Crimen, política y negocios en Guatemala

Estamos ante un gobierno sumamente corrupto y un Estado cooptado por redes criminales, por el capital local y transnacional, y por elites militares, que en conjunto persiguen sus intereses cupulares, elitistas y clasistas, y contribuyen determinantemente a la reproducción de las condiciones de atraso, miseria, explotación y despojo de los recursos públicos.

Antonio Castillo* / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad de Guatemala

Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, vicepresidenta
y presidente de Guatemala, respectivamente, están el centro
de la crisis pro corrupción en el país centroamericano.

El 16 de abril fue capturada una estructura criminal orientada a la defraudación tributaria. Ha sido una captura de alto impacto, debido a que los procesados son defraudadores consuetudinarios como Francisco Javier Ortíz (teniente Jerez, perteneciente a la vieja red de Alfredo Moreno y de exmilitares de alto rango vinculados al crimen organizado), funcionarios menores y medios, como Anthony Segura Franco, Secretario General del Sindicato de la SAT controlado por esta red criminal, así como altos ex funcionarios (como Carlos Muñoz, ex superintendente de la Secretaría de Administración Tributaria, SAT) y funcionarios (como Álvaro Franco, actual jefe de la SAT, y Juan Carlos Monzón, ex militar y actual secretario privado de la Vicepresidencia) del gobierno Pérez-Baldetti-Sinibaldi. Asimismo, porque están involucradas 1,200 empresas como evasoras y usuarias corruptas de esta red criminal.

Estos graves y reveladores hechos, sin duda, evidencian varios asuntos graves que deben ser considerados en el análisis político con relación al actual gobierno, al sistema de partidos políticos, a la institucionalidad pública y al empresariado como expresión del capital.

Análisis del gobierno “patriota”

Nuevamente la Vicepresidenta Roxana Baldetti aparece salpicada con hechos al margen de la ley. No sabemos con certeza su implicación con esta red criminal, pero sí de su implicación política. Baldetti ha sido denunciada públicamente por enriquecimiento ilícito (el caso de su mansión y otras propiedades), uso de fondos públicos para fines privados y políticos, además de vínculos sospechosos con estructuras de crimen organizado. En este caso, su secretario privado en la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, es decir quien se encarga de atender de forma inmediata y cotidiana los asuntos privados de Baldetti, es la persona que resulta uno de los jefes de la estructura criminal capturada. Hablamos entonces de uno de los operadores de confianza absoluta de Roxana Baldetti.

Roxana Baldetti eligió como su secretario privado a Juan Carlos Monzón, un personaje que había sido señalado de ser parte de una red de robo de vehículos y motocicletas (fue capturado por la PNC en 2001) y parte de la red de contrabando de Alfredo Moreno, de quien era concuño. Han sido documentados, además, bienes de su propiedad que no corresponden con sus ingresos como funcionario ni con el tipo de negocio legal que ha declarado. Por tales acusaciones tanto Pérez Molina como Roxana Baldeti salieron públicamente en su defensa, fue ratificado como operador de la vicepresidente y nombrado –como un mal sarcasmo- como parte de la Comisión Nacional Contra el Contrabando (CONACON).

En la misma estructura participaba Salvador González, representante legal de la Corporación de Noticias y de Comunicaciones Ibw, vinculado a negocios de publicidad con el gobierno, contratos con el IGSS, con el organismo judicial y con la Contraloría General de Cuentas. Además, era gerente de Siglo XXI y Al Día. Es decir, un criminal que hacía negocios con el actual gobierno del Partido “Patriota” (PP).

Tal estructura inserta en la SAT ha estado vinculada con militares y políticos que han estado o están detrás o al frente de gobiernos. Se habla de sus vínculos con  aquella red creada desde los años 70, y a la cual han pertenecido exmilitares como los generales Cancinos, Callejas y Callejas, Ortega Menaldo y Letona. A esta red también ha sido vinculada la actual vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Un elemento revelador es que el funcionario que nombra a los superintendentes de la SAT es directamente el presidente de la república, es decir, por Otto Pérez Molina. Esto implica que tiene responsabilidad política y, para alguien como él, que posee experiencia en labores estratégicas de inteligencia, sería muy difícil que no conozca los antecedentes e implicaciones de sus altos funcionarios.

La captura de esta red criminal con presencia y vínculos de alto nivel en el actual gobierno, continúa evidenciando el carácter de quienes actualmente ocupan los altos cargos en el organismo ejecutivos y, por consiguiente de la actual gestión. Estamos ante un gobierno que muestra profundos signos de corrupción.

Análisis de la institucionalidad pública

Es sabido que la SAT ha sido un nido y una fuente de enriquecimiento ilícito. Por consiguiente, ha sido una institución en disputa para utilizarla con objetivos de evasión y corrupción. Los grupos que la controlan o pretenden controlarla suelen financiar y participar en los principales partidos políticos y han formado parte de  sucesivos gobiernos. Esta organización criminal, parece hacer parte de una estructura creada y que actúa desde finales de la década de los 70, desarrollada por  militares contrainsurgentes de alto rango.

La estructura criminal actuaba a partir de ubicar a sus miembros en los más altos cargos y, a partir de ahí, nombrar funcionarios medios y menores en los ámbitos del control y cobro tributario de su interés. Los capturados controlaban al más alto nivel la aduana del Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás y la Aduana Central, con políticas de intervención del gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi. Estamos, entonces, ante una SAT completamente cooptada por el crimen organizado, al más alto nivel.

Tales redes han hecho de la SAT una institución carcomida por la corrupción de agentes públicos y privados, corroída en su función de cobro eficiente y eficaz de impuestos y, por consiguiente, para garantizar los necesarios fondos que requiere el Estado para cumplir con su cometido constitucional.

La instancia del Ministerio Público (PP) que opero en la investigación y detención, hasta donde se sabe actuó autónoma y eficientemente, o en su caso, bajo la mira de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien dirigió el proceso. Esto impidió que, inclusive el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, supiera de dicho operativo, antes o en su inicio. Esto implicó sortear las posibles filtraciones y el control de daños inmediato por parte del actual gobierno, del Partido “Patriota”, o de infiltrados de esta red criminal en otros órganos estatales.

Análisis de las implicaciones políticas y electorales

Es indudable que este hecho golpea fuertemente las intenciones del gobierno por evitar que la CICIG continúe en el país, siendo que es esta instancia la principal responsable de la captura y sin la cual es poco probable que hubiera ocurrido. El gobierno de Pérez Molina, tiene hoy argumentos aún más débiles para impedir la continuidad de la CICIG en el país, mientras quienes la apoyan han encontrado en la captura de esta organización criminal un fuerte argumento para mostrar su respaldo a la misma.

Con este hecho, el MP logra prestigiarse temporalmente, entidad que había sufrido de fuertes cuestionamientos con la llegada de la actual fiscal general, debido al carácter conservador y relación de la funcionaria con el actual gobierno. Por lo demás, es deuda la captura de los empresarios implicados como evasores de impuestos. ¿Por qué no hay ninguna captura de empresarios todavía?

El hecho también genera un fuerte golpe a la candidatura de Alejandro Sinibaldi del Partido Patriota, debido a su responsabilidad en y con el gobierno Pérez-Baldetti-Sinibaldi. Los rumores de su posible migración al partido Todos, como lo más probable, adquiere mayores posibilidades, si es que tiene la inteligencia para garantizarse, como mínimo, una campaña aceptable en el camino por la presidencia de la República.

En el tintero de la captura de esta red criminal, quedan plasmadas las responsabilidades, por lo menos políticas, del gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi, quienes debieran renunciar a sus cargos por sus vínculos tan estrechos y el respaldo que con anterioridad dieron a los altos funcionarios involucrados en esta organización delincuencial.

Queda en el tintero, asimismo, una red de extrema derecha, integrada por operadores e ideólogos como Luis Mendizabal y Ortega Menaldo. No olvidemos que las reuniones de la red criminal se realizaban en el negocio de Luis Mendizábal (Trajes Emilio), quien ha sido parte de estructuras ilegales y clandestinas, como el de la famosa oficinita que operaba para estructuras contrainsurgentes durante los años 70 a los 90. Mendizábal, además, ha sido parte de estructuras golpistas de extrema derecha en las cuales han hecho mancuerna con Mario David García y Mario Fuentes Destarac, acusados de conspirar con el caso Rosemberg en 2009. En el negocio de Mendizabal funcionaba la oficina de la red criminal y fueron encontrados varios millones en efectivo producto de los hechos criminales.

Análisis de las implicaciones del empresariado

Más de mil 200 empresas hacían uso de esta red criminal. Esto las convierte en evasoras, corruptas y cómplices. Si pensamos que en estos hechos de evasión y corrupción estuvieron implicados dueños, gerentes y operadores, el número de personas implicadas aumenta considerablemente.

Es indudable que la ideología del capital, es decir, de los empresarios y sus empresas, se plasma en ideas como “lograr la mayor competitividad en el mercado local y transnacional”. Esta competitividad no la hacen a través de adquirir la tecnología y maquinaria más desarrollada, de la contratación de mano de obra altamente capacitada, etc. Dicha competitividad la logran a partir de despojar y explotar los recursos naturales, explotar al máximo a los trabajadores en el campo y la ciudad, pagar salarios de hambre (como el salario diferenciado), manejar la institucionalidad del Estado a su favor y evadir legal e ilegalmente el pago de impuestos.

La captura de la red criminal evidencia este último mecanismo. Para lograr la mayor competitividad en el mercado local y transnacional y lograr la máxima ganancia, empresarios hacen uso de las redes criminales –o hacen parte de estas–que les permiten evadir el pago de impuestos.

A manera de conclusión

Estamos ante un gobierno sumamente corrupto y un Estado cooptado por redes criminales, por el capital local y transnacional, y por elites militares, que en conjunto persiguen sus intereses cupulares, elitistas y clasistas, y contribuyen determinantemente a la reproducción de las condiciones de atraso, miseria, explotación y despojo de los recursos públicos.

En ese contexto, los honestos y honrados de este país, debiéramos levantar una campaña para exigir, para empezar, la renuncia del presidente Pérez Molina, la vicepresidenta  Roxana Baldetti y la renuncia del empresario-político Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial. Asimismo, para exigir que se capture y procese a los empresarios implicados en estos hechos criminales y a los miembros de la estructura criminal que aún falta capturar.

* Politólogo, con experiencia en docencia universitaria en la USAC.