Lo que se manifiesta como tendencia en la
proyección exterior y de seguridad de EE.UU es la utilización de la lucha
antidroga como justificación para el re-fortalecimiento de su dominio político
y militar.
Alejandro L. Perdomo Aguilera* / Especial para Con Nuestra América
Desde La Habana,
Cuba
Luego de más de cuatro
décadas de acción militarizada en la Nuestra América por el gobierno estadounidense,
bajo el pretexto del enfrentamiento al tráfico ilegal de drogas, Washington
persiste en utilizarla guerra contra las drogas como estrategia imperial.
La cruzada antidroga fue declarada
en 1971 por Richard Nixon y desarrollada por Ronald Reagan para Latinoamérica y
el Caribe, en la década de 1980. Durante la Administración de Barack Obama
(2013-2017), se han producido cambios importantes que inciden en la forma de
encarar y percibir la lucha contra este flagelo.
Sin embargo, los
matices en la forma de desarrollar la guerra contra las drogas no conllevan
necesariamente a una reforma integral de las políticas antinarcóticos, que han
estado marcadas por la continua militarización. Por el contrario, estas
reformas se orientan a encubrir la impunidad y la violencia generada por las
fuerzas militares, policiales y privadas, que actúan en los países más
afectados de América Latina y el Caribe.
Siguiendo la
historia de guerrerista contra las drogas se perciben dos lecturas básicas, la
del manifiesto fracaso en la reducción del narcotráfico y la penetración
político, militar y diplomática en la región, gracias su mantenimiento. Pero esta
guerra ha presentado algunas modificaciones en los últimos años, fundamentalmente
en la forma en que se proyectan el binomio del Pentágono y el Departamento de
Estado, y sus más fieles agencias: la Administración de Cumplimiento de Leyes
sobre las Drogas (Droga Enforcement Administration, DEA) y la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID).
El Buró Federal
de Investigaciones (FBI) y la DEA vienen consolidando sus nexos en la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas (TID) desde finales de la década del 80. En
ello se ha acrecentado la participación de las Unidades de Investigación
Confidencial (SIU)[1], que son
“(…) son grupos ultra secretos de agentes élite, casi siempre policiales, de la
región que son equipados, entrenados y sometidos a escrutinio por parte de
agentes de la DEA. Sus integrantes deben pasar por indagaciones de
antecedentes, y someterse periódicamente al polígrafo y a pruebas por consumo
de drogas. (…) Las SIU tienen acceso a las bases de datos de
inteligencia de la DEA.”(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
A ello se le suman, en franca alianza con
sus embajadas en la región, las acciones desplegadas desde la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) y el Comando Sur o Meridional (USSOUTHCOM), en especial
del uso que tienen en el segundo mandato de Obama, las Fuerzas
Especiales Inter-Agencias Conjuntas Sur (JIATF-S), un componente del Comando
Sur que opera desde Key West, Florida y los medios no tripulados (drones).
En esta
trasformación de la militarización en la guerra contra las drogas también se
emplean los Equipos de Apoyo en Asesoría Destacados en el Exterior (FAST) por
la DEA. “FAST es un programa táctico de ofensiva que despliega escuadrones de
aproximadamente 10 agentes de la DEA con entrenamiento militar en todo el
mundo. Los FAST han sido destacados al menos en 15 oportunidades en América
Latina, y han estado presentes en cinco países: Haití, Honduras, República
Dominicana, Guatemala y Belice.”(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
El despliegue de
Fuerzas de Operaciones Especiales sobre diversos países reflejan un cambio de
forma, mas no de contenido en cuanto a los propósitos geoestratégicos de
Washington. Por ello continúa la visión intransigente, respecto a un reforma
integral de las políticas antidrogas, que tomen en cuenta las características
de los países de la región, los verdaderos niveles y tipos de consumo tanto en
Latinoamérica y el Caribe como en Estados Unidos, y que profundicen el
tratamiento al consumo de narcóticos y psicotrópicos como un problema de salud.
El debate por
una mayor tolerancia al consumo de la marihuana gana espacios al interior de
Estados Unidos, cómo lo reflejan su legalización en Washington y Colorado.
Evidentemente el tráfico las armas de fuego, la guerra contra carteles y la
diseminación de la violencia y la criminalidad en la región, valoriza la
necesidad de reformas hacia una mayor tolerancia, ante el obstinado enfoque
unidireccional con que tradicionalmente se ha orientado la política antidroga
estadounidense.
A nivel
internacional, logra consenso la necesidad de reformas importantes en las
políticas antidrogas. En la Reunión especial de alto nivel en Viena,
celebrada el pasado26 de junio de 2013, se platearon pautas
hacia la necesaria Revisión sobre Drogas de la ONU en 2016. Al respecto apuntó Yury Fedotov, El
Director Ejecutivo de Organización de acciones Unidas contra la droga y el
Crimen (UNODC) puntualizó:
“Nos hemos puesto de acuerdo en un camino para
nuestra discusión en curso. Espero que conduzca a una afirmación de la
importancia de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, así
como un reconocimiento de que las convenciones son humanas, con enfoque de
derechos y flexibles. También debe existir un firme énfasis en la salud y
debemos apoyar y promover medios de vida alternativos sostenibles. Asimismo, es
esencial que reconozcamos el importante papel que desempeñan los sistemas de
justicia penal en la lucha contra el problema mundial de las drogas y la
necesidad de mejorar el trabajo en materia de precursores químicos.”(ONUDC, 2013)
Las políticas de
mayor tolerancia son defendidas por varios gobiernos Centroamérica, Suramérica
y el Caribe han entrado al debate sobre la despenalización y legalización o no
del cannabis (marihuana), esta última subregión a través de la CARICOM. Se
parte de la lógica de legalizar los aspectos menos nocivos en los países más
afectados, atendiendo a las particularidades de cada país, sus culturas y
situaciones político-institucionales.
Para el caso
caribeño, el cultivo, la venta y el consumo de marihuana está legalmente
prohibido–en Jamaica lo está desde hace un siglo-- pero la posesión de pequeñas
cantidades –para el consumo personal –hasta 14 gramos— es tolerada por las
autoridades de la mayoría de países.
La situación
caribeña resultará de gran atención en los próximos años por la reactivación de
esa zona como ruta de trasiego de drogas, lo que ha manipulado a su favor
Washington para incrementar la militarización del área, con el empleo de Drones
y Fuerzas de Operaciones Especiales en tal empeño. Para esos propósitos y otros
menos declarados, fue también reactivada la IV Flota en el verano de 2008 (1 de
julio).
En el despliegue
estadounidense sobre las costas del Caribe y el Golfo de México se ha resaltado
la Operación Martillo desde enero de 2012. Ello se “justifica” con el creciente
trasiego de drogas por la zona. “Los Estados Unidos estimaban que, en 2012, más
del 80 por ciento del flujo principal de cocaína traficada hacia este país,
transitaba inicialmente a través del corredor de América Central”, señala el
Informe de Estrategia para el Control Internacional de Estupefacientes del
Departamento de Estado para 2013”.(Departamento de Estado, 2013) [2]
Esta cifra es
superior según del jefe del Comando Sur, general John Kelly, quien considera
que “un volumen estimado de 92-94 por
ciento de la cocaína destinada a los EE.UU. aún fluye a través de América
Central, de hecho, en 2012, según el Comando Sur, mediante la Operación
Martillo interceptó152 toneladas de cocaína.(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
Este mismo
informe indica: “Los componentes del Comando Sur que están más involucrados en
esta operación son: JIATF-S; las Fuerzas Especiales Bravo, ubicadas en
Honduras; Fuerzas Navales Sur (también conocidas como la 4ta Flota), y las
Fuerzas de la Marina Sur. Las agencias dependientes del Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos incluyen la Guardia Costera y la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP).” (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
Para profundizar
el cuidado de Centroamérica y el Caribe, el Comando Sur ha desplegado dos
iniciativas subregionales: la Iniciativa de Seguridad Regional para América
Central (CARSI) y la Iniciativa de
Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).La CARSI cuenta con el apoyo de la Oficina de Asuntos
Internacionales sobre Estupefacientes y Fiscalización (INL) del Departamento de
Estado, del FBI y respalda las Unidades Transnacionales
Anti-Pandillas (equipos TAG), las cuales son unidades policiales en El
Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte),que comparten información
sobre las actividades de los grupos de narcotraficantes.
Llama la
atención en medio de los recortes presupuesto militar, se incrementen las
partidas de dinero en asistencia en seguridad para las Fuerzas de Operaciones
Especiales y las Iniciativas de Seguridad para Centroamérica, el Caribe y Perú. En el caso
peruano, viene a consolidar el posicionamiento geoestratégico en la subregión
andina, llegando a establecer en ese país 9 bases militares.
El gigante
suramericano, Brasil, se haya rodeado por 25 bases militares estadounidenses
(23 en tierra), con posiciones estratégicas respecto a PRESAL[3] y a
la Amazonía. Por otra parte, la vulnerabilidad de la frontera entre Paraguay y
Brasil, y los intereses estadounidenses sobre la Tripe Frontera, aumentan las
amenazas para los proyectos integracionistas de la región.
El incremento de
la presencia de Fuerzas de Operaciones Especiales, junto a las acciones del
personal de inteligencia y los llamados contratistas, le otorga una menor
trasparencia e impunidad la proyección exterior de seguridad de Washington en
la región. Entretanto, Colombia se involucra en el entrenamiento de militares y
policía en el exterior auspiciado por agencias estadounidenses, que aumentan su
influencia sobre los efectivos de seguridad de varios países latinoamericanos y
caribeños.
Análisis de las tendencias de la guerra contra las
drogas de EE.UU. en América Latina y el Caribe
El tráfico
ilícito de drogas es un problema de dimensión global. El impacto de este
flagelo sobre la humanidad tiene consecuencias incalculables sobre la calidad
de vida de la sociedad, la estabilidad política, la seguridad ciudadana, la
gobernabilidad y la convivencia democrática, por lo cual se ven seriamente
afectados los países de la región.
Para una
valoración más integral de la situación actual de Latinoamérica se deben
considerarse las tendencias de la producción y consumo de las drogas ilegales,
contrastándolas con las políticas que asume el gobierno de Estados Unidos para
su enfrentamiento en la región. Los problemas de corrupción, vulnerabilidad
institucional y una violencia generalizada por la guerra entre los carteles y
de estos con las fuerzas antidrogas, genera un clima de violencia y
criminalidad que perjudica a todos los sectores de la sociedad.
Estas
circunstancias denotan un difícil panorama de inestabilidad en los países más
afectados, lo que limita su capacidad para proyectar líneas políticas
coherentes de manera unilateral, por lo que hace insoslayable la búsqueda de
consensos a nivel regional y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos.
El mayor reto en esta dirección, radica en cómo ajustar esa colaboración para
que no se comprometa la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de
los países que más sufren por este flagelo. A estas complejidades se suman las
contradicciones y carencias entre las políticas desarrolladas por el gobierno
de EE.UU. para contrarrestar el flagelo de las drogas con las normativas
internas de los Estados latinoamericanos.
En la actualidad
EE.UU., se mantiene como el principal mercado de drogas y el primer productor
de armas a nivel global. Además, es el líder indiscutible de las fallidas
estrategias que delinean y definen las políticas antidrogas en todas las
regiones del mundo. La ineficacia de políticas como el Plan Colombia (1999), la
fenecida Iniciativa Regional Andina (IRA, 2001) la Iniciativa Mérida (2007), la
Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del
Caribe (CBSI), reflejan
las limitantes de una estrategia antidroga que no se ha planteado un enfoque
integral al fenómeno del tráfico ilegal de drogas (TID). Ello ha imposibilitado
la proyección de políticas que ataquen los incentivos de este flagelo, desde la
esencia que lo promueve.
Este problema
básico impide la promoción de políticas antidrogas coherentes con cada país y
región, donde se incite la inclusión ciudadana en los programas sociales y
políticos. Ello tiene como trasfondo el mantenimiento de una visión
unidireccional que prepondera tanto la seguridad para las fronteras y los
intereses estadounidenses, que termina por ser ineficientes tanto para la
región de América Latina y el Caribe como en el propio territorio
estadounidense.
No obstante, los
mayores afectados con la sostenida militarización de la guerra contra las
drogas siguen siendo los países de la región, que con el curso de los años no
sólo amplían sus vínculos en el mercado de estupefacientes estadounidense sino
que generalizan las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la región;
con efectos devastadores para la seguridad ciudadana, la criminalidad, los
derechos humanos, la corrupción y la estabilidad política de los países más
afectados.
La extensión de
narcotráfico en la mayoría de los países de la región en un contexto donde
continúan padeciéndose los problemas de la crisis económica mundial, ha
conllevado a una serie de ajustes en la proyección exterior y de seguridad de
EE.UU. Ello ha tenido implicaciones para la forma en que se realiza la
militarización en la región y para los programas diplomáticos, económicos y de
inteligencia que se encausan hacia los países de mayor interés en las Américas.
Valorando esas
realidades, se reducen los grandes despliegues militares, siendo sustituidas
por un mayor uso las Fuerzas de Operaciones Especiales (huella ligera) y la
llamada “guerra de cuarta generación.”[4]Para
ello se emplea un mayor uso de las tecnología de la informática y las
telecomunicaciones (TICs), de los medios no tripulados (drones) para labores de
monitoreo y enfrentamiento a los a los flujos ilícitos trasnacionales.
En este
contexto, varios países latinoamericanos aumentan las presiones tanto a nivel
gubernamental como por parte de la sociedad civil para lograr, de forma
paulatina, la despenalización y legalización del consumo de algunas drogas,
particularmente la marihuana y algunos estupefacientes de origen sintético y
semi-sintético.
En la medida que
siga creciendo la demanda de drogas ilegales (DI) en los países se hace más
difícil contener la oferta. Entretanto,
las multimillonarias ganancias del trasiego ilegal de drogas, continúan
incrementado la corrupción, el blanqueo de capitales y el fomento de paraísos
fiscales y centros offshore; favoreciendo los fondos de los bancos y empresas
transnacionales que participan o se benefician, de alguna manera, en las
diferentes fases de este negocio.
A pesar de que
los delitos de blanqueo de capitales, corrupción, trasiego de armas de fuego y
precursores químicos, forman parte esencial de la cadena criminal que apoya y
reproduce el negocio de las drogas, estos resultan menos atacados que la esfera
de la producción de estupefacientes. Ello tiene una razón eminentemente
geoestratégica, puesto que su enfrentamiento supone la ubicación de facilidades
militares en zonas de alto interés geopolítico y geo-económico para la élite
del poder de EE.UU.
Ello explica la
continua penetración político-diplomática y de seguridad en regiones claves de
la región, entre las que resaltan la Amazonía y la Triple Frontera, sin olvidar
la importancia para su seguridad nacional de México, y en un segundo orden, los
países más afectados de Centroamérica y del área caribeña.
La
militarización de la región se ha intentado justificar durante las últimas
décadas por que una de las drogas ilegales (DI) consideradas más perjudiciales,
la cocaína, registra sus mayores producciones en países de Latinoamérica, lo
que ha servido de pretexto para profundizar el pilar militarista de las
políticas antidrogas, a pesar de su manifiesto fracaso.
Sin embargo, los
cambios de patrones de consumo en los principales mercados de esa droga a nivel
mundial (el estadounidense y el europeo) unido a los éxitos que han conllevado
políticas antidrogas de mayor tolerancia y valoración a las culturas y las
situaciones específicas de cada país y región, descolocan la intransigencia del
gobierno estadounidense en la guerra contra las drogas. En estos cambios de
consumo de drogas, resalta el auge del trasiego de precursores químicos y el
incremento del consumo de las drogas sintéticas.
El dinamismo de
la producción de drogas sintéticas, la variedad de sus tipos y formas de
comercialización, desmonta las vías tradicionales de control e interdicción.
Para que se tenga una idea, “(…) sólo en Europa se registraron en 2011 un total
de 49 nuevos tipos de drogas sintéticas, lo que representa un récord en los
últimos años, ya que en promedio cada semana llega al mercado una nueva droga. (…) entre 2010 y 2012, aumentó hasta 690
el número de páginas web que ofrecen sustancias estupefacientes producida en laboratorios, las así llamadas "drogas de diseño", bajo nombres
como "Legal Highs" o "Herbal Highs".(Notimex, 2013)
A pesar de estos
cambios, Washington prosigue con la llamada política de mano dura contra las
drogas, hacia Latinoamérica “justificándose” por la necesidad de interdicción
de cocaína cuando los estudios internacionales más avanzados revelan transformaciones
en el consumo, que priorizan las sustancias sintéticas. La rigidez de esta
política puede explicarse por los intereses colaterales que encierra para la
conformación de la política exterior y de seguridad de Washington en la región.
En la actualidad
se realiza una revisión en el Departamento de Defensa de EE.UU. que valora el
reajuste de los comandos de defensa estadounidenses, lo que pudiera tener
interesantes implicaciones, por el lugar que se le otorgará a la guerra
antidroga, así como en la delimitación de funciones que se le precisen a las
diferentes estructuras de seguridad destinadas hacia la región.
Independientemente
a los cambios burocráticos que se realicen en los Departamentos de Estado y de
Seguridad, en Latinoamérica y el Caribe continuará politizándose la guerra
contra las drogas. Para ello se perfecciona constantemente el poderío militar,
político, diplomático e informacional destinado hacia la región, tanto con la
penetración de fuerzas militares del gobierno como de contratistas y
subcontratistas a su servicio. Las cuotas de control y poder que confiere la
guerra contra las drogas a los intereses geoestratégicos de ese gobierno en la
región, hacen factible realizar los cambios y matices necesarios, para
prolongar el combate armado contra los grupos de narcotraficantes, cuánto sea
posible y necesario.
Analizando la
evolución y las tendencias de la guerra contra las drogas en la conformación de
la política exterior y de seguridad de EE.UU. puede puntualizarse una mayor
importancia de las políticas antidrogas estadounidense en las dinámicas
político-diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y América Latina y el
Caribe, donde crecen las implicaciones del capital trasnacional estadounidense
en el blanqueo de capitales.
Además, se
aprecia un auge de la tendencia a la despenalización y legalización del consumo
de marihuana y algunas drogas de origen sintético, con disímiles consecuencias
sociopolíticas y culturales; que tienen implicaciones para la relación
norte-sur y para el sostenimiento de la errada guerra contra las drogas de
Washington. Este fenómeno cuenta con el impulso de los gobiernos de Uruguay, viendo también la propuesta del
presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, así como los casos de Portugal,
España y Países Bajos, que ya tienen un mayor tiempo en la liberación del
consumo de drogas.
Los efectos que
pudiera conllevar a mediano y largo plazo un escenario donde legalización y
despenalización del consumo de drogas, principalmente de las drogas blandas,
sin descartar el de otras sustancias de origen sintético, conllevaría a
importantes modificaciones en las políticas antidrogas de Estados Unidos.
La rígida
posición de ese gobierno ante las presiones de movimientos y gobiernos de la
región por la legalización y despenalización de algunas drogas consideradas
menos nocivas para la salud humana, parece desmontarse en el tiempo. Por otra parte,
luego de la legalización en Washington y Colorado del consumo de marihuana, el
tema a debate no sólo cobra importancia en la conformación de la política
exterior y de seguridad de EE.UU., sino también en el orden interno. Los
históricos problemas del consumo de estupefacientes en ese país obligan a una
reevaluación sobre la visión y posibles acciones del gobierno en ambas
direcciones.
En la pasada Cumbre
de las Américas, celebrada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en
abril del 2012, se evidenció la voluntad de algunos gobiernos latinoamericanos
de estudiar los beneficios que podría producir para sus correspondientes países
la eventual despenalización y legalización de la producción, la
comercialización y el consumo de algunas de la drogas de origen natural que se
producen, se consumen y se “exportan” desde América Latina y el Caribe hacia el
mercado estadounidense y el europeo.
Para un análisis
más holístico respecto a los flujos ilícitos trasnacionales, resulta pertinente
interrelacionar el tema del tráfico de drogas ilegales y su enfrentamiento con
el trasiego de armas de fuego a la región, donde existen escandalosos
precedentes que implican al gobierno estadounidense como las Operación Rápido y
Furioso y la Naufragio.
La relación de
negocio de las drogas con delitos como la trata y tráfico de personas, el
trasiego ilegal de armas, el lavado de dinero y el tráfico de precursores
químicos, conllevan a una valoración más integral respecto a los flujos
ilícitos transnacionales. El trasiego de precursores químicos se acelera el
dinamismo del consumo de sustancias sintéticas. Ello tiene implicaciones
prácticas en la modificación de las rutas y en su enfrentamiento, debido a las
facilidades de su producción, puesto que no se requieren de territorios
específicos.
En este contexto
el gobierno de EE.UU incrementa el uso de las Tecnologías de la Informática y
las Comunicaciones (TICs) y de medios de transporte marítimos y aéreos más
modernos, las Fuerzas de Operaciones Especiales y la intervención de
contratistas y subcontratistas en la guerra contra las drogas, lo que le
pudiera posibilitar una militarización más efectiva y, por tanto, menos
numerosa, que pudiera conllevar a confundir y reducir las “presiones” en el
plano político- diplomático.
Entretanto, se
mantiene la carencia de políticas públicas concretas contra el tráfico ilegal
de drogas y sus disímiles consecuencias para la sociedad y la estabilidad
política internacional. Por otra parte, no se delimita de forma adecuada el
tratamiento antidroga como problema de salud y en sus afectaciones a la
seguridad y la estabilidad de los países más afectados tanto por su producción,
trasiego y consumo.
La necesidad de
profundizar más la atención a la salud pública en el problema de los drogas
continúa ocupando un segundo plano. Sin embargo, “(…) aunque las drogas sean
lícitas. Comercializadas abiertamente, incluso a través de internet (…) pueden
ser mucho más peligrosas que las drogas tradicionales. Los nombres por los que
son conocidas en las calles, como "especias" ("spice"),
"miau-miau" y "sales de baño" inducen al error a los
jóvenes que creen que se trata de diversión de bajo riesgo.”(ONUDC, 2013)
Estas deficiencias limitan el papel de las
políticas públicas, ya que no se aprecia la importancia de la participación
ciudadana para la credibilidad y la eficiencia de las políticas antidrogas.
Para ello se necesita de una verdadera colaboración, que tome en consideración
la visión de ambas partes y las características culturales, políticas y
socioeconómicas de cada región, de manera que se proyecten políticas de
seguridad públicas que viabilicen la cooperación al desarrollo.
Las fallidas consecuencias de la guerra
contra las drogas de EE.UU. merecen la inclusión de múltiples temas no
militares, que permitan reconocer otras aristas del enfrentamiento a los flujos
ilícitos trasnacionales, orientadas hacia factores político-diplomáticos y
socio-culturales. Estos tienen una estrecha relación con las políticas
públicas, los proyectos de inclusión ciudadana, reducción de las brechas
socioeconómicas y de los índices de violencia y criminalidad que hoy afectan a la
región. Ello no se resume a los temas estrictamente militares, sino que tienen
un abanico de impactos hacia la seguridad ciudadana, la economía, el medio
ambiente y la sociedad en general, que ameritan mayores esfuerzos.
En las trasformaciones ocurridas en la última
décadas, se aprecia una mayor producción y consumo de drogas sintéticas. Los
países que tradicionalmente eran productores y/o rutas han incrementado sus
índices de consumo. La expansión de este problema de la subregión andina hacia
toda Nuestra América, con sus particulares efectos en México y Centroamérica,
evidencian el doble rasero de la guerra contra las drogas de EE.UU.
Entretanto, la
producción de cocaína continúa disminuyendo. “Las estimaciones de la cantidad
de cocaína fabricada, oscilaron de 776 a 1.051 toneladas en 2011, cifra igual
en gran medida a la del año anterior. Las mayores incautaciones de cocaína del
mundo (sin ajustar la pureza) se siguen notificando en Colombia (200 toneladas)
y los Estados Unidos (94 toneladas). El consumo de cocaína sigue disminuyendo
en los EE.UU., el mayor mercado de cocaína del mundo. Por el contrario, un
aumento significativo de las incautaciones se ha observado en Asia, Oceanía,
América Central y del Sur y el Caribe en 2011.”(ONUDC, 2013)
El reforzamiento
de las rutas del Caribe en el trasiego ilegal estupefacientes, conlleva a un
necesario incremento del control de esta área, donde resulta estratégico, el
progreso en la cooperación bilateral entre el gobierno estadounidense y la
República de Cuba, entre otras acciones bilaterales que debiera acelerar el
gobierno estadounidense en la región.
La persistencia en fórmulas militaristas y
la continua politización de la lucha antidroga denota el doble rasero de la
guerra contra las drogas de Estados Unidos en el proceso de conformación de la
política exterior y de seguridad hacia Nuestra América. Ante esta realidad, se
necesita de una articulación de fuerzas política y actores diversos, que pugnen
por una verdadera cooperación al desarrollo. Ello viabilizaría cambios
trascendentales, donde se parta de un enfoque crítico, interdisciplinario y
regional, sobre los diversos problemas asociados con los flujos ilícitos entre
América Latina, el Caribe y EE.UU., así como los actores estatales y no
gubernamentales, regionales y trasnacionales, en aras de proveer alternativas
de políticas cooperativas, que tengan en cuenta el carácter transfronterizo y
trans-regional de este flagelo.
Nuestra América ante la guerra contra las drogas de
Washington
El tráfico ilícito de drogas a nivel
internacional genera dividendos que superan los 320 000 millones de dólares
anuales. Se estima que el trasiego de cocaína mueve anualmente montos de 85 mil
millones de dólares.(ONUDC, 2012)
“Al año, el crimen organizado mundial mueve
unos 870 mil millones de dólares. De esa cantidad, el narcotráfico maneja 320
mil millones de U$; 32 mil millones se movilizan por “trata de personas”; siete
mil millones en torno al tráfico ilegal de migrantes; casi 80 mil millones por
negocios delictivos relacionados con la madera y especies animales; 140 mil
millones por juego de apuestas ilegales.”(Rambaldi, 2012)
No obstante,
otras fuentes registran datos superiores como los confirmados por el Secretario
de la OEA, José miguel Insulza durante su participación en el Foro Económico
Mundial para América Latina 2013 al
plantear: “Las drogas son un negocio que mueve al año 84,000 millones de
dólares en el mundo, por lo que es importante adoptar políticas para enfrentar
ese flagelo de forma integral, sostuvo hoy el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA)”(El negocio de las drogas mueve al año 84,000
millones de dólares, 2013)
Esta situación acrecienta su impacto para
la paz y la seguridad internacionales. La interconexión del crimen organizado
trasnacional dificulta su enfrentamiento, dado el amplio abanico de oportunidades
que se abren, ante las vulnerabilidades en la seguridad y la asistencia social
que presentan los Estados-nacionales.
Los derroteros del crimen transnacional,
recrudecen los problemas socioeconómicos y políticos que padece Latinoamérica,
con un gran impacto sobre los procesos electorales, los proyectos de gobierno y
la proyección exterior de los líderes de la región. Bajo esas circunstancias,
el Consejo Sudamericano de Defensa, resulta una opción para el enfrentamiento,
al menos de forma más autónoma, contra flagelo de las drogas. Esta Institución,
creada como respuesta de la región, bajo la impronta del ex presidente
brasileño Lula Da Silva, en el marco de la UNASUR, resulta un intento por dar
respuesta, a los problemas más urgentes que atentan contra la paz y a seguridad
latinoamericana.
Fortalecer los enfoques desde el sur al
enfrentamiento antidroga es una necesidad existencial, ante las proyecciones
del Comando Sur y el perfeccionamiento de las facilidades militares del hegemón
en la región; la cual combinan con un paquete de cooperación en materia de
asesoría jurídica, policial y “apoyo institucional”, que acentúan sus intereses
sobre la región.
En este juego de poderes, vale la pena
considerar qué papel desempeña Brasil como líder regional. La difícil situación
sociopolítica de México, llamado a concentrar todas sus fuerzas en frenar el
auge de los cárteles y la sangrienta guerra contra las drogas que tantos
crímenes y víctimas cobra día a día, le impide una proyección más influyente
hacia la Latinoamérica. Esa situación, consolida Brasil como actor principal,
por lo que necesita fortalecer los esquemas de integración, para impulsar
iniciativas que impidan la consolidación hegemónica de Estados Unidos en la
región.
Entretanto, Obama afina su política
exterior y de seguridad para el hemisferio en su segundo mandato, bajo la
impronta de John Forbes Kerry como Secretario de Estado, que expone como
paradigma de las relaciones con Latinoamérica al gobierno colombiano.
Pero las políticas militaristas de la
guerra contra los carteles continúan cobrando vida, y la extensión de Plan
Colombia hacia todo el Hemisferio se asemeja a la crónica de una muerte
anunciada. No obstante, debe considerarse de forma especial, la creciente
participación de contratistas y subcontratistas en la llamada guerra contra las
drogas. Esta tendencia, ha devenido en la receta ideal para alentar desarrollo el
Complejo de Seguridad Industrial[5], tan
necesaria para ese país.
La utilización de contratistas ha tenido
una generalización en la práctica político-diplomática del gobierno de Obama
(2009-2013 y 2013-2017), ya no sólo con los traslados de funcionarios políticos
y diplomáticos a Nuestra América, sino también en una mayor utilización de las
Fuerzas de Operaciones Especiales. Estas acciones reflejan continuidad respecto
a la proyección de la Administración de W. Busch (2001-2009), pero con los
matices necesarios de una política exterior y de seguridad más hábil, delineada
desde el smart power y las tres D (apreciando a la Diplomacia y el Desarrollo
como complemento de la Defensa).
Del fracasado pero aún con vida Plan
Colombia, la fenecida Iniciativa Regional Andina (IRA), la extensión del Plan
Colombia en Plan México, luego retitulado como Iniciativa Mérida, se puede
reconocer una geoestrategia de dominación que se va perfilando y consolidando,
a través de la justificación político-diplomática del flagelo de las drogas,
para incrementar su penetración en la región, decididos a no perder su
equilibro hegemónico.
Desde esa perspectiva, el
gobierno de EE.UU. ha recrudecido la guerra antidroga, con la autorizaron de la
utilización de aviones no tripulados (Drones), para su utilización en la
persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en aras de aumentar la seguridad
en la fronteras de EE.UU. con México y aquellas que le interesan allende a sus
tierras y mares.
Las últimas transformaciones de la segunda
Administración Obama permiten reconocer, independientemente del recorte
presupuestario del gasto militar, una mayor utilización de Fuerzas de
Operaciones Especiales y las tecnologías más modernas en la guerra antidroga,
lo que refuerza el pilar militar sobre aspectos insoslayables como el control
del consumo de drogas ilegales y el impulso a programas de asistencia social.
Esta ineficaz estrategia, impide una mayor promoción de políticas que
contrarresten la falta de empleos y la crisis en la economía, de manera que se
reduzcan los incentivos del negocio ilícito de las drogas.
La situación de inseguridad y
violencia que viven varios países de la región, validan la continuidad
de análisis críticos y propuestas encaminadas hacia una reforma integral de la
guerra contra las drogas de Estados Unidos en Nuestra América.
Conclusiones
El tráfico ilícito de drogas mantiene un
creciente impacto en la sociedad contra la seguridad ciudadana, los derechos
humanos, el Estado de derecho, la gobernabilidad y la convivencia democrática
de los países con una mayor incidencia del crimen organizado transnacional. La
responsabilidad compartida de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe
no se asume con seriedad por dicha potencia.
Lo que se manifiesta como tendencia en la
proyección exterior y de seguridad de EE.UU. es la utilización de la lucha
antidroga como justificación para el re-fortalecimiento de su dominio político
y militar. La consolidación de su poderío militar en Latinoamérica a través de
la guerra antidroga perfecciona su posicionamiento geoestratégico, desde el
orden militar y de inteligencia, lo que supone una modernización tecnológica y
de métodos a implementar que les asegura una hegemonía en este aspecto.
Estados Unidos se consolida como líder
entre las potencias centrales en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas,
logrando incluir en sus estrategias a otros gobiernos imperiales tildados como
“grupo de amigos”, haciéndose de un mayor control sobre Latinoamérica.
Los Estados Unidos y la OTAN practican una
política incoherente en el enfrentamiento al TID, con estrategias desiguales en
la erradicación de cultivos agrícolas que sirven de materia prima para las
drogas ilegales (DI), que responden a sus intereses geoeconómicos y
geopolíticos en cada región.
Las campañas mediáticas validan su imagen
para controlar los recursos naturales, ubicar sus fuerzas militares y de
inteligencia, deslegitimar los procesos de izquierda y/o reformistas en América
Latina, en un intento de impedir sus alianzas. La estabilidad que cobre la
región de forma autónoma es negada por el imperio norteño, reconociendo sólo
aquellos programas que se adecuan a sus intereses.
Las medidas extremas y la injerencia en los
asuntos internos de los Estados, bajo el pretexto de la guerra contra el
narcotráfico vulneran la soberanía de los países y varios principios del
Derecho Internacional Público. Bajo el manto del multilateralismo aplica una
retórica cuando en realidad sostiene una política bilateral con cada país, sin
afectar la lucha contra el TID y protegiendo sus intereses geopolíticos y
geoeconómicos.
Se
estrechan los vínculos entre la producción y tráfico ilícito de estupefacientes
con empresas legales en delitos conexos como la trata y el tráfico de personas,
el lavado de dinero, el trasiego de armas de fuego y precursores químicos,
utilizados para el procesamiento de drogas.
La
diversificación del mercado de las drogas y los altos niveles de producción y
consumo, siguen prevaleciendo en los Estados Unidos -con una tendencia al
aumento del consumo de drogas sintéticas y semi-sintéticas demuestra la
unilateralidad, la ineficacia y los fines esencialmente geopolíticos y
geoeconómicos de las estrategias impulsadas por los gobiernos de ese país
contra el mal llamado narcotráfico, evidenciándose la ineficacia de sus
programas.
La
militarización de la lucha contra la producción y el tráfico de las drogas -en
particular de las de origen natural que se producen en los países
Latinoamérica- inciden en el aumento de la violencia y de la inseguridad
ciudadana, aspectos que son aprovechados por las clases dominantes para
criminalizar las protesta sociales y reprimirlas.
En
los países latinoamericanos y caribeños con mayores índices de producción y
exportación, se produce un giro en las agendas políticas, que priorizan la
seguridad ciudadana sobre otras demandas sociopolíticas.
Finalmente
pude asegurase que el Estados Unidos impulsa estrategias “multilaterales” contra el “narcotráfico” y otros delitos conexos, como pretexto para el
re-fortalecimiento de su dominación político-militar, particularmente en
América latina y el Caribe.
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*Alejandro L. Perdomo Aguilera,
investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI)
adscrito al Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) de Cuba.
NOTAS:
[1] En la actualidad Estados
Unidos apoyan 11 programas SIU en todo el mundo. En el Hemisferio Occidental,
se sabe que operan en Belice, Panamá, Guatemala, México, Colombia, Ecuador,
Perú y República Dominicana”. Tomado de:
(Isacson, Haugaard, Poe,
Kinosian, & Withers, 2013)
[2]United States,
Department of State, International Narcotics Control Strategy Report
(Washington: State Department, March 2013) http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2013
[3]PRESAL
se le denominó a los depósitos descubiertos frente a la costa brasileña en
2006, llamados pre-sal ya que se encuentran bajo una capa de sal de dos
kilómetros en regiones marinas. El conjunto de yacimientos del PRESAL se extiende
entre el litoral de los estados de Espírito Santo y de Santa Catarina, con
láminas de agua de 1000 a 2000 metros y de 4000 a 6000 metros debajo del lecho
marino, incluida una camada de sal que va de 200 a 2000 metros.
[4]Guerra de IV Generación originó
en 1989 cuando William Lind y cuatro oficiales del Ejército y del Cuerpo de
Infantería de Marina de los Estados Unidos, titularon un documento: "El rostro cambiante de la guerra:
hacia la cuarta generación". Ese año, el documento se publicó en la
edición de octubre del Military Review y la Marine Corps Gazette. En 1991
Martín Van Creveld publicó La
Transformación de la Guerra obra que le daría cuerpo intelectual a la
Guerra de IV Generación.
[5] Se utiliza el término de Complejo
de Seguridad Industrial y no el del Complejo Militar Industrial para resaltar
la importancia de los intereses de la Industria de seguridad, la cual abarca
mucho más que lo estrictamente militar, y donde los vínculos
político-diplomáticos y el uso de contratistas profundiza su importancia.
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