Si se hace un balance general, el gobierno nicaragüense parece haber perdido más de lo ganado, y no vacilaríamos en calificar el retiro de la nacionalidad y las expropiaciones como una torpeza política: lo que hicieron con la mano, lo borraron con el codo.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
Como ya lo sabe todo el mundo porque los medios de comunicación se han encargado de difundirlo mañana, tarde y noche, el gobierno sandinista de Nicaragua dejó en libertad a 222 de los 245 opositores que estaban encarcelados. Fueron enviados vía área a los Estados Unidos, lugar “natural” al que debían ir -dijo en un discurso Daniel Ortega- puesto que es de ahí de donde proviene su principal soporte económico e ideológico.
Esa oposición, encarcelada o no, es variopinta. Hay gente como Sergio Ramírez, Gioconda Belli o Dora María Téllez, cuyo posicionamiento ideológico y político responde a la que otrora fuera la tendencia del sandinismo histórico conocida como tercerista, de orientación socialdemócrata, que se mantuvo en el proyecto unitario de la década de los ochenta, pero que inmediatamente después de perder el poder en la década de los noventa se escindió del tronco común y conformó un nuevo proyecto que se autodenominó de Renovación Sandinista.
Pero hay también otros, como Michael Healy, Álvaro Vargas y Adán Aguirre, miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que hasta 2015 vivieron una luna de miel con el gobierno hasta que se acabó el dinero que les era asignado para la realización de obra social que llegaba desde Venezuela.
Su liberación podría haberse convertido en un verdadero hito para el gobierno, que habría podido presentarse como continuador del espíritu sandinista histórico que hizo valer la consigna de “implacables en la lucha, generosos en la victoria” en la década se los ochenta, cuando miembros de la tenebrosa Guardia Nacional somocista, aliados con fuerzas mercenarias, cercaron al país financiados por los Estados Unidos.
De haber sido solamente ese el movimiento efectuado por el gobierno, la medida habría sido vista como un acto de apertura y humanitarismo que seguramente le habría abierto puertas que paulatinamente se le han venido cerrando. Pero quitar la nacionalidad y confiscar los bienes de los excarcelados posibilitó que lo que habría podido ser un punto a su favor, se le revirtiera.
En vez de encontrar el beneplácito y la aprobación, lo que han conseguido con esta medida es perder más espacio. Gobiernos que aún con reticencia, como Argentina y Colombia, se habían abstenido de emitir criterios negativos respecto a Nicaragua, hoy no tienen empacho en solidarizarse con los expatriados y ver con reprobación al gobierno sandinista.
Hay dos puntos, sin embargo, que parecen apuntar en una dirección contraria: las declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, quien dijo a través de un comunicado que esta decisión "marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre EEUU y Nicaragua sobre temas de interés"; y las declaraciones del COSEP, que agradeció al gobierno la liberación y la consideró “un paso para la unidad de la familia nicaragüense”. Pero, si se hace un balance general, el gobierno nicaragüense parece haber perdido más de lo ganado, y no vacilaríamos en calificar el retiro de la nacionalidad y las expropiaciones como una torpeza política: lo que hicieron con la mano, lo borraron con el codo.
El ejercicio de la libertad de expresión es fundamental para mantener la transparencia y la honestidad en una sociedad democrática. Cuando los gobernantes de turno tratan de restringir o censurar la libre expresión, pueden silenciar las voces disidentes y evitar que se conozcan las verdades incómodas. Además, limitar la libertad de expresión puede dar lugar a un ambiente de miedo e intimidación, donde las personas temen hablar abiertamente y expresar sus opiniones. La libertad de expresión es vital para proteger los derechos humanos y fomentar la justicia y la igualdad.
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