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sábado, 2 de julio de 2016

Guatemala: Estado y corrupción

Como sucede en otros países -México es un elocuente ejemplo de ello- en Guatemala es imprescindible una refundación del Estado. Pero condición sine qua non de ella, es que la protagonicen fuerzas políticas nuevas y asentadas en una mayoritaria voluntad popular. Solamente así será posible construir un Estado que no sea aparente y disfraz de un cartel criminal.

Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México

He visto recientemente dos videos en las redes sociales que se me han grabado en la memoria. En el primero de ellos aparece Iván Velásquez, jefe  de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), explicando que un grupo delincuencial había  cooptado al Estado guatemalteco.   Por ello, dicho Estado se había convertido en representativo de sus intereses, en lugar de ser el de toda la nación. En el segundo video aparece la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, diciendo que el referido Comisionado era “un extranjero que había venido a sembrar  el odio entre los guatemaltecos”.

Al recordar Baldetti que ese odio es similar al que desgarró a Guatemala en la época del conflicto armado, la otrora poderosa funcionaria pretende manipular sentimientos. Busca exonerarse de los cargos de una notable corrupción en la que junto al ex presidente Otto Pérez Molina, aparece cada vez más implicada. La aseveración de Velásquez en cambio revela una crisis profunda del Estado guatemalteco. Según la predominante teoría liberal, el Estado es encarnación de lo público porque representa el interés común de toda la sociedad. Desde Marx sabemos que esto no es esencialmente cierto, porque el Estado encarna lo público para poder reproducir ampliadamente los intereses de la clase dominante. Cuando un Estado no cumple ni de lejos los preceptos de la teoría liberal del Estado, al igual que sucedió con la Nicaragua secuestrada por el clan Somoza, nos encontramos ante una situación límite. Lo peor de esto es que  el Estado guatemalteco no es solamente  ejemplo internacional de corrupción porque una organización criminal disfrazada de partido político,  llegó al gobierno. Según los índices de corrupción de Transparencia Internacional, desde 2005 Guatemala ha estado entre los lugares 115 y 123 dentro de 168 países que son medidos por dicha organización.

El Estado guatemalteco no solamente fue corrupto durante el período de Alfonso Portillo (2000-2004) como ha inculcado en el imaginario guatemalteco el establishment en el país. Las gestiones de Oscar Berger (2004-2008) y Álvaro Colom (2008-2012) han sido igualmente corruptas. Como profundamente corruptas fueron las dictaduras militares que se empezaron a instaurar desde 1954. La corrupción fue el pago que las grandes cúspides empresariales le dieron a la alta jerarquía militar, para hacerle frente a través de la guerra sucia a la oposición y subversión. No fueron aislados los casos de altos jefes militares que proviniendo de las clases medias bajas y aun populares, terminaron sus carreras militares y políticas convertidos en opulentos propietarios. El tránsito de las dictaduras militares a los gobiernos civiles, mal llamada transición democrática, recogió esa cultura de la corrupción. Cualquiera puede constatarlo al observar lo acontecido desde 1986, cuando la Democracia Cristiana llegó al gobierno.

Como sucede en otros países -México es un elocuente ejemplo de ello- en Guatemala es imprescindible una refundación del Estado. Pero condición sine qua non de ella, es que la protagonicen fuerzas políticas nuevas y asentadas en una mayoritaria voluntad popular. Solamente así será posible construir un Estado que no sea aparente y disfraz de un cartel criminal.

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