático, en el que incluso los actores más poderosos estén dispuestos a realizar concesiones en sus intereses inmediatos, “ con miras a lograr una situación más estable, provechosa, legítima y sostenible para el conjunto de la sociedad”. Y concluye el informe: “Para evitar otra década perdida, es clave construir un Estado de bienestar que asegure servicios públicos universales y de calidad –educación, salud, transporte, servicios ambientales— y amplíe el acceso a estos, reduciendo las brechas de bienestar”.

 

Sabemos que el tiempo juega en nuestra contra; que la necesidad de forjar nuevos pactos sociales que hagan viables a los Estados latinoamericanos es impostergable; y que las vejaciones a la dignidad humana de los millones de personas que se consumen en la pobreza en nuestra América interpelan la conciencia de todos y todas. Pero, por desgracia, no se vislumbran con claridad las condiciones para avanzar en la dirección del cambio en sociedades como las nuestras, cada vez más fragmentadas y desiguales; tampoco los caminos alternativos que los diferentes actores, grupos y movimientos sociales podrían seguir para impulsar -y sostener frente a las adversidades políticas- transformaciones estructurales de amplio alcance (con el agravante de que los foros y espacios de concertación política regional forjados en la primera década de este siglo, prácticamente fueron devastados por los gobiernos de derecha emergentes). Y más difícil aún resulta imaginar a las élites de muchos de nuestros países dejando de lado su docilidad frente a la lógica de la austeridad que imponen los organismos financieros internacionales -como el FMI, que ha vuelto a la carga en América Latina-, y en su lugar, abrir las puertas de la construcción democrática, horizontal y participativa de las soluciones a la crisis. Así, la década perdida parece inevitable.