Costa Rica: El "cementazo" y sus lecciones

El escándalo del cementazo debe convertirse en un sunami que sacuda la conciencia cívica del pueblo costarricense y lo haga percatarse lúcidamente  de los valores e instituciones democráticas que están en juego.

Arnoldo Mora Rodríguez / Especial para Con Nuestra América

Contrariando el dicho atribuido al expresidente don Ricardo Jiménez (1859-1945), según el cual en Costa Rica ningún escándalo dura más de tres días, la opinión pública nacional sigue siendo sacudida por el escándalo del “cementazo”. La razón de este hecho es  que tiene varias aristas, mostrando con ello que la corrupción en el sector público se asemeja al pulpo: tiene muchos brazos. La corrupción está presente en el  tráfico de influencias, en la amenaza  a quienes estorban, en el soborno de magistrados y diputados, pero, sobre todo, en el poder del dinero en los partidos políticos. Allí radica la causa inmediata y más visible de la corrupción; por lo que, cualquiera que sea el desenlace de este escándalo, debe ser una sentencia condenatoria, tanto política como judicial, de los responsables sean quienes sean. Pero si se queda  tan sólo allí, se habría logrado un resultado positivo  meramente temporal. Es necesario ir más lejos y avizorar desde ya reformas a nuestras instituciones republicanas que eviten que estas lacras se perpetúen.

El Estado de derecho se ha visto seriamente socavado debido al tráfico de influencias, solapada pero eficazmente ejecutadas por los sectores más poderosos del país cuando sus intereses económicos y políticos  así lo requieren; lo han seguido haciendo y lo seguirán haciendo siempre y cuando tengan la posibilidad de (im)poner sus obsecuentes servidores  en las instituciones, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, los partidos tradicionales o el Fiscal General. Lo que hoy está viviendo el pueblo costarricense gracias a las revelaciones del escándalo del cementazo, no es más que un pálido reflejo de lo que la clase dominante ha venido haciendo con el único fin de destruir los logros democráticos que nuestro pueblo ha logrado a lo largo de su ejemplar historia política y que constituyen el  sólido fundamento de la estabilidad política que ha disfrutado en las últimas  décadas. Tan sólo algunos de los verdaderos responsables de la putrefacta corrupción que hoy apesta a la Patria de Juanito Mora y García Monge serán llevado a los tribunales; pero la historia, más temprano que tarde, los juzgará y así lo estudiarán en sus manuales las futuras generaciones. Ello se logrará cuando se opere un cambio cualitativo en la clase dominante, es decir, cuando sectores que realmente representen los intereses y valores del pueblo lleguen al poder y se instale una democracia directa y participativa. Por lo pronto, es necesario  que se impulsen soluciones inmediatas, tales como cambiar las normas y procedimientos  que rigen el nombramiento de magistrados, fiscal general, contralor de la República. Pero se debe ir más allá. La manera como los partidos políticos  nombran a los candidatos, tanto para presidente y vicepresidente como para diputados, debe ser auténticamente democrática; el poder del dinero no debe ser el que dicte la última palabra, sino la libre elección de los simpatizantes de esos partidos.

El escándalo del cementazo debe convertirse en un sunami que sacuda la conciencia cívica del pueblo costarricense y lo haga percatarse lúcidamente  de los valores e instituciones democráticas que están en juego. No  basta con infligir una condena ejemplarizante a los responsables; hay que  mirar hacia adelante y crear mecanismos realmente democráticos que hagan posible que  sólo los mejores y más capaces ciudadanos ejerzan el poder, que sólo radica en el Soberano. El respeto que debemos a la memoria de nuestros antepasados y el cariño que profesamos por nuestros  hijos y nietos así lo reclaman.