En el umbral de una bomba atómica diplomática

Contra Siria y Ecuador se han creado precedentes que cuestionan el derecho internacional y que suponen el uso de la fuerza por encima del imperio de la ley. Sólo la unidad de nuestros pueblos y la irrevocable decisión de defender la paz y la justicia nos permitirán salvar al mundo de la guerra y la barbarie a la que nos quiere conducir la putrefacción de un modelo imperial en crisis.

Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra América

Desde Caracas, Venezuela

El Derecho Internacional es el conjunto de normas, reglas y principios que ordenan el funcionamiento de los distintos sujetos. Aunque el sistema internacional es estadocéntrico, hoy se acepta que además de los Estados hay otros actores que se le reconoce tal calidad de acuerdo a tratados, convenios, pactos y otros documentos que se suscriben en el ámbito bilateral y sobre todo en el multilateral.

Esto permite concordar las relaciones actuando en un ambiente de justicia, equidad, paz y  seguridad. El Derecho Internacional establece el principio de la igualdad jurídica de los Estados ante la ley porque  está soportado en el valor supremo de la soberanía, sustento primordial establecido en la Constitución Nacional de cualquier país del planeta.

La violación de la soberanía de un Estado por parte de otro u otros entraña el mayor delito que se puede cometer en el  derecho internacional. De ahí que la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su preámbulo establece –entre otras cosas-  su decisión de “…preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…”, así como a “…  crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”.

A fin de cumplir con ese mandato la carta en su Artículo 1, acápite 1 instituye que uno de sus propósitos es “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”. De igual manera en su Artículo 2, acápite 4 deja claramente certificado que “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

En esta medida es sumamente peligroso lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas cuando algunas potencias pretendiendo instaurar un régimen de fuerza en el manejo de las controversias,  se ponen en el umbral de la ilegalidad, de la violación de la Carta de la ONU y de pasar a llevar el basamento jurídico sobre el cual se sostiene el sistema internacional. Las consecuencias de  esas acciones serían catastróficas porque equivaldrían a una bomba atómica diplomática que arrasaría con el orden jurídico internacional sumiendo al planeta en el caos y en una situación de conflicto permanente donde los que ostentan la fuerza podrían imponer de facto sus designios.

Detrás de esta situación están Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En su afán de sostener su modelo de capitalismo depredador, estas potencias imperialistas amenazan al mundo con utilizar la fuerza a cualquier costo.

Respecto de Siria, a pesar de los reiterados vetos de Rusia y China a una intervención militar en el país árabe, las potencias occidentales y las monarquías petroleras del Golfo Pérsico persisten en tal idea, al apoyar de manera encubierta  a la insurgencia siria que en su mayoría está formada por mercenarios pagados por Catar y Arabia Saudita,  armados y entrenados por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia utilizando para ello los territorios de los países fronterizos, en particular los de Turquía y Jordania.  Han llegado a sabotear incluso el trabajo del anterior enviado especial de la ONU, el ex Secretario General de la Organización Kofi Annan y ahora han decidido poner fin a su misión de observadores en Siria. Con ello, en vez de cumplir su responsabilidad de garantizar la paz, contribuyen a eliminar cualquier posibilidad de arreglo pacífico y negociado de un asunto que es estrictamente interno de un país soberano.

Han llegado, incluso a establecer una alianza con la organización terrorista Al Qaeda como lo señala Igor Ignatchenko analista del Fondo de Cultura Estratégica de Rusia al citar al ex comandante de la Academia Naval de Turquía, Almirante Turker Erturk,  quien sostuvo  que “Occidente y sus aliados árabes han decidido repetir el ´escenario de El Salvador` contando con el ingreso de grupos terroristas en vez de la oposición”. Por su parte el comentarista del periódico británico The Daily Telegraph,  Peter Osborne,  confirmó tal información. En un artículo titulado “La crisis siria nos lleva a extraños compañeros de cama”, señaló que “las acciones terroristas cometidas en Damasco antes del Año Nuevo tenían todas los distintivos de los actos cometidos por esta organización terrorista en Irak. Según Osborne, Al Qaeda habría entrado en Siria desde Libia a través del corredor turco”.

Todo lo anterior, conforma un grave expediente de violación del derecho internacional y una confirmación de las relaciones de Estados Unidos con el terrorismo internacional. A la luz de los hechos, su discurso en contra de dicho flagelo es una verdadera cortina de humo para perpetrar sus delitos  con total impunidad.

Más recientemente, y en nuestro continente, Ecuador ha sido amenazado por Gran Bretaña, la que ha puesto en entredicho –una vez más- la legalidad internacional al expresar  su intención de violentar la inmunidad que es atributo de cualquier Embajada en cualquier país por ser parte constitutiva de la soberanía de un Estado, de acuerdo a los convenios internacionales que regulan la materia.

Tal acción supondría la captura en territorio ecuatoriano del ciudadano australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks quien solicitó asilo diplomático en la legación de ese país sudamericano en Londres.  Gran Bretaña justifica su bravata con una ley interna que –en la práctica- implicaría desconocer el derecho internacional.  Invoca la “Diplomatic and Consular Premises Act” y amenaza con retirar la inmunidad de la embajada ecuatoriana para arrestar a Assange. Esta norma fue aprobada en 1987, y permite a un juez autorizar la entrada en una embajada en casos de extrema gravedad. Sin embargo, todo tratado internacional es ley interna de un país una vez que el mismo ha sido aprobado por el parlamento y por ello, carece de fundamento que una ley doméstica pueda pasar por arriba de  un principio establecido por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

En un extenso y bien fundamentado comunicado oficial, el Ecuador en voz de su Canciller, Ricardo Patiño apuntaló tanto los elementos de carácter jurídico, como también los políticos y éticos que motivaron la decisión ecuatoriana de conceder el asilo a Assange. El Ecuador actuando en el marco del derecho internacional y después de una meditada e informada investigación tomó esa decisión que avala una actitud impecable de las autoridades del país andino en materia de derechos humanos. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. En comunicado de su Departamento de Estado anunció que no reconoce el "asilo diplomático" que Ecuador otorgó a Assange. Lo argumenta basado en que "Estados Unidos no forma parte de la Convención de 1954 de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el Asilo Diplomático y no reconoce el concepto de asilo diplomático como una cuestión de derecho internacional”.

Es increíble, que un tema tan delicado no sea aceptado por tal razón. Otra vez la susodicha OEA (que tiene su sede en Washington) es ajena a una petición de un país latinoamericano. Por el contrario, de manera inmediata los cancilleres del Alba emitieron una declaración de apoyo a Ecuador, la misma acción fue resuelta de manera unánime por los cancilleres de las 12 naciones sudamericanas reunidos en Guayaquil el domingo pasado. Lo más probable, es que el mismo motivo no concite la aprobación de un documento de apoyo al Ecuador en la OEA, por la sencilla razón que otra vez Washington priorizará su alianza estratégica con Londres y dará la espalda a Latinoamérica como va siendo tradicional desde 1982.

Contra Siria y Ecuador se han creado precedentes que cuestionan el derecho internacional y que suponen el uso de la fuerza por encima del imperio de la ley. Sólo la unidad de nuestros pueblos y la irrevocable decisión de defender la paz y la justicia nos permitirán salvar al mundo de la guerra y la barbarie a la que nos quiere conducir la putrefacción de un modelo imperial en crisis.