Costa Rica: Los enemigos de la justicia laboral

Con la la ley de Reforma Procesal Laboral, Costa Rica está dando un paso más hacia la justicia laboral y esto debe reconocerse y celebrarse, por más que le pese a la prensa de derecha y a un sector del empresariado que ya no siquiera es capaz de entender las reglas mínimas que garantizan la convivencia social en democracia.

Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica

El presidente Solís durante la firma del levantamiento
al veto de la ley de  Reforma Procesal Laboral.

“Con los oprimidos había que hacer causa común”, escribió José Martí en 1891. Más de un siglo después, los enemigos de entonces y los actuales siguen demostrando su odio y su condena a quienes optan por hacer de este principio algo más que una simple declaración de buenas intenciones. Algo de estamos presenciando en Costa Rica, luego de que el presidente Luis Guillermo Solís decidiera levantar el veto impuesto por su predecesora, la expresidenta Laura Chinchilla, a la Reforma Procesal Laboral, una ley aprobada casi por unanimidad en octubre del año 2012, paradójicamente, por una Asamblea Legislativa dominada por las fuerzas de la derecha más conservadora de las últimas décadas.

El veto presidencial es una prerrogativa que la Constitución Política otorga al Poder Ejecutivo, y responde a la teoría de pesos y contrapesos en el sistema político republicano; pero en este caso en particular, su aplicación, producto de prejuicios antisindicales de la exmandataria y de las presiones de la derecha política y las cámaras empresariales, estaba impidiendo la entrada en vigencia de la que ha sido considerada la más importante legislación laboral aprobada en el país desde 1943, año en que se promulgó el Código de Trabajo.

Con la valiente decisión del presidente Solís, que responde a los acuerdos previos pactados con el Frente Amplio -el principal partido de izquierda en la Asamblea Legislativa- para salvar del ostracismo y del archivo final esta ley, el pueblo costarricense dispone ahora de nuevos instrumentos para proteger los derechos laborales: entre otros aspectos, la Reforma Procesal Laboral establece nuevas regulaciones para el ejercicio del derecho de huelga, consagrado en la Constitución desde los años 40 del siglo XX, pero que no se ha podido ejercer hasta ahora en el sector privado; además, tutela con mayor rigurosidad las relaciones obrero-patronales para que los trabajadores públicos o privados, a quienes asista la razón y la legalidad, no sufran persecución en caso de decretar una huelga; introduce la oralidad en los juicios laborales, cuya extenuante tramitología burocrática –digna de una novela de Kafka- se había convertido en la mejor herramienta de empresarios y patronos irresponsables para evadir las obligaciones salariales contraídas con sus trabajadores (hasta el 2013, habían 47.300 conflictos laborales pendientes de resolución en los tribunales de justicia). La nueva ley también establece el derecho de que los trabajadores de menores ingresos dispongan de un abogado o defensor público asignado por el Estado; protege contra despidos y abusos a las mujeres trabajadoras embarazadas o en período de lactancia; y resguarda a quienes denuncien prácticas discriminatorias por filiación sindical, sexo, etnia, discapacidad y edad.

Como era previsible ante este avance, de inocultable cariz progresista, no han faltado enemigos que levanten la voz para presagiar el apocalipsis y quienes golpeen la mesa expresando su disgusto y desencanto con un gobierno al que creían tener bajo control. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Costa Rica, un poderoso grupo empresarial que realiza lobby permanente entre los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa, anticipó un enrarecimiento del clima de negocios en el país como consecuencia del levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral, y lanzó varias amenazas: “la inseguridad jurídica y la desconfianza del sector empresarial se incrementarán, la atracción de inversiones sufrirá un fuerte golpe, y la generación de empleo se reducirá”. En un editorial, el diario La Nación, insignia de la derecha neoliberal, calificó la decisión del presidente Solís como “un acto del más puro cinismo” por no atender las objeciones de los empresarios y del sentido común dominante, que sataniza todo aquello que suene a justicia social o reivindicaciones laborales; y los telenoticiarios y los opinadores del establishment se han apresurado a sentenciar el giro a la izquierda del gobierno de Solís y la inminente epidemia de huelgas en el sector público. Discursos inflamados de resentimiento, de falacias, de verdades a medias y de miedos de clase que intentan confundir a la opinión pública y desestabilizar al gobierno, para disciplinarlo y ponerlo en línea con los intereses de los grupos de poder económico.

Por supuesto, esos grupos nada dicen sobre las difíciles condiciones que hoy atraviesan las y los trabajadores costarricenses, especialmente los del sector privado, y que atentan contra sus derechos más elementales: de acuerdo con el más reciente Informe Estado de la Nación,  un 32,3% de las personas que desempeñan un trabajo formal (casi 400 mil) no reciben el salario mínimo establecido por ley, siendo los más afectados los trabajadores de zonas rurales y fronterizas, los migrantes y las mujeres. El salario mínimo, conquista fundamental en el mundo del trabajo desde las primeras décadas del siglo XX, tampoco lo disfrutan el 42,5% de los trabajadores que viven en condición de pobreza extrema, y el 55,8% de las personas pobres en general. Y más grave aún, a más de 100 mil personas asalariadas no se les reconoce ningún derecho laboral; “50.864 no tienen garantías laborales ni reciben el salario mínimo y 19.317 presentan un incumplimiento triple: ninguna garantía laboral, no pago del salario mínimo y jornadas de trabajo no apropiadas (subempleo o sobrecarga)”.

Si en otros momentos hemos caracterizado al de Solís y el Partido Acción Ciudadana como un gobierno que no alcanza aún la estatura de las altas expectativas que generó entre los votantes, y que en no pocos casos se expresa como continuador del modelo neoliberal, es justo reconocer ahora que con el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral entra en un nuevo escenario de definiciones. Un poco por la fuerza de las circunstancias y la presión de los compromisos adquiridos con los aliados (Frente Amplio); y otro poco porque, más allá de las contradicciones internas del gabinete, al presidente se le reconoce como un hombre con vocación social y claridad respecto de la oportunidad histórica que tiene sobre sus hombros.

Resta por ver cómo gestiona las nuevas alianzas que pueda perfilar a partir de este momento con sectores políticos, sociales y empresariales responsables, con miras a la concreción del cambio posible –que quizás no sea el cambio esperado por muchos de los costarricenses- y al compromiso de gobernar por el bien común, y no a favor de las fuerzas que se han beneficiado de sus influencias sobre el sistema político y del estado de desigualdad creciente que ha imperado en el último cuarto de siglo.

En definitiva, Costa Rica está dando un paso más hacia la justicia laboral y esto debe reconocerse y celebrarse, por más que le pese a la prensa de derecha y a un sector del empresariado que ya no siquiera es capaz de entender las reglas mínimas que garantizan la convivencia social en democracia.