Modelo económico y división social en Guatemala

En las últimas semanas ha sido relevante la pretensión del sector empresarial por suprimir los obstáculos jurídicos que enfrentan proyectos mineros e hidroeléctricos, en especial aquellos que fueron activados por la legítima acción legal de representantes de comunidades, pueblos y organizaciones.

Mario Sosa / Especial para Con Nuestra América

Desde Ciudad de Guatemala

Guatemala está dividida. Cierto. Siempre lo ha estado y esa división tiene múltiples y complejas expresiones, desde las ideológicas que se manifiestan en visiones del mundo y de vida distintas, hasta aquellos enfrentamientos que han devenido en crímenes de lesa humanidad como el genocidio planificado y ejecutado desde el Estado. Esta división es el resultado del proyecto y de los intereses de quienes han tenido el poder para diseñar, controlar e imponer un tipo Estado y, por consiguiente, para configurar un conjunto de relaciones sociales de explotación, exclusión, marginación, racismo y patriarcales que configuran la sociedad guatemalteca.

Uno de los principales factores que explica la división de la sociedad guatemalteca hoy en día, se expresa en la disputa que mantienen quienes controlan la economía y pretenden imponer un modelo económico basado en la sobre explotación laboral y en el expolio de la naturaleza, frente a un conjunto de pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos sociales que lo adversan y lo resisten.

En este sentido, en las últimas semanas ha sido relevante la pretensión del sector empresarial por suprimir los obstáculos jurídicos que enfrentan proyectos mineros e hidroeléctricos, en especial aquellos que fueron activados por la legítima acción legal de representantes de comunidades, pueblos y organizaciones. En este objetivo se articulan las cámaras empresariales y sus centros de pensamiento para-empresarial como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el Movimiento Cívico Nacional, la Fundación contra el Terrorismo, así como el poder gubernamental y la mayoría de bancadas (de derecha) en el Congreso.

Para el efecto este sector minoritario de la sociedad emite discursos en los cuales recuperan los viejos conceptos de certeza jurídica, libertad de empresa, garantías de inversión, competitividad; lanza acusaciones de socialistas y comunistas a quienes se oponen a sus proyectos, tal y como lo hacen desde 1954 en contra de todo aquel que se opone a sus intereses. Ha activado una campaña mediática con campos pagados, editoriales, columnas de opinión, programas radiales y televisivos donde se intenta convencer de las oportunidades de inversión, empleo y desarrollo que el país pierde con resoluciones judiciales y acciones políticas de resistencia contra este tipo de proyecto. Así mismo, desarrollan acciones judiciales para revertir algunas de las resoluciones judiciales que les afectan, para lograr que los organismos judiciales resuelvan a su favor y para armar casos de persecución en contra de las dirigencias de tales resistencias.

Es evidente que el interés del sector empresarial, antes que la vigencia de los derechos constitucionalmente reconocidos, es la defensa de sus intereses particulares. Por esa razón ha sido insistente en la exigencia para que se reglamenten las consultas comunitarias (cerca de noventa hasta ahora) en las cuales pueblos indígenas y mestizos han decidido su oposición a los proyectos extractivos, por los impactos ambientales, económicos y sociales que han sido experimentados y que han sido ampliamente documentados. En este sentido, se pretende invalidar las consultas realizadas por comunidades y pueblos, derecho ejercido y fundamentado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (de carácter constitucional), el Código Municipal y la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. La búsqueda es, así mismo, normar las consultas de tal manera que se logre –complementariamente– limitar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, lograr su consentimiento a los proyectos mencionados o –en su defecto– que la oposición a dichos proyectos no los impida.

Es indudable que la división en la sociedad guatemalteca se agudiza, lo cual se debe a la falta de legitimidad de tales proyectos, que son cuestionados por su carácter impuesto, por los impactos que provocan en los territorios, por significar una apropiación en pocas manos de riquezas que son concebidas como bienes comunes por las diversas resistencias, por la insignificancia en cuanto a ingresos fiscales se refiere. Así mismo, por la violencia con la cual han sido implantados, en especial contra líderes defensores de derechos que han sido encarcelados, amenazados e, inclusive, asesinados, casos por los cuales organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han mostrado su preocupación y están activando procedimientos de verificación.

En este contexto surgen varias preguntas cuya respuesta la encontraremos en los discursos y políticas concretas del sector empresarial, que tiene su principal expresión política en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras  (Cacif): ¿Continuará imponiendo sus proyectos e intereses minoritarios a costa de los intereses de las grandes mayorías que los adversan y no se benefician directa o indirectamente de los mismos? ¿Trascenderá su visión estrecha para repensar el modelo económico? ¿Escuchará las voces e intereses de los sujetos de las resistencias, quienes en ejercicio de sus derechos y con legitimidad se oponen al extractivismo? ¿Reconocerá que estos sujetos en resistencia –pueblos indígenas, comunidades rurales y campesinas, clase trabajadora– coincidentemente son los grandes perdedores de este proyecto de Estado y de esta sociedad construida desde el poder que representan como sector empresarial organizado? ¿Reconocerá que tienen preeminencia los derechos e intereses mayoritarios antes que sus intereses sectoriales?

Si acudimos a la historia, respuestas positivas a estas preguntas son casi imposibles. Lo  previsible es que la imposición de dicho modelo económico, de estos intereses minoritarios y de un Estado a su servicio provocará que se agudicen las contradicciones que son expresión de la división histórica y renovada de la sociedad guatemalteca.