La comunidad internacional ha condenado nuevamente el estado de sitio económico impuesto por Washington desde hace más de seis décadas.
Salim Lamrani / Para Con Nuestra América
El 30 de octubre de 2024, durante la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, y por trigésimo segundo año consecutivo, 187 países exigieron el levantamiento de las sanciones económicas unilaterales de los Estados Unidos, que asfixian a la población cubana desde 1960. Como es habitual, sólo Israel se alineó con Washington al oponerse a la resolución que presentó La Habana. Moldavia, por su parte, optó por la abstención.
Impuestas por el presidente Eisenhower con el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro, los diferentes gobiernos estadounidenses han mantenido y reforzado las sanciones. Éstas presentan características extraterritoriales – le Ley Torricelli de 1992, por ejemplo –, lo que significa que se aplican más allá de las fronteras nacionales, afectando a todos los países. Así, todo barco extranjero que entre en un puerto cubano se ve prohibida la entrada en los Estados Unidos durante seis meses. El objetivo de esta legislación es impedir el desarrollo del comercio internacional de Cuba con el resto del mundo.
Las sanciones también son retroactivas en virtud de la Ley Helms-Burton de 1996, que sanciona a las empresas extranjeras que invierten en propiedades en Cuba que pertenecieron a ciudadanos estadounidenses en los años 1960. Esto constituye una aberración jurídica, ya que normalmente una ley no puede aplicarse a hechos anteriores a su adopción. La meta de este texto – que atenta contra la soberanía de Cuba, así como contra la de los países que desean mantener relaciones normales con La Habana – es privar a la isla de inversiones extranjeras.
La retórica diplomática estadounidense para justificar el mantenimiento de una política hostil hacia Cuba no ha dejado de evolucionar a lo largo del tiempo. En 1960, cuando Eisenhower impuso las primeras medidas coercitivas unilaterales, motivó su decisión evocando la nacionalización de propiedades estadounidenses. En 1962, cuando lo sucedió, John F. Kennedy, decretó sanciones totales contra la isla e invocó la alianza con la Unión Soviética. En los años 1970 y 1980, Washington explicó que el apoyo de La Habana a los movimientos revolucionarios e independentistas en el mundo constituía un obstáculo para un cambio de política. Finalmente, desde el desmoronamiento de la URSS, Estados Unidos plantea la cuestión de la democracia y de los derechos humanos para prorrogar su guerra económica.
Si se observó una tregua durante el segundo mandato de Barack Obama, la llegada de Donald Trump marcó un recrudecimiento de las sanciones contra la isla. Durante su presidencia, Trump impuso no menos de 243 nuevas medidas coercitivas, entre las cuales 50 en plena pandemia de Covid-19, lo que equivale a un promedio de una sanción adicional por semana durante cuatro años. Joe Biden, en vez de volver a una actitud más constructiva, como durante el periodo 2014-2016, cuando era vicepresidente, optó por mantener las medidas de su predecesor.
Así, más del 80% de la población cubana nació bajo el régimen de sanciones impuestas por Washington. Éstas han costado a la isla un total de 164 mil millones de dólares, una suma que permitiría garantizar la canasta básica para cada familia cubana durante 100 años. Bajo la administración de Biden, las sanciones económicas han costado, en promedio, 15 millones de dólares al día a Cuba, lo que equivale a cerca de 10.000 dólares por minuto. Cada año, representan una pérdida de más de 5 mil millones de dólares para la isla.
Unos días antes de que finalizara su mandato, Trump volvió a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Desde entonces, más de 1.000 bancos internacionales han rechazo toda colaboración con la isla, que necesita urgentemente créditos e inversiones extranjeras, por temor a represalias.
Según la ONU, “los derechos humanos fundamentales, particularmente el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, los derechos económicos y sociales, el derecho a la vida y al desarrollo, sufren las consecuencias” del estado de sitio anacrónico, cruel e ilegal que impone Washington a 10 millones de cubanos. El apagón eléctrico generalizado afectó a la isla en octubre de 2024 es una consecuencia directa de las medidas coercitivas estadounidenses, que contravienen los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.
Las sanciones económicas ilustran la incapacidad de Washington para reconocer la independencia de Cuba y aceptar que la isla ha elegido un sistema político y un modelo socioeconómico diferentes. Sólo existe una solución a este conflicto asimétrico que opone Washington a La Habana: un dialogo respetuoso, fundado en la igualdad soberana, la reciprocidad y la no injerencia en los asuntos internos.
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