La acción injerencista de la generala Richardson se incrementó en los últimos meses, debido a la firma de sendos convenios entre el gobierno boliviano con los consorcios chinos CATL Brunp & Cmoc y Citic Guoan y la empresa rusa Uranium One Group, de la corporación Rosatom, para la construcción de plantas piloto con el fin de producir litio en el salar de Uyuni.
De la mano de la jefa del Comando Sur del Pentágono, generala Laura Richardson, principal protagonista y ejecutora de la diplomacia de guerra de la Casa Blanca y el Estado profundo (deep state) en Sudamérica, y con eje en la acción desestabilizadora interna de la experimentada encargada de Negocios de Estados Unidos en La Paz, Debra Hevia, ha iniciado una nueva fase de la guerra híbrida que busca consumar la política de “cambio de régimen” en Bolivia en el marco de las elecciones presidenciales de 2025.
Los motivos del renovado esfuerzo por desencadenar una “revolución de colores” en el país sudamericano han sido explicitados públicamente en varias ocasiones por la propia Richardson desde 2022: Bolivia tiene las mayores reservas mundiales de litio, considerado una de las prioridades estratégicas del Departamento de Defensa de Estados Unidos (al servicio de los intereses de los principales fondos de inversión globales: BlackRock, Vanguard y otros, así como las corporaciones del complejo digital financiero) en su guerra geopolítica y geoeconómica por recursos naturales y mercados contra China, y además el presidente boliviano Luis Arce impulsa un proceso soberanista de industrialización de ese metal alcalino, por lo que desde la óptica imperial y en el lenguaje orwelliano de la generala de cuatro estrellas del Comando Sur, se le debe manejar propagandísticamente en los medios hegemónicos como un “gobierno corrupto” al frente de un “narcoestado”; coartada principal desde el fin de la guerra fría (cuando el enemigo era el “comunismo de Moscú”) para encender un nuevo ciclo de violencia fratricida –como el Plan Colombia de Andrés Pastrana y Bill Clinton y la Iniciativa Mérida en el México de Felipe Calderón–, propiciadora de un golpe blando o una intervención militar directa, en interacción con el comodín de la “lucha contra el terrorismo”.
Un elemento adicional es el probable ingreso este año de Bolivia al BRICS, alianza económica que aglutina a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán; el bloque cuenta con 40 por ciento de las reservas probadas de petróleo, 53.1 por ciento de las reservas de gas natural y 40.4 por ciento de las de carbón. Asimismo, encabezadas por China y Rusia, las naciones BRICS+ son actores fundamentales en la cadena de suministro de las llamadas tecnologías limpias, y uno de los minerales claves para la transición energética y la industria de las baterías eléctricas es el litio. Lo que convierte a Bolivia (que también cuenta con tierras raras y agua dulce) en un objetivo principal de la “diplomacia militar” del Comando Sur, ya que según el Servicio Geológico de Estados Unidos, tiene reservas estimadas en 21 millones de toneladas en los salares de Potosí.
La acción injerencista de la generala Richardson se incrementó en los últimos meses, debido a la firma de sendos convenios entre el gobierno boliviano con los consorcios chinos CATL Brunp & Cmoc y Citic Guoan y la empresa rusa Uranium One Group, de la corporación Rosatom, para la construcción de plantas piloto con el fin de producir litio en el salar de Uyuni.
A su vez, mientras la inadmisible lucha intestina al interior del oficialista Movimiento al Socialismo empieza a erosionar la relativa estabilidad política y cuando la relación entre el ex presidente Evo Morales y Luis Arce parece llegar a un punto sin retorno, bajo una fachada de funcionaria tecnócrata, la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en La Paz, Debra Hevia, quien domina los códigos de la guerra no convencional asimétrica y las operaciones sicológicas encubiertas, despliega una estrategia de desestabilización entre cuyos propósitos principales está la desaparición del MAS y, con ello, borrar todo vestigio del proceso de cambio que comenzó en 2005 en el país. Desde su llegada a Bolivia en septiembre de 2023, Hevia intensificó lo que en diciembre el presidente Arce denunció como una guerra híbrida, definida como una combinación en un campo de batalla de fuerzas regulares y actores no estatales (milicias irregulares de corte paramilitar y desorden criminal), apoyados en una narrativa mediática con eje en la desinformación y la propaganda negra, el accionar diplomático (incluidas tareas de espionaje), ciberataques, sabotajes y otras herramientas desestabilizadoras.
Para ello, Hevia, quien también pasó por el Centro de Operaciones del Departamento de Estado –grupo de trabajo dedicado a las tareas de inteligencia y las operaciones especiales–, reforzó los programas semiclandestinos de la misión con impacto político, económico y de inmersión social en zonas marginadas de Bolivia dirigidos a generar división interna (el clásico divide y vencerás), entre ellos, formación de liderazgo y acciones de calle, con financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia, vieja tapadera de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Demócrata Nacional –tradicionales fachadas para la subversión y los golpes blandos de los partidos Republicano y Demócrata– y operadores externos e internos como la conservadora Fundación Libertad y Democracia, fundada en 2023 e integrada, entre otros, por ex primeros ministros y ex presidentes como Mariano Rajoy, José María Aznar, Vicente Fox, Felipe Calderón, Andrés Pastrana, Iván Duque y los bolivianos Jeanine Áñez (presa) y Jorge Quiroga; la Alianza Informativa Latinoamericana, conformada por una red de cadenas públicas y privadas de televisión de Estados Unidos e Hispanoamérica (CBS, Caracol de Colombia, Unitel de Bolivia y TV Azteca de México, entre otras); ONG bolivianas como Ríos de Pie y la Fundación Construir, así como el activismo del Proyecto Centurión de la organización Grupo de Apoyo de la Iglesia Militar (vinculado con la Iglesia Bautista y Fort Bragg, hoy Fort Liberty) en zonas rurales bajo el paraguas de proyectos comunitarios.
Asimismo, con vistas a reconstruir el brazo armado de la Juventud Cruceñista para generar episodios violentos de calle, Hevia ha financiado las actividades de Svonko Matkovik, con antecedentes de terrorista y actual presidente de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz por el partido Creemos, mientras busca fomentar un candidato único de la oposición para las elecciones de 2025, entre quienes se baraja a dos oriundos de esa entidad: el gobernador interino Mario Aguilera y el alcalde Johnny Fernández, y a Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba.
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