¿Cómo explicar la paradoja del movimiento social anticorrupción que en ocasiones se manifestó en contra de las decisiones del gobierno de acabar con la CICIG y su mandato, mientras que en otras ocasiones decisivas en la lucha contra la corrupción y la impunidad se mantuvo indiferente? ¿Tenía miedo de la caja de Pandora?
Jorge Murga Armas* / Para Con Nuestra América**
Desde Ciudad de Guatemala
Introducción
Fue en este contexto que entre 2007 y 2019 se desarrolló una nueva etapa en la historia sociopolítica de Guatemala, etapa que además de fortalecer la capacidad del Estado y sus instituciones para enfrentar a los CIACS, generó conciencia en una parte importante de la ciudadanía sobre la relevancia de la independencia judicial y la consolidación del Estado de derecho y la democracia.
¿Cómo se desarrolló este proceso y cómo contribuyó a la convergencia de los movimientos sociales y a una nueva experiencia del ejercicio de la democracia por parte de los guatemaltecos? ¿Cuáles fueron los aportes de la lucha contra la corrupción y la impunidad y su impacto en la sociedad, así como las razones que provocaron la reacción conservadora que puso fin al mandato de la CICIG en 2019? Estas son las preguntas que trataremos de responder a continuación.
1. Los resultados movilizadores de las investigaciones del MP y la CICIG
De acuerdo con su mandato, en sus primeros años de operación, la CICIG se enfocó en la criminalidad que afectaba principalmente a las instituciones de seguridad y justicia del país, como el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Defensa Nacional, apegándose a una definición literal del concepto de CIACS. Además, entre 2007 y 2012, la CICIG centró su apoyo al Ministerio Público (MP) en una tipología de delitos y modus operandi que abordaba los siguientes fenómenos delictivos: ejecuciones extrajudiciales, trata de personas, narcotráfico, corrupción administrativa, tráfico ilícito de bienes y personas, extorsión y delitos relacionados con la conflictividad social y agraria (CICIG, septiembre de 2019, p. 22).
Un fenómeno criminal se hacía cada vez más evidente: Los CIACS contrainsurgentes que inspiraron la creación de la CICIG se habían fusionado con estructuras estatales que ejercían sus actividades ilícitas en la impunidad, evolucionando y adaptándose para convertirse en redes político-económicas ilícitas (CICIG, septiembre de 2019, p. 1).
En este contexto, las investigaciones conjuntas del MP y la CICIG se extendieron a diversas instituciones públicas, como municipalidades, puertos y aduanas, el Registro Nacional de las Personas, el sistema migratorio y el sistema de salud pública. Así, a finales de 2013, bajo la dirección del comisionado Iván Velásquez Gómez (septiembre 2013-septiembre 2019), la CICIG priorizó cinco fenómenos delictivos: 1) contrabando, 2) corrupción administrativa, 3) corrupción judicial, 4) narcotráfico y lavado de activos, y 5) financiamiento electoral ilícito (CICIG, septiembre 2019, p. 23). Además, se llevó a cabo una reestructuración organizativa y funcional de la CICIG: las secciones de investigación judicial, litigio e investigación policial se integraron en siete unidades de investigación que fueron apoyadas técnicamente por las secciones de análisis criminal, financiero y forense (CICIG, septiembre 2019, pp. 17-18). Con estos cambios, las líneas estratégicas de investigación dieron continuidad a ciertas manifestaciones del crimen organizado guatemalteco, pero agregaron el componente de financiamiento electoral ilícito.
Se trataría entonces de examinar la relación entre el financiamiento de la política y la corrupción pública. Pero, ¿cómo es que la CICIG ha podido pasar de investigar a los propios CIACS a investigar hechos delictivos vinculados a la corrupción? La respuesta es simple: la definición amplia del concepto de CIACS contenida en el acuerdo de creación de la CICIG incluye a grupos que cometen acciones ilegales que afectan el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, que están vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o que tienen la capacidad de generar impunidad por sus acciones ilícitas (CICIG, septiembre 2019, p. 13).
Así, en 2015, la CICIG definió a los CIACS como redes ilícitas de poder político y económico incrustadas en la política y los negocios, que ya no responden a una orientación ideológica sino a intereses de enriquecimiento ilícito, que operan más bajo una lógica de oportunismo, flexibilidad y un continuum entre lo formal y lo informal que como estructuras criminales permanentes, y que tienen la capacidad de generar una suerte de contrainteligencia judicial para procurar impunidad (CICIG, septiembre 2019, p. 15).
En resumen, nuevas líneas de investigación, una reestructuración organizativa y funcional de la CICIG y la redefinición de los CIACS como Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI) permitieron al comisionado Iván Velásquez, en colaboración con el MP encabezado por la fiscal general Thelma Aldana Hernández (mayo 2014-mayo 2018), revigorizar el mandato de la CICIG. Pero esta vez atacando al crimen organizado que tiene sus raíces o gravita en torno a las instituciones del Estado.
A) Casos paradigmáticos de corrupción
En su informe temático “Guatemala: un Estado capturado”, la CICIG hizo una interesante y muy completa presentación de los casos de corrupción que, entre 2015 y 2019, provocaron la mayor movilización social de los últimos tiempos. La cooptación del Estado, el financiamiento de la política, las contiendas por el organismo judicial, el Congreso de la República y la generalización de la impunidad y la corrupción, son los títulos que reúnen los casos de corrupción de este período, en poco más de cien páginas. Como no se trata de presentarlos todos, ya que el conocimiento completo de cada uno de ellos puede encontrarse en el citado informe, sólo analizaremos dos que a nuestro juicio son casos paradigmáticos de corrupción. Con ellos queremos ilustrar los resultados de las investigaciones del MP y de la CICIG.
a) La estructura de Roxana Baldetti: de La Línea a la Cooptación del Estado
Este caso muestra cómo Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti montaron una estructura criminal que comenzó a operar plenamente desde 2008, cuatro años antes de que la millonaria campaña del Partido Patriota (PP) los llevara a ocupar la Presidencia y Vicepresidencia de la República desde enero de 2012 hasta mayo y septiembre de 2015, respectivamente.
El objetivo de esta estructura, que operó al menos hasta que comenzó su desmantelamiento en abril de 2015, estaba claramente definido: por un lado, buscaba obtener recursos para las campañas electorales del PP de 2011 y 2015 y, por otro, buscaba el enriquecimiento personal de los principales dirigentes del partido. Así, para captar recursos ilícitos para la campaña electoral de 2011, establecieron relaciones con diversos grupos empresariales, financistas y proveedores del Estado desde 2008 y crearon un esquema de lavado de dinero que involucró una red de empresas de cartón. Además, en 2012, ya con el control del Ejecutivo, montaron un andamiaje para el saqueo de recursos en diversas instituciones del Estado (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 37).
Ciertamente, el MP y la CICIG identificaron a varios grupos empresariales que contribuyeron al financiamiento de la campaña electoral del PP, a cambio de beneficiarse con contratos gubernamentales y decisiones de política pública cuando asumieran la presidencia: Radiotelevisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), Altracsa y Odica, Blue Oil, Claro y Tigo, son los principales involucrados con esta estructura criminal (CICIG, 28 de agosto de 2019, pp. 37-38).
Otro dispositivo fundamental para el funcionamiento de esta estructura fueron las empresas de Juan Carlos Monzón y Víctor Hugo Hernández, quienes triangularon fondos donados por otros financistas para ocultar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el origen de los fondos recibidos por el partido. De hecho, en los informes presentados al TSE sus empresas aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad canalizaron dinero de otras fuentes (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 39).
Luego de la toma de posesión de Otto Pérez y Roxana Baldetti, el 14 de enero de 2012, la estructura criminal ocupó puestos claves en el Organismo Ejecutivo para crear un aparato dedicado al cobro de comisiones por contratos estatales, asignación de obras y servicios, y toma de decisiones para beneficio privado. Así, esta estructura normalizó y regularizó el cobro de comisiones por contratos estatales, a tal punto que las denominó Incentivo Comercial Monetario (ICM). Las comisiones eran pagadas por contratistas cuyos beneficios llegaban en bienes o efectivo a los miembros de la estructura, incluyendo a las máximas autoridades del Ejecutivo que recibían el 60% del total de comisiones (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 39).
El cobro de los ICM era realizado por un grupo de operadores que eran asignados a diferentes entidades públicas donde se convertían en el verdadero poder. Con control o influencia decisiva en las instituciones, determinaban sus prioridades, por lo que los programas y proyectos implementados se definían y tenían preponderancia de acuerdo a los intereses de la red criminal (CICIG, 28 de agosto de 2019, pp. 39-40).
Este esquema de corrupción fue altamente rentable para esta estructura criminal: según el MP y la CICIG, hasta agosto de 2019, año en que se presentó el informe de captura del Estado, 450 contratos le habían reportado al menos 500 millones de quetzales. La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el Registro de Información Catastral (RIC), la Dirección General de Migración y Aeronáutica Civil eran las entidades estatales controladas por esta estructura.
Pero esto no era todo. La estructura criminal cobraba comisiones por el pago de obligaciones contractuales previas a favor de proveedores, comisiones por servicios de seguridad y comisiones por inversiones a plazo fijo de instituciones estatales constituidas en Banrural (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 40). Bajo este esquema de corrupción, la estructura recibió comisiones por cuentas del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Puerto Quetzal, Santo Tomás, el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), el Registro Nacional de las Personas (RENAP), el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), el Registro de la Propiedad y la Zona Libre de Industria y Comercio (ZOLIC) (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 40).
Para lavar las ganancias, esta estructura creó una sofisticada red financiera que incluía transacciones financieras internacionales y la mezcla de capitales ilícitos y lícitos a través del sistema bancario. De hecho, en la mayoría de las transacciones, el dinero era bancarizado a través de préstamos hipotecarios, préstamos de cuentas corrientes y giros postales, los cuales eran pagados a través de cuentas cuyo origen era efectivo. Así, una vez en el sistema bancario, se adquirían bienes muebles e inmuebles y se pagaban los gastos suntuarios de los miembros del grupo (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 40).
Como vemos, esta estructura de corrupción llegó a controlar una parte nada despreciable de las instituciones del Estado. El saqueo fue tal que compró al menos 38 propiedades por un valor de 27 millones de quetzales y 52 vehículos automotores por 7 millones de quetzales. Además, para influir en la opinión pública, adquirió el 51% de las acciones de la empresa Corporación de Noticias (periódico Siglo XXI). Si a esto le sumamos que esta estructura también influyó en la estructura de Aduanas (caso La Línea), en el fraude al Estado de Guatemala con la contratación de un líquido especial para limpiar el Lago de Amatitlán (caso Amatitlán) y en las plazas fantasmas descubiertas en el Registro de Información Catastral (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 40), entre otros casos, podemos imaginar el alcance y complejidad de este caso de corrupción gubernamental.
Analicemos ahora un caso de corrupción relacionado con la financiación política.
b) Financiamiento de FCN-Nación
En este caso, el MP y la CICIG muestran cómo algunos miembros de las élites empresariales, José Fraterno Vila Girón, Salvador Paiz del Carmen, José Miguel Torrebiarte Novela, José Castillo Villacorta, Felipe Bosh y Andrés Botran (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 65), incidieron en los resultados de las elecciones generales que llevaron a Jimmy Morales a la presidencia de la República.
En efecto, hasta enero de 2015, el panorama político parecía indicar que las elecciones de septiembre de 2015 serían disputadas por los candidatos presidenciales más conocidos, que habían participado en campañas electorales anteriores y contaban con un aparato partidario que los impulsaba. Entre ellos destacaba el candidato del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Baldizón, exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que fundó su propio partido y quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2011. El candidato del PP, Alejandro Sinibaldi Aparicio, que participaba por primera vez en unas elecciones presidenciales, pero que había logrado proyectarse desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), y la candidata de la UNE, Sandra Torres Casanova, que había logrado proyectarse como primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), pero que había visto frustrada su participación en las elecciones de 2011 (CICIG, 28 de agosto de 2019, pp. 63-64).
Manuel Baldizón, un locuaz político de una acaudalada familia del Petén, había logrado armar una coalición de redes político-económicas ilícitas encabezadas por diputados distritales, alcaldes y líderes regionales. Además, era dueño de un grupo de empresas lícitas y había construido un sistema de financiamiento ilícito que incluía el control del sistema de transporte urbano metropolitano, comisiones de constructoras y proveedores del Estado, y un porcentaje del dinero entregado por la empresa brasileña Odebrecht para agilizar los desembolsos. Esto le había permitido alcanzar cierto grado de autonomía frente a las élites empresariales, que lo consideraban una amenaza para sus intereses (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 63).
Alejandro Sinibaldi Aparicio, político perteneciente a una de las familias de tradición oligárquica que, como se señala en el caso “El Ministerio de Comunicaciones: el coto de Alejandro Sinibaldi Aparicio”, estableció una red de empresas para recibir pagos a cambio de desembolsos de empresas constructoras (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 63). Pero el contexto en el que Alejandro Sinibaldi competía no era favorable. Por un lado, dentro del partido tenía la oposición de la secretaria general, Roxana Baldetti. Por otro, si ganaba la candidatura del partido, tendría que enfrentarse a una especie de ley de hierro del sistema político guatemalteco que, desde el inicio de la democratización, ha impedido la reelección del partido gobernante. Sin embargo, el PP lo postuló como candidato a la presidencia, sabiendo que su candidatura le permitiría obtener un porcentaje importante de votos y un número de diputados que les garantizaría influencia política e impunidad (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 64).
Sandra Torres Casanova, una ambiciosa mujer también originaria del Petén que gobernó de facto junto a Álvaro Colom, tuvo como compañero de fórmula al empresario azucarero Mario Roberto Leal Castillo, quien posteriormente fue señalado por el MP y la CICIG de participar en una estructura que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria y se beneficiaba de comisiones ilícitas por tramitar expedientes de crédito fiscal (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 64). Además, una investigación posterior del MP y la CICIG demostraría que la UNE, con el conocimiento de Sandra Torres y Mario Leal, montó una estructura para recaudar, administrar y ejecutar fondos de campaña para su partido de forma paralela a las finanzas oficiales, de manera que ni los aportes ni los gastos eran reportados al TSE (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 71).
Así, a diferencia de otros procesos electorales en los que un sector mayoritario de las élites empresariales apoyó a uno o varios candidatos presidenciales, en las elecciones de 2015 aún no definían su preferencia por ninguno de ellos por falta de afinidad. De hecho, el ambiente electoral entre las élites empresariales era incierto, pues ni Alejandro Sinibaldi ni Sandra Torres colmaron sus expectativas y existía temor ante el posible triunfo de Manuel Baldizón, quien representaba un desafío tanto por su relativa autonomía financiera como por liderar una coalición de redes político-económicas ilícitas encabezadas por diputados y alcaldes que desafiaban a los grupos de poder centralizados en el área metropolitana de Guatemala (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 64).
El papel de las élites empresariales en las elecciones de 2015
La denuncia del caso La Línea en abril de 2015 cambió el panorama político y aumentó la incertidumbre en torno a los resultados electorales. Por un lado, Alejandro Sinibaldi financió una campaña de comunicación denominada “no te toca” en contra de su contrincante Manuel Baldizón (que había quedado en segundo lugar en las elecciones de 2011 y esta vez había identificado su campaña de comunicación con la frase “le toca a Baldizón”) con dinero procedente del cobro de comisiones por desembolsos del MICIVI. De hecho, dentro del caso Construcción y Corrupción, Alejando Sinibaldi acordó con Rodrigo Arenas, director del Movimiento Cívico Nacional (MCN), contactar con empresarios cercanos para financiar la campaña de comunicación “no te toca” que buscaba revertir la inercia electoral de que el candidato que quedaba en segundo lugar en una elección se convertía en el ganador de las siguientes (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 64).
Por otro lado, un grupo de representantes de varias empresas guatemaltecas globalizadas participó en el financiamiento de la etapa final de la campaña del candidato presidencial de FCN-Nación (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 64). En efecto, ante la posibilidad de una eventual victoria de Sandra Torres o Manuel Baldizón, un grupo de empresarios miembros de la élite acordó apoyar a Jimmy Morales, candidato presidencial de FCN-Nación, quien empezaba a despuntar en las encuestas. Para ello, tras reunirse con Jimmy Morales y Edgar Ovalle, militar retirado y secretario general del partido que en enero de 2016 fue imputado por su participación en acciones de desaparición forzada, los empresarios acordaron pagar a los fiscales electorales. Pero esta operación de financiamiento electoral no fue reportada al TSE: mientras FCN-Nación reportó haber gastado ciento tres mil setecientos seis quetzales (Q103,706.00) para pagar a los fiscales electorales, el MP y la CICIG determinaron que los dirigentes del partido recibieron siete millones ciento diecinueve mil trescientos quetzales (Q7,119,300.00).
Por cierto, tras la victoria de Jimmy Morales en la segunda vuelta, Rodrigo Arenas y Andrés Botran, los intermediarios en la operación de financiamiento ilícito de FCN-Nación, formaron parte del equipo que seleccionó al gabinete de gobierno, junto con Samuel Morales. Así, quienes gestionaron el financiamiento de la etapa final de la campaña de FCN-Nación influyeron en la conformación del primer gabinete del presidente Morales (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 66).
Pero, ¿por qué el factor movilizador para gran parte de la sociedad guatemalteca fue la corrupción gubernamental? ¿Qué motivó a ciudadanos de todas las clases sociales, de las ciudades y del campo, a movilizarse a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad en 2015?
B) La movilización social contra la corrupción y la impunidad
Contrario a lo que se solía afirmar en los medios de comunicación en el contexto de las protestas sociales que se dieron cuando se conocieron los primeros casos de corrupción a gran escala como La Línea, creemos que el pueblo guatemalteco no ha estado dormido. Siglos de lucha y resistencia, bajo diversas formas de organización y lógicas de acción, han escrito la historia de las luchas sociales guatemaltecas: desde las rebeliones indígenas regionales de la época colonial, pasando por las luchas urbanas antidictatoriales de los siglos XIX y XX, hasta las luchas sindicales, campesinas y populares de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, la historia demuestra que las clases oprimidas, explotadas y discriminadas siempre han cuestionado el statu quo económico, social y político, y han sido protagonistas de innumerables luchas y movilizaciones sociales.
a) Una larga historia de luchas populares y movilizaciones sociales
En efecto, si es cierto que la corrupción conocida por los guatemaltecos gracias a las investigaciones conjuntas del MP y la CICIG en 2015 fue el factor desencadenante de una sorprendente movilización social, y si bien es cierto que esta movilización social se dio con la participación de personas de clase media y alta que anteriormente se habían mantenido al margen de las luchas y demandas obreras, campesinas y populares, es totalmente falso que estas protestas y movilizaciones sociales hayan iniciado un “despertar ciudadano”.
Ciertamente, aunque muchos formadores de opinión vieron en las protestas y movilizaciones sociales contra la corrupción y la impunidad un “despertar de la conciencia ciudadana”, una simple revisión de la historia reciente de las luchas de los movimientos sociales guatemaltecos desmiente su afirmación. De hecho, los movimientos sociales han sido protagonistas en los diferentes procesos sociopolíticos que tuvieron lugar antes y después de la guerra interna: diálogos y negociaciones de paz, implementación de los acuerdos de paz y todo tipo de reivindicaciones económicas, sociales y políticas. Prueba de ello es el movimiento contra la minería que tuvo lugar durante varios años en muchas comunidades rurales del país antes del 2015, y que fue un claro ejemplo de participación ciudadana de decenas de miles de guatemaltecos.
Pero, ¿qué llevó a periodistas, académicos y ciudadanos en general a afirmar que lo que se estaba produciendo en 2015 era un despertar de la conciencia ciudadana?
Hay varios elementos a considerar para responder a esta pregunta. En primer lugar, la división histórica entre lo urbano y lo rural, entre criollos, ladinos e indígenas, entre ricos y pobres, entre ciudadanos de primera y de segunda, en fin, la concepción racista y clasista que históricamente ha considerado que unos guatemaltecos son ciudadanos con conciencia y otros no, pudo haber sido una razón importante para que los formadores de opinión consideraran que las luchas y reivindicaciones sociales protagonizadas en las tres décadas anteriores a 2015 por obreros, campesinos, maestros, estudiantes y clases populares en general, eran movimientos sociales protagonizados por guatemaltecos sin conciencia cívica, con una conciencia cívica adormecida o que simplemente no existían.
Todo parece indicar que los periodistas, académicos y ciudadanos que opinaron sobre las protestas y movilizaciones sociales de 2015 consideraron que la conciencia ciudadana de los guatemaltecos se había desactivado a finales de los ochenta, había entrado en un largo letargo en los noventa y se había reactivado justo con el anuncio de los primeros casos de corrupción.
En efecto, las masivas protestas y movilizaciones sociales contra la corrupción y la impunidad (algunos opinadores llegaron a estimar concentraciones de hasta 80,000 personas en la plaza central) hicieron pensar a muchos guatemaltecos en un regreso a otros tiempos, a los tiempos en que las manifestaciones sociales de finales de los años setenta y principios de los ochenta reunían a miles de personas en las calles de la capital para exigir mejores salarios y mejores condiciones de vida para los trabajadores agrícolas y obreros en general. Asombrados por los acontecimientos de 2015, periodistas, académicos y ciudadanos que conocieron aquellos momentos de gloria del movimiento social guatemalteco, seguramente pudieron pensar que el debilitamiento de las protestas sociales tras la desarticulación de los sindicatos y organizaciones campesinas por las fuerzas represivas del Estado durante el primer lustro de 1980 equivalía a un adormecimiento de las conciencias y que, por el contrario, el resurgimiento masivo de las protestas sociales equivalía a un despertar de la conciencia ciudadana.
Pero advirtamos que la peculiaridad de las protestas sociales de 2015 no sólo tiene que ver con la participación masiva. Este es un elemento importante, sin duda, pero lo que más llamó la atención en aquellas protestas fue ver en las calles a personas de clase media y alta portando la bandera nacional, aparentemente indignadas por el saqueo de las arcas públicas. Era como si, de pronto, un problema que afectaba a todos hubiera logrado la unidad nacional: universitarios, obreros, campesinos, clases populares en general, pequeña y mediana burguesía, burgueses y oligarcas, en fin, elementos de todas las clases sociales guatemaltecas se dieron cita en la plaza central para protestar contra la corrupción y exigir la renuncia del Presidente y Vicepresidente de la República, o simplemente para presenciar asombrados lo que estaba sucediendo. De hecho, para muchos indignados de cuello blanco las masivas concentraciones que desde el 25 de abril de 2015 se realizaron en la plaza central los fines de semana hasta el día de la renuncia del Presidente, el 2 de septiembre de ese mismo año, se convirtieron en un punto de encuentro en la popular Zona 1 de la capital. Fue, por así decirlo, un momento de celebración para los ciudadanos de los barrios acomodados que llevaban muchos años sin pasear por el centro.
Algo que también cambió con las protestas de 2015 fueron los liderazgos, la forma de convocar y la manera de expresar la indignación de los asistentes: en efecto, las organizaciones obreras, campesinas y populares que tradicionalmente encabezaban las manifestaciones sociales fueron desplazadas por supuestas organizaciones virtuales y liderazgos desconocidos que convocaban a través de las redes sociales. El uso de estridentes tambores, trompetas y silbatos que sonaban al unísono acallando los gritos de la gente que levantaba pancartas y exigía el fin de la corrupción y la impunidad se puso de moda, sustituyendo las viejas consignas, pancartas y discursos revolucionarios preparados o improvisados por los dirigentes o activistas de los sindicatos y organizaciones populares de antaño.
Sin embargo, las clases populares se desbordaron de indignación ante la corrupción gubernamental: la masiva manifestación del 25 de abril, los plantones frente a Casa Presidencial durante la semana siguiente, las multitudinarias marchas del 1, 2 y 3 de mayo, las dispersas marchas de cientos de personas al Congreso de la República celebrando la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti el viernes 8 de mayo y al día siguiente, las importantes protestas en Antigua Guatemala y Quetzaltenango contra el Partido Patriota y el partido LIDER el 10 de mayo, y el decisivo Paro Nacional del 27 de agosto con masivas manifestaciones en Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, El Quiché, El Progreso, Jalapa, Baja Verapaz, El Petén, Izabal, Sacatepéquez y Huehuetenango, son los momentos simbólicos de la masiva participación popular en las jornadas 2015 contra la corrupción y la impunidad.
Pero, ¿realmente los guatemaltecos querían un cambio en el país o solo eran multitudes observando lo que sucedía? Tras el gran auge de 2015, ¿cómo explicar el declive del movimiento social anticorrupción en los años siguientes?
Se pueden dar varias respuestas a estas preguntas. Para dar una idea, citaremos una bastante común y otra que, en nuestra opinión, plantea un problema aún no discutido en la sociedad guatemalteca.
Por un lado, hay una respuesta basada en la apatía popular nacida del cansancio de tantos años de lucha:
“Después de tantos años de luchas populares y represión estatal, el pueblo se ha cansado de luchar. Habrá que esperar varias décadas para que las nuevas generaciones de guatemaltecos se planteen un nuevo levantamiento popular”.
Por otro lado, existe una respuesta que refleja los problemas económicos de la mayoría de los guatemaltecos, la escasa movilidad social de la estructura económica y la simple ambición de algunos guatemaltecos que ven en el narcotráfico una forma fácil de ganar dinero:
“Las estructuras del narcotráfico han cooptado a una parte de la sociedad y neutralizado las luchas sociales porque la pobreza, el desempleo, las dificultades para ascender en la escala social o la simple ambición les han puesto en contacto con muchos guatemaltecos, proporcionándoles nuevos ingresos y la posibilidad de mejorar su nivel de vida”.
Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que las masivas manifestaciones de repudio a la corrupción desaparecieron tras las elecciones presidenciales de 2015, y que a finales de ese mismo año todo había vuelto a la normalidad.
b) Crisis política y cambio de autoridades
A medida que salían a la luz nuevos y escandalosos casos de corrupción en los que estaban implicados altos funcionarios del gobierno, aumentaba la presión sobre el presidente y la vicepresidenta. El 8 de mayo, Roxana Baldetti Elías, una mujer de éxito político cuya arrogancia en el poder le granjeó no poca antipatía social, se vio obligada a dimitir como vicepresidenta tras salir a la luz su implicación en el caso La Línea. Otto Pérez Molina, general retirado conocido por su implicación durante la guerra interna en el Triángulo Ixil, también tuvo que dimitir el 2 de septiembre después de que el Congreso le retirara la inmunidad. Ambas renuncias, hay que decirlo, fueron por exigencia popular y gracias a la enorme presión social ejercida durante varios meses.
Pero notemos que la crisis política que se vivía hizo reflexionar a muchos actores de la sociedad sobre la ruptura del orden constitucional: mientras algunos pensaban que era previsible un golpe de Estado militar, debido a la historia de golpes de Estado militares y a la poca experiencia de los guatemaltecos en el ejercicio de la democracia, otros consideraban que había que respetar los mecanismos institucionales para encontrar una solución a la crisis de gobernabilidad que se había generado. Esta opción era tanto más deseable cuanto que próximamente se celebrarían elecciones generales para elegir nuevas autoridades.
En este contexto, y debido a que ninguno de los liderazgos virtuales ni las antiguas organizaciones sindicales, campesinas y populares tuvieron la iniciativa de proponer el establecimiento de un gobierno popular, la solución llegó a través del propio sistema democrático: tras la renuncia de Baldetti, el Congreso de la República nombró al magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre. Luego, tras la renuncia de Pérez Molina, siguiendo lo establecido en la Constitución de la República, Maldonado Aguirre fue promovido a la Presidencia de la República. Así, un viejo abogado conservador, que ya había visto frustrado por la vía electoral su sueño de llegar a la Presidencia de la República, se encontró de pronto ocupando el más alto cargo del gobierno.
La revolución, en realidad, la llevaban a cabo Iván Velásquez y Thelma Aldana, para disgusto de los grupos de derecha que se beneficiaban del sistema de impunidad y recelo de algunos grupos de izquierda que quizás temían el alcance de las investigaciones de la CICIG y el MP. De hecho, a medida que avanzaba el proceso, en una sociedad temerosa de los cambios radicales asociados a la izquierda, la derecha comenzó a propagar la idea de que “Iván Velásquez era de izquierda”, mientras que la izquierda descalificaba el trabajo de la CICIG con el argumento de que “Iván Velásquez no era de izquierda”.
¿Qué había detrás de esta campaña ideológica contra la CICIG? ¿Por qué importantes sectores de la sociedad retiraron su apoyo a la CICIG a medida que avanzaba el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Por qué los líderes y bases sociales de la izquierda evitaron ir a la plaza para seguir apoyando la lucha contra la corrupción y la impunidad que estaba sentando las bases para la transformación de Guatemala? Estas son algunas de las preguntas que habría que responder en una investigación más profunda sobre el tema. Mientras tanto, digamos que el interés provocado por el proceso hizo que una parte importante de la sociedad comenzara a esperar con entusiasmo la llegada de los jueves de cada semana para conocer los nuevos resultados de las investigaciones del MP y la CICIG, lo que se conoció como “los jueves de la CICIG”.
Dijimos una parte importante de la sociedad, porque pronto se hizo evidente que no toda la sociedad estaba contenta con lo que estaba sucediendo. A medida que el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad comenzó a radicalizarse, y a medida que las investigaciones del MP y la CICIG comenzaron a afectar los intereses de sectores que históricamente se habían beneficiado de la impunidad, se hicieron evidentes no pocos desacuerdos. Pronto surgiría el tema de la “soberanía nacional” de la derecha más conservadora como argumento para descalificar el proceso, y pronto se materializaría en las calles el supuesto desacuerdo ideológico de la izquierda.
Justo cuando se logró la renuncia de Otto Pérez Molina, y un conocido comediante de un programa de televisión que debutaba en la política apoyado por un grupo de militares contrainsurgentes ganó las elecciones presidenciales con el lema “ni corrupto ni ladrón”, la plaza, como se decía comúnmente en los mejores días de las protestas, comenzó a ser abandonada: a partir de entonces fue imposible reunir a mil personas en el lugar que alguna vez fue escenario de multitudinarias manifestaciones. ¿Qué estaba pasando, por qué el entusiasmo inicial de una parte importante de los guatemaltecos desapareció de repente, habían logrado su objetivo con la renuncia de Otto Pérez y la elección de Jimmy Morales o el proceso estaba yendo demasiado lejos? ¿Cómo explicar el declive del movimiento social anticorrupción en los años siguientes?
2. La reacción conservadora contra la CICIG
Abril de 2016: el presidente de la República Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) solicita la ampliación del mandato de la CICIG en una reunión en la sede de la ONU en Nueva York con representantes de países donantes y en presencia del secretario general Ban Ki-moon, el comisionado Iván Velásquez y, entre otros miembros de la Instancia Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, la fiscal general de la República, Thelma Aldana. Allí, Jimmy Morales expresa su satisfacción por el trabajo de la CICIG:
“La Comisión ha contribuido con la investigación de más de 200 casos y ha procesado a más de 160 funcionarios y exfuncionarios por diferentes delitos, desmantelando organizaciones y estructuras clandestinas involucradas en asuntos ilícitos ligados a la delincuencia organizada. Como he señalado en ocasiones anteriores estoy totalmente convencido que el apoyo de la Comisión es fundamental para el proceso de fortalecimiento institucional en mi país, por lo anterior he decidido solicitar desde ya al excelentísimo señor Secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, otra prórroga del mandato por dos años más a partir de septiembre de 2017, con el objetivo de que el señor Comisionado pueda planificar su trabajo por un período más largo para afianzar este proceso que se ha constituido como un modelo para luchar contra la corrupción y la impunidad” (CICIG, 18 de abril de 2016).
Agosto-septiembre de 2018: Aprovechando un viaje de Iván Velásquez a Washington D. C., el 28 de agosto, Jimmy Morales lo declara una amenaza para la seguridad y estabilidad nacional y pide a la ONU que lo sustituya. Tres días después, el 31 de agosto, Jimmy Morales anuncia que no renovará el mandato de la CICIG. Además, un despliegue de elementos del ejército y la policía frente a la sede de la CICIG y en otras partes del país confirma el grado de animadversión de Jimmy Morales y su gobierno contra Iván Velásquez y la CICIG. El 5 de septiembre, Jimmy Morales prohíbe a Iván Velásquez la entrada al país.
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¿Qué pudo haber causado el cambio en la apreciación de Jimmy Morales sobre Iván Velásquez y la CICIG? Si después de una campaña electoral enfocada contra la corrupción, y si en los primeros meses de su gobierno el presidente Jimmy Morales expresó su complacencia por el trabajo del comisionado Iván Velásquez y solicitó por adelantado a la ONU una prórroga de dos años para la CICIG, ¿cómo se explica que, a partir de marzo de 2017, Jimmy Morales asumiera una actitud hostil contra Iván Velásquez y la CICIG que lo llevaría a encabezar la lucha de los enemigos de la CICIG para sacarlos del país?
Tres hechos importantes del trabajo investigativo de la CICIG y el MP marcaron la actitud de Jimmy Morales hacia el comisionado Iván Velásquez y la CICIG:
1) La implicación de Juan Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, en un caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad llevó a la detención y procesamiento de ambos familiares del mandatario por los delitos de fraude y lavado de dinero en enero de 2017.
2) La implicación del presidente Jimmy Morales en el caso de financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación, en el que también estuvieron involucrados varios miembros de las élites empresariales guatemaltecas, llevó al MP y a la CICIG a presentar una solicitud de retiro de inmunidad contra Jimmy Morales para investigarlo por delitos electorales en agosto de 2017.
3) La implicación del alcalde de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, en el caso Caja de Pandora, en el que también estuvieron involucrados varios miembros de la Municipalidad de Guatemala, llevó al MP y a la CICIG a presentar una solicitud de retiro de inmunidad contra Álvaro Arzú Irigoyen para investigarlo por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito el 5 de octubre de 2017.
En efecto, la crisis política que se inició públicamente en marzo de 2017 y que concluyó formalmente con el fin del mandato de la CICIG el 3 de septiembre de 2019, no puede entenderse sin analizar el conjunto de acontecimientos que tuvieron lugar a raíz de esos tres casos de corrupción que involucraron a familiares del Presidente, al propio Presidente de la República y a miembros de las élites empresariales, así como a miembros de las élites políticas hasta entonces considerados intocables.
Veamos cómo se desarrollaron los acontecimientos que llevaron al fin del mandato de la CICIG en 2019.
A) Corrupción de las élites políticas y empresariales
A ocho meses de iniciado su gobierno, y justo antes del primer aniversario de la toma de posesión de Jimmy Morales como presidente de la República, la presentación por parte del MP y la CICIG de un caso de corrupción administrativa y la denuncia por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de un caso de financiamiento electoral ilícito marcarán el futuro de las relaciones de Jimmy Morales y su gobierno con Iván Velásquez y la CICIG.
En efecto, el 1 de septiembre de 2016, el Ministerio Público y la CICIG presentaron ante los tribunales de justicia una investigación por actos de corrupción contra la ex Registradora General de la Propiedad, Anabella de León, y otras 17 personas, entre exfuncionarios del Registro y particulares. Posteriormente, tras las primeras declaraciones de los imputados, esta investigación reveló la participación del hijo y hermano del Presidente.
Así, el 7 de septiembre, José Manuel Morales Marroquín compareció ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) para declarar sobre su participación en el caso, y el 12 de septiembre hizo lo propio Samuel Everardo Morales. Se conoció que los hechos estarían relacionados con eventos de cotización y contratación en el Registro General de la Propiedad, lo que llevaría al MP y a la CICIG a profundizar las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad penal tanto de estos como de los demás implicados.
Ahora bien, en enero de 2017, tras la presentación pública del “caso el Estado como botín: Registro General de la Propiedad”, tanto José Manuel como su tío Samuel Morales fueron detenidos e ingresaron en prisión preventiva. Fue en marzo de 2017 cuando la implicación de familiares del Presidente en un caso de corrupción mostró los primeros síntomas de una nueva crisis política: aumentaron los ataques en redes sociales contra la CICIG, se acabó la simpatía del Presidente hacia la Comisión y se escucharon los primeros rumores sobre la posible destitución del Comisionado. La incertidumbre creada por estos rumores fue aún mayor porque el Presidente, aunque negó que fuera a hacer esta solicitud, recordó que tenía la potestad para hacerlo.
Por otro lado, la denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra FCN-Nación en diciembre de 2016, debido a que el partido oficial había ocultado información sobre sus financistas de campaña, traería más problemas para el Presidente y su gobierno y más tensiones para el sector empresarial. Más aún cuando, en este caso, estaban implicados varios miembros de las élites empresariales que habían dado aportes no reportados al partido oficial durante la campaña electoral de 2015.
¿Qué pesaba más en la mente del Presidente, el caso de sus familiares, el caso de su partido político u otros hechos que podrían descubrirse si continuaban las investigaciones de la CICIG? Cualquiera que sea la respuesta, lo que podemos decir en este momento es que el ambiente político se tornaba cada día más tenso y que el MP y la CICIG continuaban investigando las estructuras mafiosas incrustadas en el Estado.
Fue en este contexto que, el 5 de octubre de 2017, el MP y la CICIG presentaron públicamente el “caso caja de Pandora” que acaparó la atención de muchos guatemaltecos. De hecho, después del caso La Línea que dio inicio a la redada de la CICIG contra altos funcionarios corruptos en 2015, fue el caso caja de Pandora el que mayor impacto tuvo en la sociedad: tras la investigación contra una estructura criminal liderada por el fallecido militar Byron Lima Oliva —miembro de la seguridad del presidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) condenado en 2001 a 30 años de prisión por el asesinato del obispo Juan José Gerardi Conedera el 26 de abril de 1998— en el Sistema Penitenciario (SP), se derivaron nuevos actos de corrupción que vinculaban al alcalde de Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, funcionarios, exfuncionarios y abogados (CICIG, 5 de octubre de 2017).
En efecto, durante el allanamiento realizado a la cooperativa Torre Fuerte que operaba en el Centro Preventivo Pavoncito, la cual era controlada por Byron Lima Oliva desde mediados de 2010, se incautó documentación que tenía registro de contrataciones y pagos requeridos por personas y entidades externas (CICIG, 5 de octubre de 2017). Además, en la carpeta de investigación sobre las actividades ilícitas de Lima Oliva y su entorno en el año 2014, se registraron interceptaciones telefónicas relacionadas con las negociaciones para la contratación y formas de pago de dicha cooperativa. Y, en declaración ante el juez encargado del caso, Alejandra Reyes Ochoa, pareja de Byron Lima, brindó detalles de las actividades y personas con las que realizaba estos negocios ilícitos (CICIG, 5 de octubre de 2017).
Esta información, según la CICIG, conduce a la alcaldía capitalina. En efecto, tras el análisis documental de la información incautada, las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Alejandra Reyes, “la investigación reveló que uno de los principales contratistas de la cooperativa que dirigía Byron Lima era la comuna capitalina” (CICIG, 5 de octubre de 2017). Ahora bien, cabe aclarar que la contratación de servicios per se no constituye delito, sino, como aclara la CICIG, la forma en que fueron pagados: la Municipalidad de Guatemala, secuestrada por el arrogante alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, alteró facturas para encubrir gastos de campaña del partido UNIONISTA, propiedad del clan Arzú y algunos de sus allegados, y de los partidos CREO, TODOS, VICTORIA y GANA, sus aliados estratégicos (CICIG, 5 de octubre de 2017).
Además, la CICIG documentó la existencia de empleos fantasmas en la alcaldía capitalina, tanto para Alejandra Reyes y su madre, como para la viuda del preso Obdulio Villanueva, también miembro del equipo de seguridad de Arzú cuando era presidente de la República y también condenado por el asesinato del obispo Juan Gerardi.
“Alejandra Reyes manifestó que a través de cartas dirigidas a Álvaro Arzú, a quien Byron identificaba como ‘Señor Oro’, le realizaba exigencias económicas para cubrir gastos varios. Las comunicaciones las firmaba bajo el seudónimo de ‘Julio’. Los escritos eran enviados a Arzú a través de personas como Fernando Reyes Palencia y Héctor Cifuentes” (CICIG, 5 de octubre de 2017).
Pero advirtamos que las “exigencias económicas” de Byron Lima a Álvaro Arzú no eran sumas insignificantes de dinero, como uno podría imaginar a partir del relato de Alejandra Reyes. Las exigencias económicas de Byron Lima a Álvaro Arzú, según pudo establecer posteriormente la CICIG, eran sumas importantes de dinero que obviamente no salieron del bolsillo del alcalde capitalino:
“La información proporcionada concuerda con la imagen de una carta extraída del equipo de telefonía móvil aportado por la señora Reyes Ochoa, dirigida al “Señor Oro”, solicitándole Q727,000.00 para cubrir gastos de una operación, pago de un auditor y honorarios de abogados” (CICIG, 5 de octubre de 2017).
¿Por qué Álvaro Arzú tuvo que someterse a las condiciones de Byron Lima? ¿Qué le pagó Álvaro Arzú a Byron Lima al favorecerlo con el negocio de la cooperativa Torre Fuerte dentro del Centro Preventivo Pavoncito? ¿Álvaro Arzú favoreció a Byron Lima por gratitud y amistad, o lo hizo, como se dice, para pagar su silencio en el caso del asesinato del obispo Juan Gerardi?
Cualquiera que sea la respuesta, lo que podemos decir en este momento es que tanto Byron Lima como Obdulio Villanueva, exmilitares miembros del equipo de seguridad de Álvaro Arzú cuando era presidente de la República, fueron favorecidos por el alcalde de la Ciudad de Guatemala mientras estaban en prisión. Ambos, hay que decirlo, fueron asesinados y silenciados definitivamente mientras cumplían condena por el asesinato de Monseñor Juan Gerardi.
Los negocios de la cooperativa Torre Fuerte con la Municipalidad de Guatemala, las “exigencias económicas” pagadas por Álvaro Arzú a Byron Lima y los beneficios obtenidos por el partido UNIONISTA en la campaña electoral de 2015, son solo la “punta del iceberg” de lo que el MP y la CICIG podrían haber encontrado si hubieran continuado sus investigaciones. Álvaro Arzú lo sabía. Thelma Aldana e Iván Velásquez lo imaginaban. Por algo el MP y la CICIG llamaron caja de Pandora al caso que hicieron público en aquella ocasión. Recordemos que, según la mitología griega, la caja de Pandora contenía todos los males del mundo.
Lamentablemente, los guatemaltecos no tuvieron la oportunidad de saber qué había en la caja de Pandora. Pocos meses después de ser descubierto por el MP y la CICIG, Álvaro Arzú Irigoyen murió de un paro cardíaco y el caso fue cerrado. Pero, ¿cómo fue que estos tres casos de corrupción llevaron a los sectores corruptos a cerrar filas en torno al gobierno y acabar con el mandato de la CICIG?
B) La estrategia antiCICIG
Si bien la animadversión de Jimmy Morales y su gobierno contra el comisionado Iván Velásquez y la CICIG comenzó en 2017, las presiones de círculos influyentes contra la CICIG habían aumentado desde la presentación de las investigaciones sobre la cooptación del Estado en 2015. Fue, de hecho, la constatación de su vulnerabilidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad lo que los llevó a acordar acciones conjuntas: “Habían comprendido que no eran intocables como en el pasado. Habríamos sido tolerados si nos hubiéramos quedado en el nivel medio de la política y del sector económico de ese momento”, dice Iván Velásquez (Henkel, septiembre 2019).
En efecto, además de los casos La Línea y Cooptación del Estado por los que fueron procesados el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que, de hecho, encendieron las alarmas entre los círculos influyentes de la sociedad que veían en la lucha contra la corrupción y la impunidad una amenaza, los casos de corrupción que analizamos muestran que el nivel más alto en la lucha contra la corrupción y la impunidad se alcanzó cuando se iniciaron los procesos judiciales por financiamiento electoral ilícito contra el presidente Jimmy Morales y algunos de los empresarios más poderosos del país, y cuando se produjo la denuncia y solicitud de retiro de inmunidad por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito contra el expresidente de la República y alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen.
Si aún quedaba alguna duda sobre el alcance de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que Iván Velásquez tuvo el mérito de redefinir al inicio de su mandato, las recientes acciones de la CICIG y el MP la despejaron: de continuar la CICIG, sería el fin de la impunidad del poder, es decir, el fin de “la creencia y la práctica de que las personas que se encuentran en posiciones de poder, sea por razones de riqueza, prestigio o los cargos políticos que ostentan, están por encima de la ley y pueden transgredirla” (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 105). Pero la reacción de los enemigos de la CICIG no se hizo esperar. Entre 2017 y 2019, el gobierno y sus aliados políticos, empresariales y militares desarrollaron una estrategia contra la CICIG que podemos esbozar de la siguiente manera.
a) Acciones contra la CICIG
Además de lo anterior, entre otras acciones encaminadas a debilitar el trabajo de la CICIG, el gobierno nombró a Enrique Degenhart, hombre de confianza de Álvaro Arzú Irigoyen, como nuevo Ministro de Gobernación. Éste, a su vez, nombró a un nuevo director de la Policía Nacional Civil que, durante su gestión, separó a algunos de los investigadores de la CICIG de la fuerza policial. Además, a través de la Dirección General de Migración, el ministro Degenhart, siguiendo instrucciones del Presidente, se negó a renovar las visas de varios fiscales de la CICIG. Y, para coordinar la estrategia internacional contra la CICIG, el gobierno nombró a Sandra Jovel, mujer de confianza de Álvaro Arzú Irigoyen, como nueva Ministra de Relaciones Exteriores. En sustitución de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, que terminó su mandato el 16 de mayo de 2018, Jimmy Morales nombró a María Consuelo Porras Argueta, una fiscal general alineada con la estrategia antiCICIG.
Al mismo tiempo, los empresarios organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también emprendieron acciones contra la CICIG. De hecho, fueron miembros de la élite empresarial quienes contrataron a una firma de cabildeo en Washington D. C. para influir en miembros del Congreso y funcionarios de la administración Trump en contra la CICIG.
Por su parte, las redes político-económicas ilícitas, que han anidado en la mayoría de las entidades del Estado, incluyendo los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, muchas municipalidades e incluso en los órganos de control del Estado, y en las que participan sistemáticamente agentes del Estado (incluyendo funcionarios electos), políticos, empresarios, militares activos y retirados y los propios grupos criminales (CICIG, 28 de agosto de 2019, p. 5), promovieron una agresiva campaña de desinformación contra la CICIG, así como contra jueces, magistrados y fiscales que apoyaban la lucha contra la corrupción y la impunidad, a través de su centro de redes o netcenters (CICIG, mayo de 2019).
En este contexto, el 7 de enero de 2019, Jimmy Morales anunció que daría por terminado el acuerdo con Naciones Unidas firmado en 2007. Sin embargo, la ONU rechazó la decisión unilateral del Presidente y, el 9 de enero de ese mismo año, la Corte de Constitucionalidad la declaró inconstitucional. No obstante, el gobierno dio veinticuatro horas al personal internacional de la CICIG para abandonar el país.
Luego, los aliados de Jimmy Morales en el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia intentaron destituir a tres de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que votaron en contra de las medidas del gobierno: Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amílcar Mejía Orellana y José Francisco de Mata Vela. De esta manera, estos dos organismos estatales buscaban deshacerse del último mecanismo formal que había servido de contrapeso a las decisiones del gobierno. Así, a medida que se acercaba el final del mandato de la CICIG, aumentaron las amenazas y ataques contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
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Si las caras visibles de la estrategia antiCICIG, entre ellas el expresidente Jimmy Morales, el fallecido alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, el expresidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar, el exministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y la excanciller Sandra Jovel, llevaron a cabo una estrategia de lucha contra la CICIG que incluía el falso argumento de la soberanía nacional, fue porque algunos de los casos investigados por la CICIG y el Ministerio Público los involucraban directamente: el caso botín Registro General de la Propiedad al hermano e hijo de Jimmy Morales, el caso Financiamiento electoral ilícito FCN-Nación a Jimmy Morales y su grupo, el caso caja de Pandora a Álvaro Arzú Irigoyen y su grupo, el caso Financiamiento electoral ilícito Partido Unionista a Álvaro Arzú Irigoyen y su grupo.
De hecho, la estrategia de los enemigos de la CICIG no sólo buscaba poner fin a su mandato, sino también cerrar los casos que los involucraban: Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, fueron favorecidos con cuestionables absoluciones (Prensa Libre, 19 de agosto de 2019); Jimmy Morales fue protegido por la mayoría de los diputados del Congreso de la República que se negaron a retirarle la inmunidad para evitar que fuera investigado; las investigaciones contra Álvaro Arzú Irigoyen fueron cerradas tras su muerte; los procesos judiciales abiertos contra miembros del Partido Unionista, entre ellos el actual alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñonez Lemus, entonces primer concejal de la Municipalidad de Guatemala, el exministro de Finanzas Públicas, Víctor Manuel Martínez Ruiz, entonces segundo concejal de la Municipalidad de Guatemala, y el exsecretario del Partido Unionista y de la Municipalidad de Guatemala, Héctor Cifuentes Mendoza, ahora candidato a la vicepresidencia por la coalición VALOR-UNIONISTA, también fueron cerrados gracias a cuestionables resoluciones judiciales (Prensa Libre, 15 de enero de 2021; RICIG, 23 de abril de 2023).
Pero, ¿qué pasó con el movimiento social anticorrupción? ¿Por qué el movimiento social anticorrupción no se activó ante los acontecimientos en los que estaban implicadas élites políticas y empresariales consideradas hasta entonces intocables? ¿Tenía miedo de la caja de Pandora?
C) La neutralización del movimiento social anticorrupción
Mentiríamos si dijéramos que el movimiento social anticorrupción nacido en 2015 se desactivó totalmente en los años siguientes. Si bien es cierto que desaparecieron las masivas manifestaciones de entonces, y si bien es cierto que también desaparecieron los indignados de cuello blanco que recorrieron las calles del centro con motivo de esas manifestaciones, no se puede negar que algunas organizaciones campesinas, indígenas y populares que desde entonces se unieron en la Asamblea Social y Popular (ASP), junto con el estudiantado universitario de la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar y la Universidad del Valle de Guatemala, mantuvieron su presencia en las calles hasta los últimos días de la lucha contra la corrupción y la impunidad. De hecho, la presencia del Comité de Unidad Campesina (CUC), de estudiantes universitarios y agrupaciones de la sociedad civil en los momentos decisivos de los años 2017-2019, como las protestas contra Jimmy Morales y su gobierno por el anuncio de la no renovación del mandato de la CICIG, el bloqueo a Iván Velásquez y al personal internacional de la CICIG o el intento de aprobación de una Ley de Reconciliación Nacional por parte de los diputados al Congreso de la República que reducía las penas a los responsables de crímenes de guerra del enfrentamiento armado interno, sin duda mantuvieron la continuidad de las luchas del pueblo guatemalteco de los últimos cincuenta años.
Sin embargo, también fue una realidad la disminución de la participación campesina, indígena y popular en las manifestaciones contra las acciones de la alianza político-económico-militar que se tejió contra la CICIG para mantener el statu quo favorable a los corruptos, que han capturado y en ocasiones cooptado las instituciones del Estado a través de las redes político-económicas ilícitas descubiertas por la CICIG. A tal punto que cuando se descubrieron los casos que involucraban directamente al presidente Jimmy Morales y a sus familiares, a las élites empresariales y a las élites políticas, hasta entonces consideradas intocables, ninguna de las organizaciones mencionadas salió a las calles a manifestarse en contra. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Estaba el movimiento social anticorrupción alineado con el pacto de los corruptos que nació tras el descubrimiento de estos casos de corrupción y que finalmente acabó con la CICIG? ¿Cómo explicar la paradoja del movimiento social anticorrupción que en ocasiones se manifestó en contra de las decisiones del gobierno de acabar con la CICIG y su mandato, mientras que en otras ocasiones decisivas en la lucha contra la corrupción y la impunidad se mantuvo indiferente? ¿Tenía miedo de la caja de Pandora?
Cualquiera que sea la respuesta, lo cierto es que en los momentos decisivos de la lucha de los corruptos contra la CICIG hubo varios ausentes: ni las clases populares, ni las clases medias, ni la izquierda o derecha democrática, ni la izquierda marxista que históricamente se ha definido como antioligárquica estuvieron en las calles presionando contra la clase dominante y sus aliados de clase.
Hoy, a casi cuatro años de finalizado el mandato de la CICIG, y después de ver cómo actores fundamentales en la lucha contra la corrupción y la impunidad como Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Gloria Porras, Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y muchos otros han tenido que salir del país por presiones y amenazas de la alianza político-económico-militar que se impuso contra la CICIG, y cómo otros actores fundamentales en la lucha contra la corrupción y la impunidad como Virginia Laparra, José Rubén Zamora y Juan Francisco Solórzano Foppa están en la cárcel mientras los corruptos destapados por la CICIG y el MP están en libertad participando en el proceso electoral del 2023 como candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones o alcaldías, solo nos queda preguntarnos qué ha pasado con el pueblo guatemalteco. ¿Se ha cansado de luchar como afirman algunos o ha sido cooptado por el crimen organizado y las estructuras del narcotráfico como afirman otros?
A partir de lo observado durante 2015 y de una encuesta antropológica que se fue desarrollando en los años siguientes, logramos formular la hipótesis siguiente:
Hipótesis
La lucha popular y cualquier intento de cambio social han sido neutralizados por las estructuras del narcotráfico que han capturado la economía y la sociedad mediante la cooptación de una parte de los desempleados y trabajadores por cuenta propia, de los asalariados y profesionales independientes, de las micro, pequeñas y medianas empresas, de las organizaciones no gubernamentales, así como de las corporaciones y grandes empresas y conglomerados empresariales.
¿Hasta qué punto sigue siendo posible proponer una alianza de clases? Esta es la cuestión que se plantea.
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* Doctor en Antropología. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IIES-USAC).
**Este artículo se publicó originalmente en la Revista Economía Nº 237, julio-setiembre 2023, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. Se reproduce con autorización del autor.
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