Cinco años antes, en el 2005, esta misma organización había aprobado convocar a todas las naciones para el Decenio Internacional para la Acción: “El agua, fuente de vida”, con la aspiración que para el 2015 se redujera a la mitad el porcentaje de personas que carecían de acceso a agua potable y a servicios de saneamiento. Sin embargo, al concluir ese año la población mundial que seguía sin cubrir esas necesidades, superaba los 2,600 millones.
Ya el PNUD en su Informe de Desarrollo Humano del 2006, hacía un llamado a todos los gobiernos del mundo para que se reconociera como derecho humano el acceso mínimo de 20 litros de agua limpia al día, que para el caso de las poblaciones más pobres, debería ser gratuita, ya que es aquí donde a menudo se encuentran personas que sobreviven con menos de 5 litros de agua contaminada al día, la misma que anualmente cobra la vida de más de 3 millones y medio de seres humanos.
La importancia creciente de que las personas dispongan del agua como un derecho humano y una cantidad mínima para satisfacer sus necesidades, comienza a cobrar forma cuando en Asamblea General de la ONU en 1992, se adoptó una Resolución que declara cada 22 de abril como el Día Mundial del Agua. Más tarde, el 2003 fue declarado “Año Internacional del Agua Dulce” y el 2008 “Año Internacional del Saneamiento”.
El agua, elemento esencial para la vida desde que esta apareciera hace más de 3,500 millones de años sobre la Tierra, constituye en los seres humanos dos terceras partes de su organismo y su importancia es tan elevada, que con tan solo una pérdida en el cuerpo del 20% de ella, la muerte sobreviene de manera casi inevitable. Pese a este incalculable valor del agua para la vida, su consumo y acceso en el mundo se muestra profundamente inequitativo y desigual.
En países altamente desarrollados como los Estados Unidos, el consumo promedio diario de una persona puede oscilar entre 200 y 400 litros, en algunos países de América Latina alcanza 135 litros, mientras que en Somalia y Nigeria se sobrevive con 9-10 litros. Estas cifras se tornan aún más impresionantes, cuando en el mundo de hoy más de 1,500 millones de personas carecen de agua potable y casi 2/3 de sus habitantes no disponen de instalaciones sanitarias básicas, lo que los expone a enfermedades, diarrea, muerte de niños, parásitos intestinales y otras consecuencias.
De modo que el agua, y sobre todo que sea limpia, junto con un acceso equitativo y el saneamiento básico, califican perfectamente como derechos humanos esenciales y deberían ser garantizados por las naciones y sus gobiernos a todos sus ciudadanos. Sin embargo, desde hace algún tiempo el agua viene convirtiéndose en una mercancía más y con ello, motivo de posibles conflictos bélicos, en un mundo donde crece su demanda y consumo, hay una sobreexplotación evidente de los principales acuíferos, junto a un despilfarro per cápita irracional en muchos países altamente desarrollados; problemas muy asociados a la forma como el capitalismo gestiona sus relaciones agresivas con la naturaleza.
El reconocimiento del agua potable como derecho humano no implica que tal derecho no siga siendo visto desde una óptica del mercado, es decir, considerar al agua como recurso público de uso común, debe provocar además, una protección urgente de los propios ecosistemas que garantizan o sustentan la vida misma.
Por eso no hay duda que tanto el crecimiento de la población humana, la demanda de los procesos industriales, así como los efectos del calentamiento global sobre el agua, lo que está haciendo según algunas estimaciones, que de cada 10 personas en el mundo, aproximadamente 4 estarán viviendo en naciones donde la escasez de agua será considerable. Esta situación explica el creciente rechazo de muchas comunidades indígenas y campesinas de América Latina, a la construcción de grandes represas en sus territorios.
En un mundo donde el 3% de toda el agua del planeta es agua dulce (aunque casi el 70 % de ella está concentrada en glaciares y hielo) y según la FAO, más del 39 % de la población mundial sufre serios problemas de acceso al agua, se entiende perfectamente que el capitalismo en su dinámica depredadora y basado en su lógica de acumulación de capital y de enriquecimiento especulativo, haya decidido lucrar con un recurso como este y desde principios de diciembre de 2020, como cualquier commodities, llámense petróleo u oro, se esté cotizando en la Bolsa de Valores de Wall Street.
Definitivamente que esto tiene y tendrá grandes implicaciones sobre el derecho humano al acceso al agua potable, toda vez que para que este nuevo negocio capitalista resulte rentable, se va a necesitar que exista poca disponibilidad de este recurso, lo que generará e intensificará, sin dudas, procesos de privatización y acaparamiento de territorios donde el agua abunde, así como un debilitamiento de los sistemas público y comunitario de gestión del agua potable. Además, es de suponer que eso traerá necesariamente un aumento del precio del agua, lo que tornaría más difícil su acceso por millones de personas en el mundo.
La cotización en Bolsa del precio del agua representa la posibilidad de que en los llamados mercados de futuros (Futures Exchange), se puedan realizar contratos para negociar, comprar o vender para una fecha futura, derechos de uso del agua cuyo precio y condiciones son fijados en el presente con antelación. Para participar en este tipo de negocios, los especuladores no tienen necesidad ni de poseer el agua ni la tierra donde ella se encuentre, situación que amenazará seriamente con agravar en los próximos años los problemas de abastecimiento de agua.
Para el capital financiero el “mercado del agua” está pasando a ser uno de los negocios más estables, seguros y rentables que a largo plazo les convendría a muchos inversores. Este tratamiento del agua como mercancía en el mercado global amenaza con aumentar los conflictos, no sólo por el creciente rechazo que genera entre las comunidades campesinas e indígenas la construcción de represas en sus territorios, sino porque entre muchos países comienzan a agudizarse las disputas sobre las cuencas que comparten. Tales son los casos de Sudán, Egipto y Etiopía en el río Nilo, del río Negro-Orinoco y de las zonas del acuífero Guaraní, entre otros. Por eso no sorprende que la actual vicepresidenta Kamala Harris haya expresado en alguna ocasión: “Durante años las guerras se han peleado por el petróleo, [pero que] en poco tiempo serán por el agua”.
El reconocimiento del agua potable y del saneamiento básico como derecho humano esencial, debiera más ahora que nunca, ser una prioridad de la humanidad para beneficio de los millones de personas que están desprovistos de estas necesidades.
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