El legado de Iván Duque se sintetiza en tres asuntos que muestran la importancia de tener los organismos de control a su servicio.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde Colombia
Primero. Avanza la Fiscalía en su decisión de absolver a Uribe. Desde el comienzo se supo que el fiscal delegado, convertido en defensor del expresidente, pediría la preclusión del caso, a pesar del sólido proceso adelantado por la Corte Suprema de Justicia, que llevó a su detención domiciliaria hace un año. Recordemos que varios de los testigos del caso han desaparecido.
Lo que ocurre ahora es escandaloso. Contra toda evidencia, el fiscal aseguró que no tiene ni tendrá sustento para llevar a Uribe a juicio. Anunció en cambio investigación en contra del senador Iván Cepeda y otros testigos.
En esto, la Fiscalía tiene antecedentes recientes. En el caso del narcotraficante Ñeñe Hernández, supuesto financiador de la campaña de Duque, los únicos detenidos fueron dos funcionarios del CTI que hicieron las interceptaciones donde se conoció el delito. Pero no hubo investigación, a pesar de las evidencias.
El patriarca del Ubérrimo pretende seguir ejerciendo el poder a sus anchas. Su despliegue de patanería y misoginia frente a la Comisión de la Verdad sirvió para ratificar que desconoce el Acuerdo de paz y sus instituciones.
Segundo. Cada día se difunde información más grave sobre el asesinato del Presidente de Haití. Aunque los móviles precisos no están del todo claros, algunos de los mercenarios cuentan de manera escalofriante cómo operaron en la noche del 7 de julio.
Al menos cuatro colombianos dirigieron el operativo. Todos fueron soldados de élite, integrantes del Comando Especial del Ejército colombiano contra el narcotráfico. Entraron a matar a todo el mundo, hasta las mascotas, para no dejar testigos, confesó uno de ellos.
Pero en esta historia lo más insólito son las declaraciones del gobierno. “Sé que los militares de Colombia no son, jamás y bajo ninguna circunstancia, mercenarios que vayan a ir de oficio a cometer ningún crimen en ningún lugar”, dijo la vicepresidenta-canciller una semana después de los hechos.
Ahora se concentra en clamar por la defensa de los derechos de los mercenarios. Hizo el llamado en el Consejo Permanente de la OEA, convocado para abordar la crisis de Haití. Es una preocupación que no tiene ni ha tenido el gobierno por los más de quince mil prisioneros colombianos en los cinco continentes.
Por supuesto, tampoco la tuvo con los cientos de jóvenes procesados y desaparecidos en el reciente estallido social. La Defensoría del Pueblo, de poca actividad en este país tan convulsionado, se dedicó a velar por la suerte de los mercenarios.
Entre tanto, Duque niega cualquier relación con el venezolano Intriago, dueño de la empresa reclutadora de los mercenarios, a pesar de las fotos y videos. Pero le pidió una vez más e a EEUU declarar a Venezuela promotor del terrorismo.
Como si fuera poco, la empresa que coordinó el envío de los exmilitares desde Colombia fue contratista de software de la Registraduría durante las pasadas elecciones presidenciales.
Tercero. El Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones le otorgó un billonario contrato para la conectividad de escuelas rurales apartadas del país a un consorcio sin capital ni experiencia, que además suministró datos y pólizas falsas. Cuando ya había evidencias de incumplimiento, recibieron un anticipo por $70.000 millones de pesos, que fueron girados a Delaware, un paraíso fiscal.
Fue un proceso viciado desde el comienzo. La propuesta ganadora fue estructurada por el propio asesor de la ministra. Emilio Tapia, del Carrusel de la contratación de Bogotá, y otros reconocidos corruptos de las grandes ligas están involucrados en el contrato. Se supo que tienen otros contratos con el Estado en varias regiones y asuntos. Los organismos de control, tan obsecuentes con el gobierno, no prestaron ninguna atención
Los escándalos de corrupción han sido múltiples en Colombia. Sin embargo, este es quizás el que refleja un mayor grado de cinismo y desfachatez por parte del gobierno y del poderosísimo clan Char, al cual pertenece la ministra. Duque le expresó todo su respaldo y anunció que recuperaría el dinero. Mientras tanto, los niños y niñas más vulnerables del país seguirán sin conexión de internet.
Las exoneraciones de responsabilidad a los corruptos son múltiples. Hace cuatro meses la Procuradora archivó la investigación por el tremendo desfalco de Reficar, señalando que sus autores obraron de buena fe. Martínez Neira, “el fiscal cianuro”, fue exonerado en el Congreso por su participación en Odebrecht, en complicidad con el gran banquero.
En medio de semejante crisis social, se siguen feriando los recursos del Estado. En columna reciente, Edwin Palma, presidente de la USO, llamó la atención sobre cómo la venta de ISA a Ecopetrol, violando todas las normas constitucionales, legales y éticas, le permitió al gobierno recibir $14.5 billones que, en vísperas de elecciones, le servirán para financiar las campañas de los clanes.
Sin duda, un enorme legado para las nuevas generaciones.
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