Guatemala: El ajedrez político de Bernardo Arévalo

 Cada día que pase sin que se vean avances significativos, aunque sean simbólicos, en la lucha contra el Pacto de Corruptos, ocasionará que la adhesión popular vaya menguando.

Carlos Figueroa Ibarra / Para Con Nuestra América

Desde Puebla, México

Han transcurrido los primeros cien días del gobierno de Bernardo Arévalo de León en Guatemala. En agosto de 2023, en las vísperas de lo que se esperaba sería su triunfo electoral, anunció un plan para los primeros cien días de gobierno y aseguró que en ese momento Guatemala se sentiría diferente. Creo que, con el triunfo de Arévalo del 20 de agosto, Guatemala vivió el hecho progresista más relevante desde la ominosa contrarrevolución de 1954. Y ese solo hecho, unido a que por primera vez tenemos un gobierno de signo diferente al que han tenido los últimos gobiernos sustentados en el Pacto de Corruptos, constituyen una realidad de la que deberías sentirnos satisfechos por lo menos en este momento.

 

Pero Guatemala no se siente diferente. Y en política, a diferencia de la realidad en general, ser es percepción. En política no importa lo que esté sucediendo efectivamente, sino cómo la gente percibe lo que está sucediendo.  Y la percepción de una buena parte de la población guatemalteca es que se ha avanzado muy poco en lo que se refiere a desmontar el poderío del Pacto de Corruptos. No es menor la parte de la ciudadanía guatemalteca que considera al presidente Arévalo un gobernante poco audaz y temeroso. Y allí se encuentran analistas muy leídos como Leonel Toriello y Aquiles Faillace exigiendo un golpe de timón destituyendo a la fiscal general Consuelo Porras, ser más enérgico en el nombramiento de gobernadores y negarse a acatar los fallos de la Corte de Constitucionalidad, arguyendo que la Constitución de Guatemala avalaría legalmente estas acciones porque está por encima de leyes secundarias que ahora se lo impiden y porque los referidos fallos son constitucionalmente ilegales. 

 

Tales planteamientos que expresan el sentir mayoritario de la ciudadanía guatemalteca, han sido recogidos en un desplegado emitido el 11 de marzo de 2024 y firmado por un grupo de ciudadanos guatemaltecos que se integran en un autodenominado “Movimiento por el rescate de la Auténtica República Democrática de Guatemala”.

 

En un discurso expresado hace algunas semanas en respuesta a estas impaciencias, el presidente Arévalo expresó que el proceso político que vive Guatemala no es una carrera de cien metros sino más bien una carrera de maratón. Entrando en las metáforas, Bernardo Arévalo expresó que lo que sucede hoy en Guatemala es un juego de ajedrez en el cual como suele suceder en dicho juego, cada movimiento debe ser muy meditado en base a un cálculo de sus consecuencias. Agregó que pasos precipitados podrían poner en riesgo “la sostenibilidad” de los objetivos trazados desde el principio: el desterrar la corrupción lo que implica derrotar al Pacto de Corruptos.

 

Coincido con el presidente y sus metáforas. Tengo dudas de la viabilidad de las medidas que proponen Toriello y Faillace y el propio documento del 11 de marzo. Esto porque el juego de ajedrez que hoy se observa en Guatemala no solamente se asienta en una verdad jurídica sino en una correlación de fuerzas de carácter político. Y en el terreno de la política, puede haber una contundencia jurídica para las acciones que el ejecutivo pueda realizar en función de relegar al Pacto de Corruptos, pero si no tiene una favorable correlación de fuerzas, cualquier acción puede terminar en un neogolpe de estado. El problema es que las alarmas encendidas que demandan la destitución de la fiscal están plenamente justificadas.

 

En el juego de ajedrez al que alude el presidente Arévalo, se enfrentan dos jugadores: el gobierno de Guatemala y el Pacto de Corruptos. Este tiene a su favor a buena parte del resto del Estado (Ministerio Publico, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República etc.,). El gobierno mueve sus piezas presentando denuncias de corrupción, realizando medidas que originen la percepción de que Guatemala está cambiando (destitución de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales por uso incorrecto de un vehículo oficial), citando a la fiscal general a comparecer ante el ejecutivo, solicitando una consulta a la Corte de Constitucionalidad sobre la honorabilidad de la referida fiscal Consuelo Porras. Pero se enfrenta a la realidad de que el otro lado de la partida de ajedrez tiene piezas ubicadas en lugares decisivos que le permiten realizar un juego ofensivo. Todas las medidas que haga el gobierno terminan en la Corte de Constitucionalidad o en la Suprema de Justicia que están en manos del otro bando.

 

El otro bando mueve sus piezas adueñándose del centro del tablero y enfilando a sus piezas hacia donde se encuentran las piezas esenciales del gobierno. Ha logrado que el proceso judicial contra la vicepresidenta Karin Herrera siga su curso lo que origina el riesgo de que sea destituida y sustituida por un vicepresidente electo por el Congreso en el cual el Pacto de corruptos es fuerte y puede constituir una mayoría. Ese vicepresidente sustituiría al presidente Arévalo si fuese destituido. En ese escenario, el golpe de estado se habría consumado. El otro bando también ha judicializado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se había deslindado del Pacto de Corruptos. Un nuevo TSE podría prestarse para anular el proceso electoral del 2023, con lo cual estaríamos ante otra vía para el referido golpe de estado.

 

El Pacto de Corruptos, a través de la fiscal sigue el proceso para quitarle definitivamente el registro al partido oficial, Movimiento Semilla. Ahora ha logrado colocar como presidente de la Corte de Suprema de Justicia a una persona que está en la lista Engel y que puede presumirse que forma parte del mencionado Pacto de Corruptos. La reina de las piezas que mueve el referido pacto, la fiscal Consuelo Porras, opera con astucia y con la seguridad de estar apoyada por actores poderosos del tablero nacional, entre ellos las grandes corporaciones empresariales.

 

El gobierno progresista de Arévalo mientras tanto no hace mucho para despertar a la reina de sus piezas: la sociedad civil progresista, el movimiento social encabezado por los pueblos originarios que con su rebelión evitó el golpe de estado en octubre de 2023. La conmemoración de los cien días hubiese sido la oportunidad para presentar un informe de lo logrado en ese período en el contexto de una concentración multitudinaria. Y es que el juego de ajedrez del cual ha hablado el presidente Arévalo es uno que se juega contra reloj. Cada día que pase sin que se vean avances significativos, aunque sean simbólicos, en la lucha contra el Pacto de Corruptos, ocasionará que la adhesión popular vaya menguando. He aquí el dilema que observa el futuro de Guatemala.