La operación del Ejército en una reunión comunal en Puerto Leguizamo dejó 11 muertos y las alarmas prendidas por los líderes de las comunidades más vulnerables.
Pero no son solo crímenes denunciados y probados una y otra vez, sino toda la parafernalia para esconderlos o minimizarlos. Estigmatización de las víctimas, montajes, libretos repetidos por los grandes medios, amenazas abiertas o soterradas a líderes y lideresas, periodistas, jueces, son la constante.
En territorios y ciudades, el deterioro del orden público aterra. La razón principal es la decisión del gobierno de sabotear el Acuerdo de paz y su insistencia en culpar al narcotráfico en abstracto.
Las conexiones entre altos mandos militares, algunos en retiro, y el llamado Clan del Golfo han sido objeto de denuncia permanente. En el caso del Chocó, en ello vienen insistiendo desde las autoridades eclesiásticas hasta los alcaldes locales, que no entienden la pasividad militar frente a estos grupos. La crisis humanitaria se expresa allí en desplazamientos y confinamientos permanentes, ante la indiferencia del gobierno central.
Pero nos ocupa ahora un episodio reciente, sucedido al sur del país. El lunes 28 de marzo el Ejército incursionó en la vereda del Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en una reunión comunal. Dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos un joven de 16 años, el presidente de la Junta de acción comunal y su esposa y el gobernador indígena del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche, reconocido líder ambiental y social.
De inmediato, en una acción previsible, el ministro de Defensa justificó la acción criminal como un operativo cuidadosamente preparado contra las disidencias de las Farc, que en efecto se mueven en la región. Según él, las personas “neutralizadas” serían el resultado del enfrentamiento con uno de estos grupos.
En el mismo sentido, aunque con mayores bríos, se pronunció también el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, tan cuestionado por sus oscuros vínculos. Señaló que la planeación y ejecución de la operación tardó 15 días y contó con un asalto aéreo y una infiltración en el sitio durante los 10 días previos.
Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la comunidad y los medios de prensa locales contradicen la versión oficial. Un informe que ha circulado profusamente por las redes recoge testimonios de habitantes de la vereda y de familiares de los muertos. Se dice allí que el Ejército entró disparando sin previo aviso, asesinando a sangre fría a personas que se encontraban en un bazar.
Según el informe, varias personas trataron de huir del lugar, por tierra y agua, pero algunas fueron rematadas por miembros del Ejército. Los heridos murieron sin que los militares atendieran sus llamados de auxilio ni permitieran el ingreso de sus familiares.
Se produjo también el desplazamiento hacia Ecuador en un número no establecido de personas, en busca de refugio. Por ello, se advierte del subregistro de quienes desaparecieron como consecuencia del ataque.
Los relatos de los testigos señalan además que los militares intentaron manipular la escena del crimen. Pusieron fusiles para justificar que los muertos pertenecían a los llamados «comandos de frontera». Según Álvaro Rivadeneira, líder indígena de la zona y amigo del gobernador asesinado, la gente venía trabajando desde hacía tres semanas en los bazares comunitarios que realizan cada vez que requieren recolectar dinero para resolver las necesidades de las comunidades.
La OPIAC (Organización Nacional Indígena de la Amazonia Colombiana) refiere que la comunidad asegura que el Ejército activó explosivos para destruir las evidencias y evitar el reconocimiento de los cadáveres.
Se informa también que el levantamiento de los cuerpos lo hizo el Ejército y no la Fiscalía, lo que impediría esclarecer los hechos.
De nuevo se encendieron las alarmas en el país y entre la comunidad internacional por la suerte de los líderes y lideresas sociales y las comunidades más vulnerables. Claramente, es un operativo con carácter intimidatorio. La gente se desplazó masivamente hacia otras cabeceras municipales y resguardos por temor a las represalias.
Los bombardeos del ejército a supuestos campamentos de las disidencias en Caquetá y Guaviare, en los que fueron asesinados niños y niñas reclutados a la fuerza, fueron un precedente escandaloso de los últimos dos años.
Por último, el desespero frente al futuro inmediato del país, por parte de quienes defienden la guerra y el despojo, es notorio. En un artículo reciente, el exministro Gabriel Silva hace referencia a una reunión de Uribe con altos mandos militares, retirados pero poderosos, dignos representantes del sector “tropero”, tan afín al expresidente.
Señala que la sola perspectiva del triunfo electoral de Gustavo Petro los tiene temblando, al tiempo que se activa el ruido de sables: “De las instalaciones militares salen toda clase de mensajes, memes, pronunciamientos, ataques viscerales, que no anticipan nada bueno”, afirma.
Pero para voltear esta página, necesitamos el triunfo del gobierno del cambio y del vivir sabroso.
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