En el imaginario de la
“Fundación contra el Terrorismo” son terroristas todos los que luchan contra los efectos
terribles de las minerías a cielo abierto, o contra los perjuicios sociales que ocasionan
carreteras, hidroeléctricas, cultivos rentables. A diferencia del pasado, no es
la democracia lo que se considera amenazado por la derecha contrainsurgente,
sino el “progreso mediante el único
camino viable, la inversión”.
Carlos Figueroa Ibarra
Especial
para Con Nuestra América
Desde
Puebla, México
He tenido la
oportunidad de leer el documento de la organización ultraderechista “Fundación
Contra el Terrorismo” titulado
“Comunicado de prensa” y divulgado el 15 de octubre de 2012. Han pasado ya
varias semanas de dicho comunicado pero su contenido va más allá de lo
coyuntural y por ello me permito dedicarle este artículo. Creo que lo valioso
del documento es que es una síntesis de lo que en mi libro El recurso del miedo
(F&G Editores, 2011) he llamado “la cultura del terror”. Entiendo por ésta la maniquea cultura
política de dominación que apela constantemente a la represión violenta para
mantener el disciplinamiento social.
Los autores acusan de
terroristas a participantes de movimientos sociales y activistas sociales.
Sueltan nombres de igual manera que lo hacía en la década de los sesenta “La
Mano Blanca” y como ahora lo hacen las sindicaciones firmadas por Ricardo Méndez Ruiz y la
Asociación Familiares y Amigos de Militares Accionando Solidariamente
(Familias). En ellas es posible advertir
ausencia de rigor histórico como aseverar que hubo operativos conjuntos de
secuestros entre organizaciones insurgentes que tenían profundas divergencias y
por ello tenían comunicaciones rotas. Como acusar de hechos delictivos a
personas que eran niños o adolescentes o ya habían muerto cuando tales hechos
se realizaron. Como poner en las listas de sindicados a personas que hace
muchos años murieron y por tanto ya no pueden ser objeto de una acción
penal. La novedad en el comunicado que
comentamos es que acusa a la antropóloga Aura Marina Arriola de estar hoy al frente de los “grupos de estrategia de
masas y movimientos indigenistas” que
desestabilizan al país. Aura Marina murió en México hace más de 5 años…
En el imaginario de la
“Fundación contra el Terrorismo” son terroristas todos los que luchan contra los efectos
terribles de las minerías a cielo abierto, o contra los perjuicios sociales que ocasionan
carreteras, hidroeléctricas, cultivos rentables. Olvidan que terrorismo
es toda acción violenta que no discrimina objetivos militares de
población civil y que con ello pretende ocasionar pánico a sus adversarios
reales o supuestos. Exactamente como actuó el ejército en la matanza del 4 de
octubre de 2012. Hoy ya no son comunistas e indígenas los que deben ser
eliminados como lo insinúa la organización ultraderechista. Los enemigos a
muerte siguen siendo los mismos pueblos indígenas hoy soliviantados por
“activistas y supuestos defensores de derechos humanos”. A diferencia del
pasado, no es la democracia lo que se considera amenazado por la derecha
contrainsurgente, sino el “progreso mediante
el único camino viable, la inversión”.
Existe una continuidad
terrorista en la ferocidad contrainsurgente del comunicado de marras. La
novedad es que hoy lo que se pide son
acciones de violencia represiva para garantizar la paz de los cementerios que
supuestamente necesita el gran capital para tener garantizadas sus ganancias.
Los autores del comunicado aludido exigen represión, avizoran una conspiración
separatista orquestada por los antiguos subversivos, movimientos sociales,
funcionarios públicos y religiosos (Claudia Paz y Paz, Cesar Barrientos y
Álvaro Ramazzini), anuncian acciones violentas. Ante la anarquía, violencia,
sangre y destrucción solamente hay un camino: la violencia.
En medio de todas las
diferencias en relación a los años de la
represiva anticomunista, la “Fundación Contra el Terrorismo” expresa la continuidad de la cultura del
terror: al retratar a activistas y movimientos sociales como “violentos” o
“terroristas”, se les criminaliza para legitimar acciones de terrorismo de
estado contra ellos. Si mañana empiezan
a ser ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos forzosamente, esto será
solamente para defender su vida y la de
sus familias, los productos de su trabajo, la propiedad privada y el desarrollo
económico.
Indudablemente los
autores del documento que comentamos, están fundamentando de nuevo el terror
estatal.
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