Cuando el Estado y el crimen organizado se confunden

 El fundamentalismo de mercado ha debilitado al Estado, ha propiciado la proliferación de la corrupción estatal, ha generado una población juvenil desempleada y precarizada, ha disparado la violencia delincuencial y ha generado “la zona gris” entre Estado y crimen organizado.

Carlos Figueroa Ibarra / Para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

En 2007, el sociólogo argentino Javier Auyero publicó un libro,  “La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea”, en el que analizó cómo los saqueos a supermercados  realizados por multitudes  en el contexto de la crisis de 2001, en realidad no eran  actos espontáneos sino  eventos en los que había una concertación de actores estatales y sus operadores (“punteros”) en los barrios populares. El concepto de “zona gris”, proveniente de los libros  de Primo Levi (compilados en “La trilogía de Auschwitz”, 2005),  comenzó denotando  la borrosa frontera entre víctimas y victimarios y ahora significa las fronteras difusas entre el Estado y el crimen organizado. 

 

Tema pertinente en muchos Estados de América latina y en el mundo. Y muy pertinente para lo que ha estado sucediendo en el triángulo norte de Centroamérica. En Guatemala, el denominado “Pacto de Corruptos” (alianza de un sector empresarial,  la corrupción estatal, el crimen organizado y la derecha neofascista) ha logrado controlar casi todas las instancias del Estado al grado de que acaso ya no se pueda hablar del crimen infiltrado en el Estado sino de un Estado cooptado por el crimen. 

 

La captura y deportación del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández  sindicado de vínculos con el narcotráfico,  al igual que su sentenciado hermano Tony,  es otro ejemplo de la gobernanza criminal (el crimen como fuerza hegemónica en el Estado o en regiones geográficas determinadas), la gobernanza hibrida (gobernabilidad estatal asociada a la gobernabilidad criminal)  o una gobernabilidad criminal complementaria a la que ejerce el Estado. 

 

Recién he escuchado un reportaje en audio del periódico “El Faro” de El Salvador, el cual en base a grabaciones  obtenidas da una versión de la crisis que estamos observando  en dicho país desde el 25 de marzo de 2022. De acuerdo a dicho reportaje, el baño de sangre que se observó en El Salvador el fin de semana del 25 al 27 de marzo (87 asesinados escogidos al azar) fue el resultado  de una ruptura del pacto que el gobierno de Nayib Bukele sostenía con las Maras “Salvatrucha”, “Barrio 18 revolucionarios” y “Barrio 18 surianos”.

 

El pacto establecía una suspensión de las actividades violentas de dichas maras a cambio de impunidad a sus actividades y protección gubernamental a sus líderes. Según el reportaje,  las maras también se comprometieron a dar apoyo electoral al partido del mandatario en el contexto de las elecciones parlamentarias de febrero de 2021. Contrariamente a lo aseverado en el reportaje de “El Faro”, el gobierno de Bukele atribuía la disminución drástica de la violencia a su plan de seguridad. La detención de unos líderes de la “Mara Salvatrucha” habría ocasionado la ruptura de la tregua y la escalada de violencia del 25-27 de marzo de 2022. 

 

Como es sabido el gobierno de Bukele ha respondido a la violencia pandillera desatada tras la ruptura de la tregua, con la declaratoria de un régimen de excepción, la detención de 30 mil personas (jóvenes en su mayoría), medidas represivas a los pandilleros  que ya estaban encarcelados y suspensión de derechos a los que son detenidos. Además, ha endurecido las penas para los acusados de actividades pandilleras y ha emitido una ley (“La Ley Mordaza”) que penaliza hasta con 15 años de prisión a cualquier periodista que divulgue notas que sean interpretadas como publicidad para las maras. También ha anatematizado a la oposición que critica tales medidas, presentándolos como cómplices de las maras.

 

He aquí pues otras manifestaciones de los males del neoliberalismo. Su fundamentalismo de mercado ha debilitado al Estado, ha propiciado la proliferación de la corrupción estatal, ha generado una población juvenil desempleada y precarizada, ha disparado la violencia delincuencial y ha generado “la zona gris” entre Estado y crimen organizado. Y en medio de todo este caos, es grande la tentación de las soluciones autoritarias. Generan popularidad entre una población agobiada por la delincuencia y encubren las complicidades del gobierno y la delincuencia.