Como ha señalado Petro, la organización y movilización de la población campesina, indígena, afro, sindical, juvenil, es clave para la aprobación de las reformas.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Para entender la importancia de la movilización social pacífica hay que revisar la Constitución que la consagró, entre los diversos mecanismos de participación ciudadana (Art.37). Sin embargo, en el marco neoliberal, los distintos gobiernos intentaron siempre limitar dichos mecanismos y utilizarlos para la implementación y legitimación del modelo económico.
Décadas después, en 2016, vendría la firma del acuerdo de paz con las Farc y el auge de la movilización social pacífica. El segundo punto, centrado en la participación política, incluía el compromiso de expedir una ley que la reglamentara.
Pero esto no se cumplió. El gobierno de Duque/Uribe, en su afán por destruir el acuerdo, impulsó la llamada Paz con legalidad, reprimió el movimiento social y popular, estigmatizó la protesta, tal como se expresó durante el estallido social. Proliferó el asesinato de lideres y lideresas sociales y excombatientes.
Sin embargo, hoy la oposición y los medios cuestionan que la movilización social sea impulsada por el gobierno del Cambio. Se oponen también a la movilización agraria y a la de todos los sectores populares por sus derechos. Se quejan de que Petro utiliza el Estado para hacer política.
Con ello, se pretende ocultar la historia y la realidad. Basta recordar que las grandes movilizaciones sociales por la tierra y la reforma agraria fueron impulsadas en su momento desde el gobierno, por presidentes como López Pumarejo y Lleras Restrepo. La Anuc, entre otras, fue también conformada desde el Estado.
Pero debe recordársele a esa oposición irracional y a quienes le hacen el juego defendiendo una supuesta neutralidad del Estado, que las contrarreformas más regresivas han sido también lanzadas desde la cúspide del poder político. El gobierno de Misael Pastrana acabó con cualquier atisbo de reforma agraria con el Pacto de Chicoral de 1972.
Todavía más grave aún, la Seguridad Democrática de Uribe puso el Estado y sus instituciones al servicio del paramilitarismo, profundizando un proyecto iniciado desde cuando fuera gobernador de Antioquia.
Enfrentamos así el deterioro notorio del Estado de derecho y los mal llamados falsos positivos, cuyo horror y sevicia todavía nos conmueven en las audiencias de la JEP. Fue un proyecto emprendido por las fuerzas estatales, civiles y militares, desde la Casa de Nari, en contubernio con los señores de la droga.
Tiempo después, el entonces presidente Juan Manuel Santos movilizó también a la población en torno a la paz y, con muchas limitaciones, puso al Estado al servicio de dicho objetivo.
Pero Duque, su sucesor, intentó perpetuar la alianza entre Estado y guerra. Su antiguo compañero de pupitre, Barbosa, convertido en fiscal, no investigó nada al respecto. Ahora está empeñado en derrocar a Petro. La veloz investigación en contra de su hijo ha buscado infructuosamente y recurriendo a todo tipo de artimañas, que este se pronuncie en contra del presidente.
Dos días después de la movilización social, en medio de augurios tenebrosos sobre la supuesta catástrofe de la economía y del empleo, el personaje en cuestión fue aclamado en la asamblea de Fenalco. Expresó que la paz total era la paz criminal. Los dirigentes gremiales le agradecieron por salvar la democracia.
Tal como lo ha señalado el presidente, el proceso de organización y movilización de la población campesina, indígena, afro, sindical, comunitaria, juvenil y popular es fundamental. Las reformas sociales presentadas, salud, laboral, pensiones y educación, y otras como la de servicios públicos, chocan con los intereses de las elites, por lo que requieren de permanente movilización social para garantizar su aprobación.
Todas ellas buscan fortalecer el sector público y devolverle derechos a la población. Ahora el énfasis no será la ganancia de los grandes empresarios sino el bienestar de la población y esto les causa escozor.
Por su parte, la ministra de Agricultura ha insistido en que la participación y movilización son fundamentales para poner en práctica el Sistema Nacional de Reforma Agraria. El Estado cuenta con varios mecanismos legales e institucionales para impulsarlas.
Debe propiciarse también la organización del campesinado en toda su diversidad, incluidas las comunidades cocaleras. Como sujeto de derechos y de participación. Se preparan dos borradores de proyectos, uno sobre movilización agraria, que ya genera polémica, y otro sobre mujer rural. Todo ello forma parte de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo de paz.
Este proceso va de la mano de la compra y adjudicación de tierras, la titularización y formalización, con miras a incrementar la producción y productividad agraria y conferirles valor agregado.
Por último, en su discurso en la Plaza de Bolívar, Petro recordó que el objetivo central del gobierno del Cambio es proteger la vida, tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Atender la crisis climática, la violencia, la pobreza, la desigualdad.
Por ello, llamó al respeto por parte de los grandes medios. “Los indígenas no son borregos. Llevan medio milenio resistiendo por su cultura y su autonomía”, señaló, controvirtiendo a Caracol Radio y Semana. “Queremos un pueblo organizado, esa es la estrategia del gobierno. Si tenemos un pueblo movilizado, a este gobierno no lo van a tumbar. Las reformas se abrirán camino y el cambio será posible”.
Llamó a todos los sectores a un Acuerdo Nacional en torno a la verdad, la tierra y la educación. Sin duda se cometen errores, pero la estrategia de cambio está clara.
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