En las últimas semanas
ha sido relevante la pretensión del sector empresarial por suprimir los obstáculos
jurídicos que enfrentan proyectos mineros e hidroeléctricos, en especial
aquellos que fueron activados por la legítima acción legal de representantes de
comunidades, pueblos y organizaciones.
Mario Sosa / Especial para Con
Nuestra América
Desde
Ciudad de Guatemala
Guatemala está
dividida. Cierto. Siempre lo ha estado y esa división tiene múltiples y
complejas expresiones, desde las ideológicas que se manifiestan en visiones del
mundo y de vida distintas, hasta aquellos enfrentamientos que han devenido en
crímenes de lesa humanidad como el genocidio planificado y ejecutado desde el
Estado. Esta división es el resultado del proyecto y de los intereses de
quienes han tenido el poder para diseñar, controlar e imponer un tipo Estado y,
por consiguiente, para configurar un conjunto de relaciones sociales de
explotación, exclusión, marginación, racismo y patriarcales que configuran la
sociedad guatemalteca.
Uno de los principales
factores que explica la división de la sociedad guatemalteca hoy en día, se
expresa en la disputa que mantienen quienes controlan la economía y pretenden
imponer un modelo económico basado en la sobre explotación laboral y en el
expolio de la naturaleza, frente a un conjunto de pueblos, comunidades,
organizaciones y movimientos sociales que lo adversan y lo resisten.
En este sentido, en las
últimas semanas ha sido relevante la pretensión del sector empresarial por
suprimir los obstáculos jurídicos que enfrentan proyectos mineros e
hidroeléctricos, en especial aquellos que fueron activados por la legítima
acción legal de representantes de comunidades, pueblos y organizaciones. En
este objetivo se articulan las cámaras empresariales y sus centros de
pensamiento para-empresarial como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala
(Fundesa), el Movimiento Cívico Nacional, la Fundación contra el Terrorismo, así
como el poder gubernamental y la mayoría de bancadas (de derecha) en el
Congreso.
Para el efecto este
sector minoritario de la sociedad emite discursos en los cuales recuperan los viejos
conceptos de certeza jurídica, libertad de empresa, garantías de inversión, competitividad;
lanza acusaciones de socialistas y comunistas a quienes se oponen a sus proyectos,
tal y como lo hacen desde 1954 en contra de todo aquel que se opone a sus
intereses. Ha activado una campaña mediática con campos pagados, editoriales, columnas
de opinión, programas radiales y televisivos donde se intenta convencer de las
oportunidades de inversión, empleo y desarrollo que el país pierde con
resoluciones judiciales y acciones políticas de resistencia contra este tipo de
proyecto. Así mismo, desarrollan acciones judiciales para revertir algunas de
las resoluciones judiciales que les afectan, para lograr que los organismos
judiciales resuelvan a su favor y para armar casos de persecución en contra de las
dirigencias de tales resistencias.
Es evidente que el
interés del sector empresarial, antes que la vigencia de los derechos
constitucionalmente reconocidos, es la defensa de sus intereses particulares.
Por esa razón ha sido insistente en la exigencia para que se reglamenten las
consultas comunitarias (cerca de noventa hasta ahora) en las cuales pueblos
indígenas y mestizos han decidido su oposición a los proyectos extractivos, por
los impactos ambientales, económicos y sociales que han sido experimentados y
que han sido ampliamente documentados. En este sentido, se pretende invalidar
las consultas realizadas por comunidades y pueblos, derecho ejercido y fundamentado
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (de carácter
constitucional), el Código Municipal y la Ley del Sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural. La búsqueda es, así mismo, normar las consultas de
tal manera que se logre –complementariamente– limitar el derecho de los pueblos
indígenas a la consulta previa, libre e informada, lograr su consentimiento a
los proyectos mencionados o –en su defecto– que la oposición a dichos proyectos
no los impida.
Es indudable que la
división en la sociedad guatemalteca se agudiza, lo cual se debe a la falta de
legitimidad de tales proyectos, que son cuestionados por su carácter impuesto,
por los impactos que provocan en los territorios, por significar una apropiación
en pocas manos de riquezas que son concebidas como bienes comunes por las
diversas resistencias, por la insignificancia en cuanto a ingresos fiscales se
refiere. Así mismo, por la violencia con la cual han sido implantados, en
especial contra líderes defensores de derechos que han sido encarcelados,
amenazados e, inclusive, asesinados, casos por los cuales organismos
internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas han
mostrado su preocupación y están activando procedimientos de verificación.
En este contexto surgen
varias preguntas cuya respuesta la encontraremos en los discursos y políticas
concretas del sector empresarial, que tiene su principal expresión política en
el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif): ¿Continuará
imponiendo sus proyectos e intereses minoritarios a costa de los intereses de
las grandes mayorías que los adversan y no se benefician directa o
indirectamente de los mismos? ¿Trascenderá su visión estrecha para repensar el
modelo económico? ¿Escuchará las voces e intereses de los sujetos de las
resistencias, quienes en ejercicio de sus derechos y con legitimidad se oponen
al extractivismo? ¿Reconocerá que estos sujetos en resistencia –pueblos
indígenas, comunidades rurales y campesinas, clase trabajadora– coincidentemente
son los grandes perdedores de este proyecto de Estado y de esta sociedad
construida desde el poder que representan como sector empresarial organizado?
¿Reconocerá que tienen preeminencia los derechos e intereses mayoritarios antes
que sus intereses sectoriales?
Si acudimos a la
historia, respuestas positivas a estas preguntas son casi imposibles. Lo previsible es que la imposición de dicho
modelo económico, de estos intereses minoritarios y de un Estado a su servicio
provocará que se agudicen las contradicciones que son expresión de la división
histórica y renovada de la sociedad guatemalteca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario